La causa que investiga la red de prostitución y trata de personas liderada por Miriam Soto, conocida como Mamu, sumó en los últimos días un testimonio revelador: un hombre, de estrecha relación con la víctima y denunciante, reveló que para rescatarla la banda le exigió 80 mil pesos. Esta persona acaba de ingresar al Programa Nacional de Proteccion de Testigos. “Le pagué 25 mil pesos a Pablo Peralta (un policía yerno de Mamu Soto) y al marido de Miriam Soto, al que le dicen el Negro para que (la mujer) saliera del puterío, del cabaret. Además le entregué los papeles del auto, un Corsa Classic modelo 97, pero al auto nunca se los di”, aseguro el hombre, que después tuvo que aguantar con un amigo el apriete del policía Pablo Peralta y de un colombiano, que le reclamaban el vehículo.

La historia relatada por el hombre, es muy similar a la descripta en cámara Gesell por la víctima: la joven tuvo desavenencias con su pareja, de quien se separó y ante la falta de dinero para sostenerlos, dejó a sus tres hijos con su padre y salió en busca de un sustento. Corrían los últimos días de 2016. Así recaló en San Lorenzo, primero atendiendo el drugstore de Oroño al 800, para luego pasar a hacer pases y salidas a moteles cercanos con trabajadores embarcados.

Entre marzo de 2017, el testigo descubrió accidentalmente a la mujer en el kiosco. Pero al detener su auto y tratar de hablar con la misma, el Negro, pareja de Soto, le advirtió “tomátelas de acá si no querés quilombo”. Entonces el hombre comenzó a buscarla, usando sus contactos en la zona, cosechados por su actividad.

El testigo empezó a circular diariamente por la zona, y entonces pudo reconstruir con sus fuentes y su propia observación, como funcionaba el negocio. “A las dos de la tarde ponían música para que parezca todo normal, y a partir de las seis de la tarde se cerraban las persianas y pasaban los tripulantes. Estuve dos meses viendo todo. (A la víctima) la vi tres veces cuando salía con los tripulantes, se subían a un remis y se iban al hotel. Nunca la vi salir sola, siempre se movía así o estaba en la puerta del lugar, pero nunca sola”.

“En junio o julio de 2017 cuando me enteré como funcionaba todo hablé con Pablo Peralta que yo sabia que era policía. Lo encaré como que no me importaba lo que pasaba ahí, fui con un amigo que es grandote, Le pregunté cuánto salía sacarla de ese lugar y me pidió 80 mil pesos. Le oferté 25 mil pesos y los papeles de un auto. Peralta me dijo que tenía que hablar con Miriam. A los tres días me llama Soto y me contestó que la fuera a buscar. Fuimos con un amigo, salió Peralta con Miriam y me dijeron “ahí viene“. Cuando la ví no lo podía creer: estaba gorda, empastillada, con un bolsito. Entonces les entregué los 25 mil pesos y los papeles del Corsa. Fuimos a una estación de servicio para ver que hacíamos, ella tenía mucho miedo. La lleve a un centro comunitario, donde la dejé con un colchón. Al otro día la fui a buscar y la llevé a la Comisaria del Mujer donde hizo toda la denuncia”.

A los pocos días el hombre relató que la mujer seguía con mucho miedo porque su teléfono le sonaba cada cinco minutos, tenía mensajes de un policía, de otra mujer de la organización y se empezó a perseguir, hasta que entró al Programa de Protección de Rescate de Víctimas de Trata.

El relato del testigo directo es pormenorizado: relata que Miriam Soto “miraba un programa por Internet que se llama Marine Traffic en donde tomaba conocimiento de todos los buques que arribaban al puerto y la nacionalidad de los tripulantes, porque este hecho determinaba qué tipo de chicas tenían que contratar para los servicios”.

El inmueble de Oroño al 800 era el punto de encuentro de las jóvenes explotadas y los embarcados, quienes primero cenaban y debían pagar varias copas a las chicas para después llegarse en remises hacia un hotel cercano”.

“Los pases (el pago de servicios sexuales) variaban entre 70 y 100 dólares dependiendo de los tripulantes. Los remiseros además le cobraban 50 dólares para llevarlos del puerto al drugstore. Además a Soto estos conductores le cobraban 20 dólares por cada embarcado que le llevaban y además a las chicas le cobraban 10 dólares por llevarlas y traerlas. La temporada fuerte empieza en marzo y termina en setiembre”.

Según el testigo la mecánica de Soto era clara: “Miriam metía a las chicas en deuda con un colombiano, entonces las chicas trabajaban y Miriam cobraba para saldar la deuda. Los colombianos te prestaban y después te amenazaban. Cuando pude liberar a (la víctima) Pablo P. (policía) y un colombiano me fueron a apretar para pedirme el auto”.

El testigo asegura que “para poder llevar adelante su negocio Miriam le pagaba a la comisaría que esta frente a la Plaza. A la mañana pasaba un patrullero de la comisaría local y cobraba. Siempre le pagaba Miriam, después me entero que gente de la Federal de civil pasaban a cobrar. También que Miriam y el intendente de San Lorenzo se juntaban todos los viernes a las dos o las tres de la tarde. Eso me consta porque lo vi”.