La líder del GEN, Margarita Stolbizer, admite que el acuerdo con Sergio Massa podría transformarse en un frente electoral, que incluya a Progresistas, aunque sostiene que de ser candidata lo sería a senadora por la provincia de Buenos Aires. Aunque reclamó junto a Massa que el Congreso discuta la propuesta del Gobierno de reformar el régimen penal juvenil, reconoce sus diferencias con su aliado sobre la baja de la edad para la imputabilidad de los menores. Stolbizer insiste en que los problemas de seguridad y narcotráfico no se resuelven –como sostiene el Gobierno– modificándose la edad de imputabilidad y restricciones en la política migratoria, sino “con un Estado que prevenga el delito”.    

–¿Va a ser candidata a senadora?

–He sido por varios períodos diputada y el estatuto del GEN prohíbe expresamente que se extienda esa continuidad. Por eso es que si soy candidata en la provincia de Buenos Aires lo sería a senadora.

–Dijo que sería candidata por el GEN o Progresistas. ¿Qué pasa con el acuerdo con el massismo?

–Es que me preguntaron si sería candidata por el Frente Renovador, y dije que si era candidata lo sería por el GEN o Progresistas.

–¿Entonces el acuerdo parlamentario que surgió con Massa puede transformarse en un frente electoral que incluya Progresistas?

–Sí, puede ser. La verdad es que todavía no hablamos de eso con Sergio. Avanzamos en un acuerdo parlamentario y fundamentalmente político. Coincidimos en realizar un trabajo legislativo como una oposición dialoguista y colaboradora. La gente quiere eso, colaboración en la solución a los problemas. Como dice Massa, “transitar por la ancha avenida del medio”. 

–También coincidió con Massa en reclamar que el Congreso debata la propuesta del Gobierno sobre la baja de imputabilidad para los menores, a pesar de las diferencias que tienen ambos sobre el tema.

–Coincidimos con Sergio en debatir en el Congreso un  régimen penal juvenil, pero tenemos diferencias sobre la baja de la edad. Me parece bien que desde el Ministerio de Justicia se proponga el debate sobre el tema, pero no creo que los funcionarios tengan autoridad moral para hablar de bajar la edad de punibilidad si desde el Estado no se hacen cosas para evitar que los jóvenes se vinculen al delito. Es una medida efectista sobre la sociedad posicionándose al lado de los familiares de las víctimas, aunque a ellos, lamentablemente, nada les devolverá a su ser querido. Creo que el Estado debe prevenir los delitos y no preocuparse solo por endurecer las penas sobre los jóvenes, cuya cantidad de delitos cometidos son insignificantes estadísticamente. Que se preocupen por los delitos que comenten los mayores que son sin dudas la mayoría absoluta.

–¿Qué opina sobre la intención del Gobierno de modificar las leyes de Migraciones, feriados y ART mediante decretos de necesidad y urgencia?

–La medida de tener en cuenta los antecedentes penales tiene algún grado de razonabilidad. Pero, igual que en el otro tema, no considero que endureciendo las medidas migratorias sobre solo tres países sea una solución. Mucho menos que porque se prohíba el ingreso de colombianos se termine el narcotráfico. Las drogas de diseño se fabrican en el país. 

–¿Y sobre las modificación de la ley de ART?

–Volviendo a la pregunta anterior, estos temas deben discutirse en el Congreso y los DNU es más de lo mismo que hacían los anteriores y que este decía que venía a cambiar. Sobre la ART dicen que quieren bajar la litigiosidad. De esa manera se corta el hilo por lo más delgado y se cuestiona a los trabajadores que quieren cobrar una indemnización por haber sufrido un accidente. Lo que hay que discutir es cómo evitarlos.

–También se molestó cuando vincularon su trabajo a las denuncias judiciales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué?

–Lo hice en el marco de un balance de mi trabajo legislativo. Tengo un trabajo parlamentario y político muy amplio. Trabajo todo el tiempo en proyectos y propuestas. Contra la ex presidenta presenté pruebas que considero muy contundentes en dos causas. Pero mi tarea es fundamentalmente legislativa y no judicial.   

–¿Qué opina sobre el accionar de la justicia en causas penales que involucran al presidente Mauricio Macri y otros funcionarios, como PanamA Papers o el caso de Gustavo Arribas de la AFI?

–Lo de Arribas es muy reciente, habrá que ver como avanza. En ese caso como en los Panama Papers, el fiscal es Federico Delgado, que tiene antecedentes como para confiar en su trabajo.   

–¿Qué le pareció la decisión del Presidente de incorporar al blanqueo a los familiares de los funcionarios, que estaba expresamente prohibido por la ley que votó el Congreso?

–Por ese caso tuve muchas discusiones en el Congreso. Opino que los funcionarios deben traer su plata del exterior pero sin los beneficios que se ofrecen a otros contribuyentes que se sumen al blanqueo. Los funcionarios no pueden decirle al resto de los ciudadanos que traigan su dinero del exterior mientras ellos no lo hacen. Además, creo que la decisión del presidente fue en el marco de la reglamentación de la ley.