Organismos de derechos humanos repudiaron las declaraciones de Mauricio Macri tendientes a estigmatizar a los extranjeros y a vincular inmigración con delincuencia. “Es alarmante que autoridades con responsabilidades políticas y civiles realicen declaraciones discriminatorias”, advirtió Mariana Fontoura Marques, de Amnistía Internacional Argentina. Diego Morales, del CELS, consideró “grave” que sobre “el discurso discriminatorio” montado por el Gobierno tras la represión de la semana pasada el presidente plantee la modificación de una política migratoria “que ha sido destacada en diversos ámbitos internacionales como modelo de reconocimiento de derechos de los migrantes”.
Tanto el CELS como Amnistía fueron duros críticos del decreto presidencial que en enero de 2017 y sin debate previo modificó la Ley de Migraciones. “El DNU habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio”, recordó el organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky al cumplirse un año de aquella modificación. “Alarma el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”, señaló en aquel momento Amnistía.
La inclusión de cuatro extranjeros entre las detenciones al boleo realizadas el miércoles pasado, mientras Diputados trataba la ley de presupuesto, sirvieron de puntapié para que funcionarios de Cambiemos y aliados estratégicos como Miguel Pichetto reinstalaran en el supuesto problema de los migrantes.
“La semana pasada diversos funcionarios públicos y referentes políticos utilizaron un discurso discriminatorio que, además, propone medidas que serían ilegales, con el objetivo de minimizar la gravedad que implican las detenciones arbitrarias de manifestantes durante una protesta contra la sanción de un presupuesto que ajusta los recursos estatales destinados a la garantía de derechos económicos y sociales”, recordó Morales ante la consulta de PáginaI12. “Resulta grave que sobre este discurso discriminatorio hoy se plantee que habría que modificar la política migratoria, que ha sido destacada en diversos ámbitos internacionales como modelo de reconocimiento de derechos de los migrantes”, destacó el director de Litigio y Defensa Legal del CELS.
“Desde Amnistía Internacional repudiamos las declaraciones discriminatorias de autoridades nacionales contra las personas migrantes”, afirmó por su parte Fontoura Marques. “Cada país debe respetar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin importar su nacionalidad, por lo tanto el argumento de la reciprocidad es discriminatorio y viola la ley migratoria y la Constitución”, señaló sobre la referencia de Macri a “que haya reciprocidad”. “No se sostiene a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de derechos humanos. No se puede restringir el acceso a derechos de una persona en base a su nacionalidad”, señaló la directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía. “Migrar no es un delito, es un derecho y es alarmante que autoridades con responsabilidades políticas y civiles realicen declaraciones discriminatorias que están en claro conflicto con la ley de nacional de migraciones (25.871) y con los derechos humanos”, concluyó.
