Desde Rosario

Apenas se conoció la sentencia a tres médicos del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, Sabrina Gullino Valenzuela Negro salió a la vereda del tribunal para hablar con integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que se acercaron a escuchar el veredicto. La niña que hace cuatro décadas –el 27 de marzo de 1978– fue abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario por los represores Juan Daniel Amelong y Walter Pagano estaba conforme con la condena a nueve años para Miguel Torrealday como partícipe necesario del delito de apropiación de menores y sustracción de identidad contra ella y su hermano, y a seis años como partícipes secundarios para David Vainstub y Jorge Rossi. Justo salía el juez Roberto López Arango. “La verdad que nos sorprendió su sentencia”, dijo a viva voz mientras él pasaba. Desde hace diez años, cuando el 20 de diciembre de 2008 supo que era hija de los militantes montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela, y que había nacido en el hospital Militar de Paraná, Sabrina busca a su hermano mellizo. Lo bautizó el Melli, así lo nombra la campaña #DondeEstáElMelli y así lo mencionó también el juez en la sentencia. Sabrina está convencida de que su hermano es un botín de guerra, y por eso los médicos sostienen el pacto de silencio que impide llegar a él. “Estoy muy satisfecha en cuanto al veredicto, porque es una traducción jurídica de un montón de años en los que se pudo ir investigando y reconstruyendo”, le dijo Sabrina a PáginaI12, después de leer la resolución.

El clima de intimidación se palpó en varios testimonios durante el proceso oral y público que comenzó el 6 de agosto. “Los testigos estaban mucho más acotados, con menos información que cuando declararon en instrucción. Y entonces nosotros sospechábamos, nos preguntábamos por qué había que sacarles todo con un tirabuzón. El día de la sentencia, un hombre nos vino a confirmar que una de las enfermeras del Hospital Militar había sido presionada hasta tal punto que terminó dándole de baja al teléfono”, contó Sabrina. 

López Arango dio fuerza jurídica a las investigaciones que Sabrina, junto a sus compañeros de Hijos y de Abuelas vienen desarrollando desde hace una década. La primera versión, interesada, era que el mellizo había muerto al poco tiempo de nacer. López Arango escribió en la resolución: “Considero que la prueba producida en la presente causa no ha hecho más que certificar todo lo dicho sobre el caso, e incluso a mi entender ha permitido despejar toda duda respecto de la supervivencia del mellizo, al menos hasta que salió del IPP, cuestión que surgió con cierto margen de duda en los procesos anteriores”. Cuando Sabrina leyó ese párrafo, se dijo “es genial”. “Pensá que desde 2011 al 2018 son siete años de plantear hipótesis, fue todo un aprendizaje de poder ir develando esa oscuridad. El argumento de ellos, que era una institución de puertas abiertas, quedó destruido, me parece que la sentencia es de alguna manera la concreción en el discurso jurídico de todos los recorridos que nosotros fuimos haciendo”, dijo.

Los médicos propietarios del instituto privado de neonatología por donde pasaron los mellizos –Sabrina fue ingresada el 4 de marzo como Soledad López y el niño, el 10 de marzo, como NN López y los dos salieron el 27 de marzo– arguyeron siempre que los médicos tratantes se hacían cargo de los bebés, y ellos no estaban al tanto. Esa afirmación quedó completamente desmentida.

“No resulta descolgado, si se me permite, como mera especulación que esos días de diferencia que hay entre la internación de Sabrina y el Melli, se deban a que previamente fue llevado por equis razones al San Roque y luego ingresado al IPP (recordemos que la enfermera Imelda Rosa Princic dijo que al varón ‘NN’ lo llevó Torrealday un día y lo internó sin dar explicaciones), de donde egresaron el mismo día 27 de marzo con rumbo desconocido.”  Torrealday era también el jefe del servicio de Neonatología del Hospital San Roque, una institución pública de Paraná.

Así, el juez contó con pruebas suficientes para endilgar la responsabilidad a los médicos. Fue, además, la primera condena en la provincia de Entre Ríos por la responsabilidad civil durante el terrorismo de Estado. En una de las partes de la sentencia, el juez describió que los niños “fueron sustraídos de la esfera de cuidado de su madre organizándose sus ingresos al Instituto Privado de Pediatría sin conocimiento ni autorización de Raquel Negro, donde fueron recibidos por los imputados. Fueron retenidos y ocultos tanto de su madre como de sus familiares, manteniéndoselos internados en el IPP sin dar aviso a aquellos ni a las autoridades públicas a las que, en subsidio, les competía tomar intervención de los niños y finalmente, la entrega de los bebés a personas diferentes a aquellas legalmente habilitadas para recibirlos, en la que los médicos imputados tuvieron una intervención irrefutablemente relevante, perfeccionó la consumación de la sustracción de los niños”.

