En la semana mundial del desarme dispuesta por la ONU, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reivindicó el derecho de los ciudadanos a armarse, defendió la política de mano dura del gobierno y generó una catarata de repercusiones y críticas. “El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre”, afirmó a la salida de un restaurante de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, mientras un grupo de estudiantes hacía un escrache repudiando su presencia allí. La funcionaria, que luego matizó su frase al sostener que el gobierno prefiere la gente no esté armada, volvió a respaldar la actuación del policía Luis Chocobar, que irá a juicio oral acusado de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”. Para Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), son discursos violentos que “en tiempos de crisis económica brutal se reciclan, porque construyen un enemigo donde depositar el odio, la bronca”, y remarcó que “lo más complejo es que hay sectores de la sociedad que coinciden con esa mirada, alentada por muchos medios de comunicación”.

La entrevista a la funcionaria, grabada por el medio cordobés Puntal AM, que también registro el escrache, se produjo a la salida de la cena que la ministra compartió con su colega de Transporte, Guillermo Dietrich, y los secretarios Luis Etchevehere (Agroindustria) y Javier Iguacel (Energía), tras haber participado del foro Argentina Exporta.

Con el clásico soundtrack antimacrista de fondo, reconvertido en (PBLPQTP), la titular de la cartera de Seguridad defendió el accionar del policía Chocobar, a sólo 48 horas de que la Corte Suprema desestimara un recurso extraordinario que dejó firme el procesamiento del uniformado y lo envió a juicio oral, acusado de haber asesinado por la espalda al ladrón de 18 años Pablo Kukoc.

“La seguridad es un reclamo de la sociedad”, dijo la ministra, al mismo tiempo que negó que haya más inseguridad. “Tenemos menos homicidios, menos delitos”, aseguró, y remarcó que “lo que estamos haciendo es cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, y lograr que la política de seguridad no sea basada en derechos humanos para los victimarios sino para las víctimas”. Según la funcionaria, ese cambio “fue tan importante que hemos bajado casi el 26 por ciento los homicidios en el país”.

Mientras el coro se desgañitaba entonando el PBLPQTP, la ministra, al ser consultada por el caso Chocobar, desestimó la decisión de la Corte porque consideró que era “un tema totalmente formal”, y sostuvo que “se va a juicio y ahí, la lógica y la razón de que el policía actuó en defensa de la gente va a ser bien importante”. “Fue así claro, Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando”, afirmó la ministra, contra lo que dice la investigación: cuando el policía llegó la acción había cesado y el asaltante, Kukoc, fue baleado a tres cuadras del hecho, mientras huía dándole la espalda a Chocobar. 

“¿Le vamos a dar perpetua a alguien que defendió a un ciudadano atacado?”, se preguntó de manera retórica. “No, justamente lo contrario”, afirmó la encargada de la seguridad en su rol de abogada del policía. Rol que viene ejerciendo junto al presidente de la nación desde el primer momento. Tres semanas después del hecho, Macri y Bullrich lo recibieron en la Casa Rosada. Tiempo después, con un procesamiento de primera instancia del juez Luis Velázquez y la confirmación de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional, la ministra visitó al uniformado en su casa del barrio de la Boca. 

Tras la defensa de Chocobar, y ante la pregunta de la periodista del medio local sobre la posibilidad de que los ciudadanos se armen y quieran hacer justicia por mano propia, la ministra afirmó que “el que quiera estar armado que ande armado”, el que no quiere estar armado que no ande armado. La Argentina es un país libre”, y como si fuera el escribiente Bartleby, de Herman Melville, dijo que “preferiríamos que la gente no esté armada”, dejando entrever que no tomarán ninguna medida para evitarlo.

