Un grupo de organizaciones judiciales y defensoras de los derechos humanos denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas la destitución del juez Luis Arias, quien hasta hace dos meses estuvo a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata. “Su destitución arbitraria constituyó un grave retroceso en materia de inconstitucionalidad e independencia de poderes públicos”, apuntaron los colectivos denunciantes. Su denuncia, apuntaron, “pretende visibilizar e interpelar al Estado acerca de la gravedad de estos hechos que afectan no sólo al juez Arias sino a toda la sociedad: cuando la independencia de los poderes se trastoca, se debilita la democracia”.

Arias fue destituido en agosto pasado, a través de un jury de enjuiciamiento que no solo lo desplazó de su cargo de magistrado del fuero contencionso administrativo platense sino que además le impide ejercer como juez en la provincia y lo obligó a pagar los costos del proceso en su contra que duró dos semanas. Nueve de los 11 integrantes del jurado, entre ellos tres legisladores oficialistas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y todos los abogados representantes de la colegiatura bonaerense consideraron que Arias cometió delitos de prevaricato (fallar contra derecho), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en una veintena de decisiones jurisdiccionales que tomó en diversas causas, pero el magistrado y su defensa no dudaron en plantear que la decisión de destituirlo era “política”. 

Las razones de la destitución fueron leídas en la misma línea por la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el resto de las organizaciones que la denunciaron ante la Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas. “El juez fue removido por cuestiones estrictamente políticas, y que su separación del cargo implica una clara afectación de la independencia de la Magistratura”, apuntaron a través de un comunicado en el que informaron la denuncia, con la que buscan que el organismo internacional considere el caso como una “flagrante de violación de este principio y se adopten las medidas consecuentes”. En a denuncia, aseguraron que “todos los cargos que se le han imputado (a Arias) están vinculados con el contenido de sus sentencias, las que estuvieron dirigidas a la protección de los derechos humanos y ajustadas al principio de legalidad en el marco de las competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente le asignan al fuero contencioso administrativo”. “El contenido de las sentencias nunca pueden ser motivo de destitución”, remarcaron. 

La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, por su parte, sumó en la denuncia su preocupación ante lo que consideran una “inusual intervención del Poder Ejecutivo Nacional y de algunas provincias” en la Justicia y “el riesgo que implica esa intervención para la vigencia de los principios republicanos de la división de poderes”, ya que afecta el cumplimiento de la función jurisdiccional.

Arias fue imputado por 21 cargos, mayormente relacionados con conflictos de competencia que su desempeño en diversas causas habían generado. Ninguna de las denuncias en su contra eran actuales, pero se aceleraron luego de que el magistrado hubiera fallado a favor de los docentes bonaerenses en el marco de un conflicto salarial y en contra del tarifazo en los servicios de luz y gas. La Comisión Provincial por la Memoria, que participó como veedora del proceso, consideró que el jury estuvo “marcado por profundas inconsistencias en las acusaciones y ausencia de pruebas, y que muchos de los hechos que se le imputaron (al juez) no pudieron ser demostrados”.

Tras su destitución, Arias denunció al procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, como el “armador” del proceso que acabó por desplazarlo del juzgado que había dirigido durante años. “Hubo desde el principio de todo este proceso una voluntad política de correrme del medio. El procurador cumplió con órdenes políticas de cuidar que el proceso termine como necesitaba el poder político”, había considerado en una entrevista con este diario.