El juez dejó escrito también que “el delito cometido en perjuicio de Sabrina Gullino Valenzuela Negro, iniciado en los primeros días del mes de marzo de 1978, sólo cesó a finales del año 2008 cuando recuperó su identidad y estado civil. Y el delito cometido en perjuicio de su hermano mellizo aún hoy subsiste”. Incluso, hace alusión a algunas pistas para encontrar al Melli, hoy un hombre de 40 años, que surgieron durante el proceso oral y público. Una de ellas lo ubica como un profesional en la provincia de Córdoba, según lo señalado por la enfermera Stella Maris Cuatrín, de acuerdo a dichos de una médica pediatra.  

–¿Cuál es tu evaluación de la sentencia? –le preguntó este diario a Sabrina.

–Estoy conforme con la condena, pero también estoy muy satisfecha en cuanto a la resolución, porque es una traducción jurídica de un montón de años donde se pudo ir investigando y reconstruyendo, todo lo que fue la investigación por el Hospital Militar, antes de que se restituya mi identidad, y a partir de que yo me sumo a la búsqueda del Melli. Me siento muy conforme de que en ese mismo fallo se pueda reflejar lo que fueron todos estos años de investigación, con equipos jurídicos, me refiero a los compañeros de Hijos de Paraná. Todo este laburo y militancia se tradujo en un hecho histórico. Además, el juicio fue una instancia para reconstruir más datos. Nosotros sabemos desde que los secuestran a mi mamá y mi papá y al Seba (Sebastián Alvarez, su hermano, hijo mayor de Raquel Negro, luego devuelto a sus abuelos maternos), los llevan a la Quinta de Funes, que a ella la llevan a hacer los controles a Paraná, cuando da a luz a mellizos entre el 3 y el 4 de marzo, que hay una coordinación entre IPP y Hospital Militar para la posterior derivación. En este juicio pudimos saber algo que antes era una gran duda, y es cómo había sido esa derivación y esa coordinación, porque hubo una enfermera que reconoció que entró un médico del IPP con una incubadora para buscar a los mellizos en el Hospital Militar. Hubo una enfermera que reconoció que fue Torrealday que entró con el nene en brazos al IPP.

Para Sabrina, lo interesante del juicio es la “construcción colectiva” detrás del fallo. “Me parece importante que se dé en la provincia de Entre Ríos, en este contexto nacional de tanto retroceso, que pudimos romper tanta impunidad que hace al mismo poder, que pudimos desmontar toda esa trama burocrática médica que se puso a disposición del Hospital Militar.”  

Tulio Valenzuela no era un militante cualquiera. Había tenido un encuentro personal durante la dictadura de Lanusse, en la cárcel, con Leopoldo Galtieri. Los militares le decían el “mayor” Valenzuela. Y cuando lograron secuestrarlo, el 2 de enero de 1978, en Mar del Plata, el comandante Luciano Jáuregui quería matarlo, pero Galtieri creyó que podría usarlo como anzuelo para la Operación México, donde pretendía asesinar a la cúpula montonera. Tulio simuló colaborar, pero una vez en aquel país convocó a una conferencia de prensa para denunciar el plan del dictador y la existencia del centro clandestino de Quinta de Funes. Además, Valenzuela era considerado el principal responsable del asesinato del general Jorge Cáceres Monié, en diciembre de 1975. 

Raquel Negro había quedado de rehén en la Quinta de Funes. Sabía que iban a matarla. La enfermera Natalia Krum contó que Raquel estaba preocupada porque sus padres iban a tener que criar a tres niños, ya que Sebastián Alvarez ya había sido devuelto a la familia materna. “Lo que ella nunca se imaginó es que a sus hijos mellizos se los iban a apropiar los militares”, subrayó. 

Sobre la condición de botín de guerra de su hermano, Sabrina dijo que a su mamá la llevaron a hacer dos controles en Paraná, y era evidente que no la cuidaban a ella, asesinada tras el parto; ni a la beba, que fue abandonada en la puerta del hogar del Huérfano de Rosario. “Por qué los médicos no dicen lo que pasó, si ya quedó probado que ellos sabían, que actuaron con conocimiento y pusieron todo su saber médico a disposición de esta cuestión, por qué tardaron 40 años y aún hoy no lo dicen. Creo que es porque ellos saben que hubo un manejo que tiene que ver con cuestiones que son mucho más grandes.”