El debate en torno a las tarifas públicas tiene varios elementos que van más allá de lo habitual. Pone en cuestionamiento aspectos fundamentales del sistema de servicios públicos que opera en Argentina y en muchos países del mundo. Y asimismo tiende a poner de manifiesto la importancia que ejercen intereses vinculados a las grandes empresas que se encargan de la provisión de esos servicios públicos. Esto nos presenta con una dicotomía difícil de compatibilizar entre estos grandes intereses y los de la comunidad.
En el trasfondo de esta cuestión se presenta una diferencia fundamental entre intereses altamente contrastantes entre sí. Por una parte están los intereses vinculados a las grandes empresas que operan en el sector y que, como es de esperar, tienden a maximizar sus ganancias (como se supone hace el sector empresarial). Con frecuencia se hace alusión al “mercado”, pero habría que señalar que las empresas involucradas en estos casos, por ser muy grandes y también monopólicas pueden ejercer una influencia significativa e incluso “desmedida” tanto económica como política sobre los niveles de las tarifas publicas que se pretenden establecer. Son varios los sectores que defienden el accionar de este conjunto de grandes empresas, como si fuera una parte esencial del funcionamiento del mercado y de la economía y, por ende, inevitable. En efecto, un sector de los interlocutores del debate que se cierne en la sociedad en torno a esta cuestión plantea la importancia de las tarifas publicas como elementos esenciales para que sean materializadas las inversiones necesarias para la provisión de esos servicios, generalmente aportados por el capital extranjero, y orientadas hacia sectores considerados clave de la economía. Sin embargo, hoy habría que ver en qué medida todos los países tienen la capacidad de proveer eficazmente éstos servicios sin tener que recurrir a grandes empresas transnacionales.
Por otra parte, los argumentos que esgrimen los que defienden “el mercado” pueden pecar de cierta ingenuidad dado que si se diera rienda suelta en forma extrema a sus impulsos pueden incluso llegar a plantear tarifas tan altas que son imposibles de pagar, lo cual en gran medida estaría ocurriendo en la actualidad. Por eso los teóricos del mercado (los economistas neoclásicos) establecen aspectos inherentes al denominado “mercado competitivo” cuando plantean la cuestión teórica que subyace en el trasfondo de esos análisis. Sin embargo, estas construcciones teóricas tienden a estar totalmente disociados de la realidad institucional en la que nos movemos en la sociedad capitalista contemporánea.
Frente esta perspectiva que se plantea en torno a las tarifas públicas, la provisión de luz, gas, agua, energía eléctrica y otros bienes públicos es esencial para la supervivencia de las personas en la sociedad y, como consecuencia, deberían ser considerados bienes que coadyuvan al “bien común”. Esto es así porque constituyen elementos esenciales para el bienestar y la supervivencia de la sociedad dado que forman parte de las necesidades básicas a las que debería tener derecho todo ser humano. En este sentido, las tarifas públicas no pueden dejar de considerar esta cuestión; que incluso es considerado en materia jurídica. La provisión de estos bienes no debería ser limitado por tarifas públicas exorbitantes
* Profesor consulto de la UBA.
