Por Bárbara Schijman  

Susana Medina es jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). Es la segunda argentina en ocupar la presidencia de la entidad internacional; la primera fue Carmen Argibay, fundadora de la institución. Aquí, Medina reflexiona sobre las políticas de género en el ámbito del Poder Judicial y la necesidad de democratizar la justicia, entre otras cuestiones.

–¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan las juezas del mundo en la actualidad?

–Creo que mientras muchos en el mundo subestiman la cuestión de la mujer, porque en definitiva de eso se trata, de una conducta patriarcal, las juezas estamos abocadas a trabajar juntas los grandes temas que nos preocupan: la violencia de género y el desarrollo de leyes para combatirla, la trata de personas, la salud y los derechos reproductivos, los desarrollos digitales en la actividad judicial, la desigualdad laboral, la tenencia de hijos y la restitución internacional de menores, entre otros. En mayo último realizamos en Buenos Aires la 14° Conferencia Bienal Internacional de la IAWJ, para abordar estas y otras temáticas. El conocerse personalmente allana muchos caminos. 

–¿Cuáles, por ejemplo?

–Cuando desaparece o roban un menor, el mundo se moviliza; lo mismo, cuando un padre o una madre saca a su hijo del país sin la autorización correspondiente. Es muy importante que las juezas de la Red Internacional de Menores, que tienen competencia, se conozcan, porque más allá del trámite procesal y formal que se hace con Cancillería, conocerse es bien distinto. Por eso el título que elegimos para esta 14° Conferencia fue “Construyendo puentes entre las juezas del mundo”, porque frente a los muros ya construidos, físicos y de todo tipo, los que existen, los que se están construyendo y los que se pretenden construir, las juezas tenemos que trabajar juntas no sólo para derribar esos muros sino para tender puentes de comunicación, de solidaridad, de transferencia de conocimiento, de doctrina, de jurisprudencia. En este sentido, es fundamental continuar con los cambios que empezaron a operarse en el Poder Judicial argentino a partir de 2004.

–¿Por qué 2004?

–En 2004 comenzaron a operarse una serie de cambios que derivaron luego en la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la Oficina de la Mujer (OM). La OVD fue creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para trabajar hacia afuera con la víctima, con el objeto de facilitar el acceso a una vía rápida de resolución de conflictos a quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Por su parte, la OM fue creada en 2009 –también por la CSJN– para trabajar hacia adentro del Poder Judicial, con el objeto de cambiar la mentalidad de los operadores judiciales, e impulsar, en la esfera del Poder Judicial, un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional para alcanzar la equidad de género. Ese es el sentido de la Oficina de la Mujer, y es ahí donde empieza a cambiar la doctrina y la jurisprudencia. Hace 25 años nadie hablaba de violencia, de acoso; eran temas tabúes. La política de género que lleva adelante la Corte Suprema es única en su tipo en el mundo entero. 

–¿Qué características la hacen única?

–El Mapa de Género fue el primero de la región y presentado en la Cumbre Judicial Iberoamericana como modelo. No hay país que tenga dos oficinas que dependan de la Corte Suprema y que haga políticas de géneros como lo hace nuestro país, ni ley de protección integral de la mujer como la nuestra, la 26.485. El modelo de Oficina de Violencia Doméstica y de la Mujer está siendo replicado en varios países de la región.   

–A pesar de ello, ¿por qué es tan difícil erradicar la violencia de género? 

–Creo que la clave está en la educación. Violencia hubo siempre; antes se tapaba y ahora se conoce más. Es preciso educar para la igualdad, y eso va a llevar años. ¿Qué significa la equidad? ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo combatirla? Son cuestiones fundamentales sobre las que hay que educar, enseñar, porque la ley es el primer paso, pero la conducta, la concientización social, la información, van a ayudar a que la ley se cumpla. Es claro que los niños no nacen violentos; por eso es muy importante la educación desde el nivel inicial. 

–En el último año, ¿creció el número de denuncias presentadas por violencia de género? 

–Las denuncias por violencia de género han crecido en todo el país y tiene que ver con cuestiones relacionas con la concientización social, la sensibilización y la información. Hoy hay mucha difusión sobre el tema y más recursos. También hay que decir que han aumentado las sentencias condenatorias, debido a la capacitación y el perfeccionamiento de los operadores judiciales, pero también de los operadores policiales y de seguridad. 

–Al mismo tiempo, la distribución de cargos en el Poder Judicial evidencia su sesgo machista.

–Hace 25 años era un ambiente eminentemente patriarcal, cuando la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina comenzó su militancia para lograr la equidad de género en el Poder Judicial. Se ha avanzado mucho a partir de la incorporación de la perspectiva de género y la política que en la materia lleva adelante la Corte Suprema, que ha sido imitada por los poderes judiciales provinciales. Se fueron dando una serie de cambios. En los edificios, por ejemplo, la creación de lactarios y guarderías. Junto a esto, un lenguaje más inclusivo –ahora nos dicen juezas–, y una apertura actitudinal. Sin embargo, todavía quedan algunos rezagos. 

–¿Cómo reflejan las sentencias judiciales las desigualdades de género? 

–En algunas sentencias las desigualdades de género son evidentes. Y eso tiene que ver con la falta de educación, educación de la sociedad y también educación judicial. El estudio, la capacitación y el perfeccionamiento judicial son una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero también de fortalecimiento institucional y garantía de la República. En definitiva, los jueces somos eso: garantía de la República.

–¿Tiene la Argentina una justicia democrática en términos de equidad de género?

