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Todo indica que Pablo Moyano llegará hoy, a las 8.30, a la fiscalía general de Lomas de Zamora con un paquete de facturas, un termo, mate y yerba, dispuesto a pasar muchas horas en el lugar. Su abogado, Daniel Llermanos, anticipó que pretende que el fiscal general Sebastián Scalera, el acusador, lea detalladamente en qué consiste la imputación, incluyendo también la lectura de los chats, la transcripción de todas las llamadas telefónicas y las fojas en que haya elementos de cargo. Una vez completada la engorrosa lectura, Moyano y Llermanos resolverán si van a responder, si pedirán un cuarto intermedio para responder o, lo más improbable, si el camionero directamente se negará a declarar. Scalera acusa a Moyano de ser jefe de la asociación ilícita de la barra de Independiente que, supuestamente, perjudicó al propio club. Una carta fuerte que tiene el camionero es que quien inició la causa judicial, el director técnico Ariel Holan, salió en forma abierta a defender a Moyano señalando que fueron Hugo y Pablo los que se enfrentaron con la barra cuando se produjo el “apriete” que originó el expediente. Más allá de las acusaciones, Moyano padre y Moyano hijo consideran que la ofensiva de Scalera es política, centrada en que ambos dirigentes encabezan la línea más dura del sindicalismo.
El encuentro entre Scalera y Moyano se produce cuando el fiscal general adjunto de Lomas tiene pendiente una apelación ante la Cámara Penal porque considera que el dirigente rojo debe estar preso, mientras que Moyano tiene pendiente, ante la misma Cámara, un pedido de apartamiento de Scalera por enemistad manifiesta. Lo más probable es que la Cámara rechace ambas pretensiones: todo indica que ni Moyano irá preso ni Scalera perderá la conducción de la causa. También el fiscal recusó al juez que interviene en el caso, Luis Carzoglio, otra pretensión que no parece que tendrá acogida. Lo razonable era esperar el pronunciamiento de la Cámara, pero Scalera considera que tiene elementos suficientes para imputar a Moyano hijo.
En el centro de la acusación están las declaraciones de Pablo “Bebote” Alvarez, líder de la barra de Independiente, y de Roberto “El Polaco” Petrov, ambos jugando hoy el papel de arrepentidos con miras a mejorar su situación, ya que están presos desde hace un año. Petrov volverá a declarar hoy, antes que Pablo, tal vez aportando más datos a la acusación. Además, Scalera considera que las escuchas telefónicas, sobre todo entre Petrov y Pablo Moyano, son una prueba contundente.
En concreto, se imputa a Moyano hijo de ser el jefe de la asociación ilícita de la barra de Independiente, que se dedicó a perjudicar al club a través de la venta de entradas de protocolo, quedándose con parte del dinero de los pases, interviniendo en el manejo de estacionamientos cercanos al estadio y puestos de comida, así como otras maniobras económicas. El juez Carzoglio rechazó el pedido de detención de Moyano hijo con el argumento de que mantenía una relación de idas y vueltas con los líderes de la barra, incluyendo “exigencias cuasiextorsivas” por parte de Bebote, pero que Moyano no era el jefe de la asociación ilícita, sino que lo era Bebote. Además señaló que no hay peligro de que Moyano se escape y tampoco que obstruya la causa que ya tiene más de un año de instrucción.
Los Moyano sostienen que detrás de Scalera están el procurador Julio Conte Grand, Elisa Carrió, Patricia Bullrich y, sobre todo, la Casa Rosada. Como prueba exhiben que no existe ofensiva alguna contra Daniel Angelici, pese a que hubo un homicidio reciente en la 12 xeneize –Gustavo “El Oso” Pereyra, en Lomas de Zamora–, así como una patoteada de la barra a los jugadores en el vestuario, antes de un entrenamiento en los días posteriores a la derrota ante River en la Supercopa. También argumentan que al principio de la investigación se hablaba de que el foco estaba puesto en Independiente, Banfield y Lanús. En este último club hubo igualmente un homicidio y terminó imputado y detenido Diego “Famfi” Goncebate, muy cercano al intendente local del PRO, Néstor Grindetti. Sin embargo, no hubo imputación alguna contra el jefe comunal.
Scalera sostuvo ayer que “Pablo Moyano decidió no someterse a la Justicia. Existen grandes e importantes evidencias de la operatoria de Moyano con la barrabrava. Entre los negocios que se manejaban estuvo la venta de entradas falsas”. En la imputación del fiscal general está la sospecha de que en la final de la Copa Sudamericana hubo 10 mil asistentes sin entradas, con entradas de protocolo o apócrifas.
Quien salió públicamente a defender a Pablo Moyano fue el técnico rojo, Ariel Holan. Lo hizo en el programa de C5N de Gustavo Silvestre. “El problema con la barra es una larga cadena de sucesos que empezaron en Mar del Plata en 2017, previo al segundo clásico del verano. Hugo y Pablo me dijeron que si le daba un peso a Bebote Álvarez no podía seguir”, dijo Holan. También agradeció a Cristian Ritondo, ministro bonaerense de Seguridad, que curiosamente estuvo en la mesa directiva de Independiente en el primer mandato de los Moyano.
Aunque en la Provincia de Buenos Aires a la declaración de hoy la llaman “declaración del 308”, no sólo equivale a una indagatoria sino también a un procesamiento, por lo que Pablo Moyano tendrá que dejar sus huellas digitales y su foto, si no tiene una causa anterior. Luego Scalera –si no lo remueven– tendrá cuatro meses para completar la instrucción, plazo prorrogable por otros seis meses. Al final, corresponderá o no la elevación a juicio, que puede ser cuestionada por la defensa y que quedará a decisión del juez.
Todo indica que, en este caso, juegan más los tiempos políticos que los judiciales.
