La Cámara Nacional Electoral estableció una serie de medidas de control y auditoría sobre las campañas proselitistas que los partidos políticos realizarán el próximo año con el objetivo de evitar "técnicas de manipulación" en redes sociales, a través de trolls, bots o fake news. En la acordada de monitoreo de redes sociales, la Cámara también convocó al Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema a realizar una campaña de concientización y formación cívica "para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y otros entornos digitales".
La acordada extraordinaria de la Cámara Nacional Electoral refleja la preocupación del organismo por el "nuevo paradigma comunicacional, a partir de la masividad del uso de redes sociales e Internet" que "deja abierto un campo que se desarrolla al margen de la regulación tradicional e incluso constituye un ambiente propicio para que se produzcan violaciones al régimen vigente en materia electoral".
En ese tono, el documento firmado por el titular de la Cámara, Alberto Ricardo Dalla Via, y el vicepresidente Santiago Hernán Corcuera, reconoce que "el éxito para contrarrestar la manipulación de contenido y restaurar la confianza en las redes sociales sin socavar la libertad en Internet y de los medios llevará tiempo", y repasa las medidas que se estudian al respecto en el Parlamento Europeo, las legislaciones impulsadas en Alemania y Francia; y las medidas de auditoria tomadas por los tribunales electorales en México y Brasil para las elecciones de este año.
La propuesta de la CNE implica el registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias, que serán publicadas en el portal del organismo, y la obligatoriedad para los partidos de adjuntar en sus informes de campaña el material audiovisual que vayan a utilizar en Internet y redes sociales. Además se auditarán las campañas digitales desarrolladas por las agencias publicitarios y consultoras.
La CNE realizará también una auditoría sobre el comportamiento de cuentas automatizadas (bots), ataques (trolls) y difusión de información falsa (fake news) durante las semanas de campaña electoral, algo que ya fue realizado durante las elecciones legislativas de 2017. "Las fuerzas políticas con cierta capacidad económica o la suficiente cantidad de militantes generalmente tienen un equipo de mayor o menor magnitud, dedicado a difundir o difamar en redes sociales a través de la creación de perfiles falsos", advirtió el informe de las elecciones del año pasado en el que se identificaron campañas impulsadas desde las principales alianzas que compitieron.
El uso de un "ejército de trolls" por parte de la Casa Rosada fue puesto en cuestionamiento recientemente a partir de la filtración de las negociaciones llevadas adelante con el FMI por parte del periodista Marcelo Bonelli, quien cifró en 200 millones de pesos el gasto destinado a esta nueva modalidad de campaña y señaló al jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el responsable de esas actividades.
Por su parte, Amnistía Internacional publicó a principios de este año un estudio realizado entre el 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre sobre 354 mil tweets relacionados a las cuentas de 11 periodistas y militantes de derechos humanos, en el que probó la existencia de cibertropas encargadas de desprestigiar o atacar las opiniones críticas hacia la gestión del presidente Mauricio Macri. El informe de Amnistía precisa que el 53,2 por ciento de los ataques provenían de cuentas sin participación previa en la red.
La alarma mundial por el impacto de las campañas de desinformación y desprestigio montadas a partir del uso de las redes sociales se encendió tras las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde se documentó la injerencia extranjera, en particular de cuentas generadas en Rusia, para manipular la información en las redes sociales contra la candidata demócrata Hillary Clinton. En tanto, las elecciones en Brasil, que ayer consagraron como presidente al ultraderechista Jair Bolsonaro, también tuvieron como eje una masiva campaña de fake news, difundidas no solo por las redes sino también por WhatsApp, lo que hace mucho más complejo un posible control sobre la información difundida.
En ese sentido, la acordada de la Cámara solicitó la colaboración del Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema para poner en marcha una campaña de concientización y formación cívica "para el buen manejo ciudadano de la información política electoral en redes sociales y otros entornos digitales".
