La Corte Suprema de Justicia le pidió al gobierno de Mauricio Macri un desembolso de 1.605 millones de pesos adicionales para garantizar a los trabajadores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal un aumento salarial del 40 por ciento anual. El pedido de modificar la partida presupuestaria, dirigido al jefe de gabinete Marcos Peña, fue celebrado por el dirigente de los judiciales Julio Piumato, quien adjudicó el mérito de “la unanimidad” (la firma de los cinco cortesanos) a lo que denominó “la mayoría peronista” del tribunal, en la que incluyó a Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) que encabeza el dirigente de la CGT realizará hoy un paro de 24 horas en todo el país para ratificar su oposición al proyecto de ley de Cambiemos para que Sus Señorías paguen impuesto a las ganancias.
Jueces, camaristas, fiscales y empleados del micromundo judicial recibieron en lo que va de 2018 un 20 por ciento de aumento: los primeros 10 en abril y los segundos en agosto. Dada la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, los aumentos fueron decididos por acordadas de la propia Corte, que incluye a sus integrantes entre los beneficiarios.
Con una inflación estimada entre el 45 y el 50 por ciento anual, “no- sotros pedimos en principio un 20 por ciento de aumento a partir del 1º de octubre”, dijo días atrás Piumato, quien destacó que “existe un acuerdo para mantener el nivel salarial y no perder contra la inflación”. La buena nueva llegó el martes, cuando anunció por Twitter que “salió el tercer tramo de la recomposición salarial 2018”, que incluye otro diez por ciento con los sueldos de octubre y el último diez en diciembre.
El pedido fue “por unanimidad gracias a la propuesta de la mayoría peronista (Lorenzetti, Rosatti y Maqueda)”, remarcó Piumato. “Seguimos a paso de vencedores!”, celebró. El escrito que también firman Carlos Rosenkrantz y Elena Higton de Nolasco y que difundió el Centro de Información Judicial precisa que el aumento implica una partida adicional de 1.605 millones de pesos, que se desagregan en 205 millones que administra la propia Corte y 1.400 el Consejo de la Magistratura.
El pedido a Peña se da un contexto en que el Ejecutivo le asignó a la Corte 4700 de los 8000 millones de pesos presupuestados originalmente, y mientras el sindicato de Piumato se dispone a parar para que sus afiliados continúen estando excluidos del impuesto a las ganancias. “Contradiciendo sus propias promesas de campaña respecto a que ningún trabajador pagaría este infame impuesto, buscan fagocitar los ingresos de alrededor de 100 mil trabajadores (entre judiciales provinciales y federales), exentos por mandato legal ya que tienen dedicación exclusiva e inhabilidad para ejercer cualquier otro tipo de función”, destacó la UEJN. “Este saqueo al bolsillo de los judiciales” permitiría recaudar 7.000 millones de pesos, que equivalen a “una semana de lo que el Banco Central para de intereses por las LELIQ”, calculó, y definió la iniciativa como “manotazos de ahogado de un gobierno que nos conduce al abismo”.
