Haber participado en crímenes de lesa humanidad no parece ser un problema para ser fiscal en la provincia de Buenos Aires. El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, dispuso el cierre y archivo del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, investigado por su actuación como agente de la Dippba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) durante la última dictadura cívico militar. El fiscal había sido denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria, que calificó ese antecedente como una falta disciplinaria de gravedad institucional para un Estado de Derecho. “Esta decisión cierra el trámite administrativo para investigar la actuación de un funcionario judicial de la democracia que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Otra decisión política que protege al fiscal y busca garantizar su impunidad”, aseguraron desde la Comisión a través de un comunicado.
Fernández Garello está acusado en el marco de una causa penal que tramita actualmente en el Juzgado Federal número 2 de San Martín. La denuncia fue presentada por la CPM, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dippba, que el organismo gestiona desde el 2001. Por la importancia y el valor de esta prueba, hace poco la jueza federal Alicia Vence llamó al actual fiscal a prestar declaración indagatoria y recientemente dispuso su ampliación.
Según la información de la comisión, durante la última dictadura Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Sólo entre 1978 y 1982 participó en “al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
Los documentos de la Dippba involucran puntualmente al actual fiscal general de Mar del Plata en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de otros tres militantes del Partido Comunista el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.
A pesar de tener conocimiento de ese material probatorio, Conte Grand decidió desestimar la investigación contra el fiscal. La CPM aseguró que el procurador “fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración”. El funcionario designado por María Eugenia Vidal priorizó por sobre las pruebas documentales la palabra del propio fiscal, quien minimizó los hechos y redujo su actuación como agente de la Dippba a “tareas administrativas”. En otros casos, Fernández Garello sostuvo la legalidad de la detención de los militantes del Partido Comunista y, finalmente, se escudó en la continuidad de la investigación penal.
“Nada de esto reduce la obligación de la Procuración que, a través de su Departamento de Control Interno debe investigar ‘toda denuncia o actuación referida a faltas disciplinarias atribuibles a magistrados, funcionarios y/o empleados del Ministerio Público, y a hechos que por su naturaleza comprometan institucionalmente su normal funcionamiento’”, señalaron desde la comisión. También criticaron que se argumente a favor de Fernández Garello que los hechos son anteriores y ajenos a su función. “Es inadmisible esta justificación dada la gravedad institucional que implica que un fiscal general de la democracia haya sido parte del aparato represivo y que, además, haya ocultado su condición de ex espía de la Dippba en sus antecedentes. La propia Constitución provincial indica que todos los funcionarios judiciales deben acreditar “solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los Derechos Humanos”, completaron.
