El Ministerio de Trabajo dijo a los despedidos de Artes Gráficas Rioplatenses que no dictará la conciliación obligatoria en el conflicto, una medida que había sido reclamada por el gremio para reincorporar a los 380 obreros gráficos de la planta impresora del Grupo Clarín. El argumento de la cartera que conduce Jorge Triaca fue que la empresa cerró, por lo que legalmente sólo queda que pague las indemnizaciones. Esta postura fue expresada por el viceministro Ezequiel Sabor en una reunión que Trabajo concedió luego de que los obreros gráficos y sus familiares realizaran una multitudinaria marcha de protesta al ministerio.
La movilización se hizo en el marco de una jornada de paro de 24 horas de la Federación Gráfica Bonaerense. Salió poco antes de las 16 del Obelisco, encabezada por los despedidos y sus familias, y acompañada por partidos de izquierda y organizaciones sindicales clasistas. “Hasta ahora no hay ninguna respuesta, sólo más presiones. Hoy empezaron a llamarnos casa por casa desde un estudio jurídico. Hablan con nuestros familiares para ofrecerles una indemnización del 120 por ciento y un plan de medicina prepaga por medio año para el que firme el acuerdo. Al que atiende le dicen que la oferta va a estar vigente sólo hasta fin de mes”, contó el delegado Marcelo Quinteros mientras la marcha avanzaba por la avenida Corrientes. El Partido Obrero, el PTS, el MST, gremios como el Sipreba (prensa), el Sutna (neumático), el cuerpo de delegados de la ex línea Sarmiento, la CTA Capital y la FUBA fueron algunas de los organizaciones que protagonizaron la marcha. En la puerta del ministerio, una concentración de la Federación Gráfica (FGB) y otros gremios cegetistas de la Corriente Federal esperó su llegada. Esta segunda columna, en la que estuvo presente la CTA, ATE, los docentes de Suteba, los metrodelegados y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, entre otros, había marchado desde la sede del sindicato de los gráficos.
Los trabajadores permanecieron hasta avanzada la tarde en el lugar, esperando una respuesta del ministerio, que la otorgó después de varias horas, para insistir en su postura de no intervención. La planta de AGR está tomada desde el lunes, cuando la empresa comunicó el cierre y despido de todos los obreros gráficos de la imprenta de Pompeya donde se hacía la revista Viva y otras del grupo.
Durante la jornada también se conocieron adhesiones de numerosas figuras del ámbito de la cultura. “Proponemos que el Gobierno y el Estado intervengan a través del ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta (...) y repudiamos el uso de la violencia a la hora de enfrentar conflictos sociales”, dice la declaración que ya firmaron Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, Daniel Link, Marcelo Figueras, Mempo Giardinelli y Alejandro Horowicz, entre otros. “Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores sería una medida a todas luces errónea”, advirtieron.