Para María del Carmen Verdú, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), las declaraciones “siguen la línea que viene sosteniendo Cambiemos desde siempre, pero reforzada”, y señaló que de los dichos se desprenden tres mensajes. “Se está alzando contra el Poder judicial en su conjunto, que dijo que hay un delito en el caso Chocobar. Además, les envió un mensaje a los jueces del tribunal oral,  al sostener que en el juicio se tiene que imponer la lógica del gobierno, donde la versión de las fuerzas de seguridad es la verdad. Y, en tercer lugar, se metió con los derechos humanos de víctimas y victimarios, cuando no puede ignorar que sólo el Estado puede violar los derechos humanos, en este caso un policía que dispara por la espalda. Los individuos solo violan derechos individuales”. “Cuando habla del cambio de paradigma para apoyar a las víctimas, según la ministra sería Chocobar, pasa a estigmatizar al ‘victimario’ que recibe un tiro por la espalda o por la nuca como el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, en Tucumán”. 

Por otra parte, la letrada, remarcó que Bullrich alienta la tenencia y uso de armas olvidando que en el país “se puede tener, y portar en casos excepcionales, bajo ciertas condiciones, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza”. Y advirtió que “acá no impera la ley del rifle, y eso es una decisión política histórica de nuestro país”. Además, resaltó la paradoja del gobierno que sostiene que no quiere en las manifestaciones gente con la cara tapada ni piedras. “Cómo es, ¿me puedo armar pero no tapar la cara?”, se preguntó la letrada.

Mario Juliano, de la Asociación Pensamiento Penal, dijo a este diario que las declaraciones son “alarmantes porque vienen de la persona encargada de delinear la política pública de seguridad, que debieran estar orientada a la convivencia y la pacificación, y esto va en dirección contraria. Tenemos experiencia reciente de lo que implica habilitar armas para resolver conflicto. Sólo incrementa la espiral de violencia”, afirmó.

Cesaroni, que también integra el Foro Contra la Violencia Institucional de CABA, señaló que “los discursos del presidente y la ministra alientan un grado de violencia inusitado, tanto de las fuerzas de seguridad, que es la más grave, como la interpersonal. Esto va contra todas las políticas de desarme. Y está comprobado que hay más muertes y accidentes letales cuando las armas están a disposición de la gente. Niños que mueren en accidentes, o armas que se usan mal. Creen que los van a robar y terminan matando a un familiar. O conflictos entre vecinos que terminan a los tiros. Es entrar en la lógica de la ley del rifle. El problema es que una parte importante coincide con esa mirada y eso es más complejo”.

Sin embargo, la letrada advirtió que “no es un discurso nuevo. Carlos Ruckauf, (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires) hacía campaña diciendo que ‘hay que meter bala a los delincuentes’, y después fue la masacre de Ramallo. O (Sergio) Massa que pedía que los delincuentes se pudran en la cárcel. O los discursos de (Juan Carlos) Blumberg. Discursos que construyen un enemigo, que puede ser el inmigrante, o un menor, porque hay un caso mediatizado. Se reciclan todo el tiempo, sobre todo en tiempos de crisis económicas brutales”, remarcó.

También el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fucks, manifestó su preocupación por los dichos de la funcionaria. En diálogo con PáginaI12 señaló que “es llamativo que haga estas declaraciones, justo en la semana del desarme dispuesta por Naciones Unidas, que van en contra de las leyes nacionales que promueven el desarme. La ministra tendría que desincentivar el uso de armas, y no sostener que hay un libre albedrío, como si no hubiera leyes para la tenencia, y como si fuera Estado Unidos, donde el tema está ligado a la épica de los colonos”. “Es una exhortación al uso de armar en una sociedad cuyos niveles de violencia se van incrementando, y el Estado tiene que ser responsable”, remarcó. 

Por otra parte, un dato llamativo: la Defensoría armó un spot y una encuesta online sobre el uso de armas, y se llenó de trolls de defensores de las armas. Mientras en una encuesta normal del organismo suelen responder alrededor de mil personas, en esta lo hicieron casi 15 mil personas defendiendo el uso.