La líder opositora peruana Keiko Fujimori fue trasladada ayer a una cárcel de Lima, un día después de que la Justicia le impusiera una prisión preventiva de 36 meses. Acusada de recibir aportes ilegales de la balseen Odebrecht, Fujimori fue recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, en el sur de la capital peruana. A su salida de la celda del Palacio de Justicia, donde pasó la noche en una bolsa de dormir, Fujimori salió sonriente y con las manos esposadas para luego ser trasladada al penal. “¡Keiko, valiente, aquí está tú gente!” clamaban sus simpatizantes mientras ingresaba al Establecimiento Penitenciario.
Después de una semana de audiencias diarias, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó el pasado miércoles su resolución. “La única medida necesaria en su caso es indudablemente la prisión preventiva pues ella ha interferido en los poderes del Estado, como el Congreso, y ha intentado obstruir la justicia”, argumentó el magistrado en su dictamen. El juez indicó que existe la grave sospecha de que Keiko dirigía una organización criminal de facto que, según argumentó, se enquistó dentro del partido fujimorista con el objetivo de lavar dinero. “Esa organización criminal integrada por 13 personas tomaba las decisiones en el partido fujimortista, por encima del comité político y de la bancada parlamentaria”, agregó Carhuancho.
La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez que la acusa de recibir 1,2 millones de dólares aportados en forma ilegal para su campaña de 2011 por la constructora brasileña. El juez argumentó la medida preventiva por un supuesto temor a la huida de la líder derechista o por la posibilidad de que gestione favores judiciales irregularmente.
Mientras tanto, la abogada de Fujimori anunció que el próximo lunes apelará la medida. “Esperamos que la apelación suba lo más pronto posible y (la prisión preventiva de Fujimori) sea revertida a la brevedad. No hemos estado frente a un juez imparcial”, comentó a la radio RPP, la abogada Giuliana Loza. En la misma línea el coordinador de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo a la prensa que Fujimori es la primera presa política en Perú.
Luego del anuncio del juez, la pareja de la acusada sostuvo que nada detendrá su retiro de la política. “Es duro, pero ella es una mujer fuerte. Así pase tres años o diez años en la cárcel, ella no va a dejar la política”, dijo Mark Vito Villanela. La abogada Loza confirmó que su defendida no recibe tratamiento especial alguno en comparación con otras internas. “Ella está en el Penal Anexo, que es el ambiente que se tiene reservado. Está en el mismo pabellón, en el mismo ambiente donde estuvo Nadine Heredia”, señaló la abogada en referencia a la Primera Dama de Perú durante la gestión presidencial de su esposo, Ollanta Humala Tasso entre 2011 y 2016. Los únicos políticos peruanos que, antes de Fujimori, estuvieron presos (nueve meses) por el caso Odebrecht. “No es un ambiente con privilegios, donde se le está cautelando como a cualquier otra interna. Ha comido lo que ha comido otra interna común. No necesita ni ha requerido ningún tipo de privilegios”, añadió Giulliana Loza.
Las denuncias de corrupción en el caso Odebrecht comenzaron a fines del 2017 y en ese entonces ex ejecutivos de la empresa constructora denunciaron pagos a varios políticos peruanos, entre ellos Fujimori. Según sostuvo el juez, los mecanismos para desviar el dinero consistían en el aporte de varias figuras que aparecían como donantes de sumas relativamente pequeñas, pero que no estaban debidamente documentadas. Los principales delatores fueron el ex CEO de la constructora, Marcelo Odebrecht y su ex representante en Perú, Jorge Barata. sin embargo, hasta el momento el magistrado no tomó medidas respecto de los otros involucrados, que incluyen a poderosos miembros de Fuerza Popular como los asesores Ana Herz y Pier Figari, el asesor externo Vicente Silva Checa y los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere.
El caso de Fujimori recién da sus primeros pasos. Si el recurso que presentará su abogada es finalmente admitido, la causa seguirá su curso por el Tribunal. En última instancia será la Corte Suprema quien decida revocar o no la prisión preventiva.
