Durante el gobierno de Cambiemos, 37 compañías que cerraron sus puertas se transformaron en empresas recuperadas. Estos procesos de salvataje se realizaron en condiciones adversas tanto en términos macroeconómicos como políticos. Varias de esas recuperadas están aún en etapa de ocupación, luchando para estabilizar la cooperativa y retomar la producción. Desde diciembre de 2015, el número de empresas recuperadas se incrementó de 367 a 384, aunque al mismo tiempo se redujo el número de trabajadores, de 16 mil a 15.500. La caída del empleo se explica mayormente porque la merma en los ingresos hace que los trabajadores vayan en busca de otro salvavidas para resistir la crisis. Los datos fueron relevados por el programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. Al contexto económico adverso se suma la reducción del apoyo monetario oficial.
“El impacto del programa económico del gobierno ha provocado un descenso de la actividad económica de las cooperativas, que lleva en algunos casos a la parálisis: cerca de un 40 por ciento de las empresas recuperadas se encontraban trabajando por debajo del 30 por ciento de su capacidad instalada a principios de este año. Un número variable de empresas se encuentran directamente paralizadas, generalmente por el impacto de las tarifas de gas y electricidad, que son insumos imprescindibles e irremplazables para la producción industrial. Las deudas que se acumulan, en algunos casos millonarias, y la falta total de respuesta por parte de las corporaciones energéticas y el Estado, han llevado a una importante cantidad de recuperadas a situaciones de inestabilidad y conflicto en algunos casos similares a las condiciones que vivieron cuando nacieron, ocupando las plantas quebradas o abandonadas por los patrones. La respuesta del gobierno es la indiferencia más absoluta”, explica Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta.
Las recuperadas, así como las pymes industriales, se ven perjudicadas por el programa económico anclado en el deterioro del poder adquisitivo, que deprime el consumo y las ventas. Al mismo tiempo, hay una fuerte presión de costos por la suba de insumos, tarifas y la tasa de interés. El cóctel se cierra con la apertura importadora. Pero además, el Gobierno recorta programas de ayuda sectorial, en el marco del ajustazo fiscal del FMI.
Los especialistas de la UBA explican que la Secretaría de Trabajo congeló la línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado, con la cual se brindaba apoyo financiero a las empresas recuperadas en crisis. Consistía en un subsidio por trabajador, el equivalente del Repro para las empresas tradicionales que están en crisis. “A lo largo del año, y a pesar de los reclamos, la Línea 1 fue siendo cortada y reemplazada (y no siempre) por el Salario Social Complementario que prevé la ley de Emergencia Social. Pero mientras la Línea para Trabajo Autogestionado estaba dirigida a sostener la actividad de la cooperativa como colectivo, el salario social es individual y depende de una evaluación del ‘nivel de pobreza’ del destinatario, por lo que a una parte de los cooperativistas que poseen algún bien, por humilde que sea, se les niega el subsidio”, indica el informe de la UBA.
Algunas de las empresas privadas que cerraron y fueron recuperadas a lo largo de estos días son Agroindustrias Madero (ahora Aceitera La Matanza), Cerámica San Lorenzo (Cerámica San Luis), Plascar (Emplastcoop), Poligráfica del Plata (Gráfica del Plata), Puma (Nueva Esperanza), Tiempo Argentino (Por más Tiempo), Cobena Fábrica de Cueros (Marrotex).
Por último, a los graves problemas económicos y la limitación de las líneas crediticias se suma en algunos casos una “hostilidad manifiesta”, dice el informe, de parte del Gobierno a las recuperadas. “Las leyes de expropiación son sistemáticamente rechazadas por los bloques legislativos oficialistas y semioficialistas o, en el caso que logren pasar el filtro, vetadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta o el propio presidente Mauricio Macri. Las nuevas recuperadas deben contornear los límites que impone el macrismo haciendo difícil el tránsito por juzgados, anulando las vías legislativas y reprimiendo cada vez que puede para impedir o desalojar ocupaciones”, indica el programa Facultad Abierta.