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Desde Porto Alegre
Una elección previsible, con amplia ventaja para Jair Bolsonaro, no hubiera modificado su resultado por una decisión previa del Supremo Tribunal Electoral. En otras circunstancias -un cierre reñido- habría sido significativa, pero eso no sucedió. La remontada de Fernando Haddad no llegó. Ni siquiera dio pie a cuestionar el resultado en las urnas.
El hecho es que quedaron por el camino 3.368.447 ciudadanos que se vieron impedidos de votar por una determinación del STE. El 26 de septiembre pasado, ese tribunal rechazó una apelación del Partido Socialista (PSB) contra la medida que le canceló la posibilidad de participar en los comicios presidenciales a las personas que no registraron a tiempo sus huellas dactilares. La cifra alcanza al 2,4 por ciento del padrón de 147.306.275 electores y comprende a votantes de 22 estados del país entre los 27 que lo integran, incluido el distrito federal de Brasilia. La mayoría es del nordeste pobre y olvidado, donde el PT conserva su histórica hegemonía.
Distintos analistas recordaron que la cantidad de ciudadanos que perdieron su derecho a votar el 7 de octubre en la primera vuelta y en el segundo turno, se acerca bastante a la que le permitió a Dilma Rousseff imponerse a Aécio Neves en el ballottage de 2014. Unos 3,4 millones de sufragios. Los 3.368.447 impedidos de votar ayer podrían haber sido determinantes en otro escenario.
El abogado Onir Araujo de la Organización para la Liberación del Pueblo Negro (OLPN) de Brasil le dijo a este enviado que es muy posible que “un porcentaje determinado de votantes pertenezca a una parte de las cinco mil comunidades quilombolas que hay en el país”. Se trata de los asentamientos donde viven negros, mulatos y pardos - tal la división que estableció Araujo - y que según el último censo nacional de 2014, entre todos alcanzan al 52 por ciento de la población.
Para el periodista de investigación Paulo Moreira Leite, quienes se vieron privados del derecho a votar “son en su mayoría los más pobres y menos protegidos, para quienes el voto resulta un arma especialmente valiosa”. En algunos estados brasileños la impugnación llegó al diez por ciento del padrón. Cuando el STF los marginó porque no cumplían con el registro biométrico, el voto de los jueces no fue unánime (7 a 2).
“Es una cuestión de principios. Usted no puede encontrar que está todo bien si millones de personas no pueden votar porque no cumplieron con una burocracia de la cual la mayoría no se enteró”, comentó el abogado y profesor de derecho constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Daniel Sarmento, que representó al PSB en la acción contra el Superior Tribunal Federal.