–No, no la tiene. Hay una importante cantidad de mujeres en el ámbito judicial pero no están en los puestos de decisión. El Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer muestra que en la base de la pirámide las mujeres somos mayoría, en la segunda instancia hay una tendencia a equiparar los cargos entre hombres y mujeres, y en los puestos de decisión, es decir en las Cortes y en los Superiores Tribunales de Justicia de la Nación y las provincias, la mayoría de sus integrantes son hombres. Esto es lo que pretendemos revertir. Quedan todavía algunos superiores tribunales de provincias como Corrientes, Santiago del Estero, Chubut, Mendoza, La Rioja y Formosa en los que no hay mujeres. 

–¿Qué ocurre en otros países?

–Esta es una realidad en todo el mundo, no es exclusivo de nuestro país. A medida que se van produciendo los cargos, las jerarquías, a las mujeres les cuesta mucho más acceder. Y en general esto tiene que ver con el hecho de que la mujer suele tener a su cargo las tareas de cuidado, y entonces por cuestiones de tiempo se le vuelve difícil hacer cursos, posgrados, especializaciones, en un mundo en el que cada día se exige más. Son muchas menos las mujeres que llegan a la cúspide de la pirámide. 

–Hay una idea bastante generalizada respecto de la cercanía del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, en detrimento de la sociedad. ¿Qué piensa sobre este punto? 

–Creo que para ser juez se necesita contar con determinadas condiciones. Sin ninguna duda, debe tener una preparación doctrinaria y jurisprudencial que le permita interpretar los hechos de la realidad correctamente y de acuerdo a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro plexo normativo, pero también tener una mirada amplia, empática, no estereotipada, no sexista, una mirada inclusiva, generosa. Debe tener claro que la decisión que tome no sólo va a repercutir en ese ciudadano o ciudadana, sino que va a repercutir en la comunidad y en el Estado. Los jueces y las juezas tenemos que ser responsables. Lejos de ser un lugar de privilegio, es un lugar que exige una profunda mirada solidaria hacia el otro, como semejante, como igual, con los mismos derechos, con distintas realidades, pero con los mismos derechos. Nuestra obligación es restablecer los platillos de la balanza. Se necesita preparación doctrinaria, capacitación y perfeccionamiento continuos. Y al mismo tiempo una actitud valiente. 

–Sin embargo, en general, frente a reclamos sociales, las decisiones judiciales suelen estar mucho más alineadas con la política que con la sociedad. En ese sentido, las actitudes valientes no abundan. 

–No es fácil tomar decisiones sobre la vida, la libertad, la propiedad, sobre la familia. Para ser juez y tomar decisiones, para firmar sobre la libertad o la identidad, hay que tener un actitud proactiva, valiente, y contar con una verdadera vocación de servicio. Es necesario recuperar la confianza de la gente. Al mismo tiempo, creo que en las provincias la cosa es diferente; la gente confía más en su justicia. Probablemente por esa inmediatez o cercanía que es difícil de ver en las grandes ciudades. También sucede que los colegas acá en Buenos Aires tienen un trabajo impresionante; cualquier juzgado tiene pilas de expedientes. Necesitamos cambios, que ya se están trabajando en la Corte. Hace poco nos reunimos todos los jueces del país en la Corte Suprema, e hicimos nuestro aporte de cómo se debería trabajar para mejorar el servicio de justicia. Una gran ayuda va a ser la informatización de los sistemas judiciales, porque va a permitir agilizar los trámites.

–Aún hoy hay países que practican la lapidación y la mutilación genital femenina. ¿Tuvo oportunidad de abordar estas cuestiones con colegas suyas de esos países?

–Sí, claro. Por supuesto que de ninguna manera justifican tales prácticas, al contrario, las combaten fuertemente. Muchas juezas combaten la mutilación genital femenina y la lapidación con sentencia en distintos países de África; a muchas combatir estas prácticas les ha costado la vida. Algunas cosas están cambiando y hay movimientos de resistencia, por ejemplo en Irán, con el tema del velo, que va mucho más allá del velo. Hay un gran movimiento de resistencia. Afortunadamente las redes sociales han ayudado mucho para que en esos países estos cambios se empiecen a dar. Pakistán, por ejemplo, ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. Tiene oficina de violencia doméstica que atiende a la mujer y le brinda un lugar digno en los primeros momentos. 

–¿Cómo surgió el término “sextorsión”?

–Sextorsión es un término acuñado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas hace ya varios años. Se refiere a conductas que en los últimos tiempos se hicieron virales. Todo el mundo conoce casos en los que el director de cine, para darle un rol protagónico a una actriz, le exigía tal cosa, o el profesor a la alumna, el jefe a la secretaria, o prácticas semejantes en el poder judicial también. Estas conductas no eran delitos formales como los que conocemos en el Código Penal. Entonces había que buscarle un nombre y se nos ocurrió que podía ser una clase de extorsión, una clase de corrupción donde la moneda de cambio no fuera el dinero sino el sexo. De ahí sextorsión. Hace poco, en la reunión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, presentamos la “Red Global de Integridad Judicial”, impulsada por la Organización Nacional de Naciones Unidas (ONU). Allí se aceptó la sextorsión como forma de corrupción. Estas prácticas ocurren en todo el mundo. Por eso creo que sería bueno incorporar esta figura en las reglas Bangalore, que regulan la conducta judicial, porque sería una forma de actualizarlas. Incluso sería muy bueno que la sextorsión sea incluida como nueva figura de corrupción en el Código Penal.