"El texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes. Su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley. La personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad", advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Mauricio Macri tiene preparado para modificar de un plumazo las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346, sin debate parlamentario y a contra mano de los requerimientos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU.
El organismo de derechos humanos señaló que la consecuencia de la aplicación de las modificaciones esbozadas en el texto del decreto será para los migrantes de bajos recursos "trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal".
El CELS alerta que el objetivo del gobierno nacional es "instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes y, al mismo tiempo, mostrar un supuesto compromiso con la prevención del delito", ya que se hace un uso engañoso de la información. Macri estigmatizó en su primera conferencia de prensa del 2017 a los migrantes al señalar que "el crimen" sigue "eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir", sin embargo, el CELS subrayó que "la participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 5 por ciento de la población carcelaria es extranjera".
El CELS advierte, además, que el texto del decreto presidencial al que tuvo acceso cambia el paradigma de la ley actual, que había sido celebrado por la ONU, ya que "amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión".
Respecto de los cambios en la ley de nacionalidad, el CELS advierte que "en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es 'legal'. De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín".
Frente a estos cambios, el comunicado del organismo de derechos humanos ejemplifica que "una persona migrante –tenga residencia regular o no– que subsiste de la venta callejera puede ser denunciada penalmente, por ejemplo, por la actividad económica que desarrolla o por resistir a un desalojo en la vía pública". A partir de ese momento, "los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas. Con el solo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio".
La firma del DNU por parte de Macri fue anticipada por los diarios La Nación y Clarín recientemente y sería acompañado por otro decreto que modificará la ley de riesgos de trabajo. En caso de que se concretaran las modificaciones a la ley de migraciones sin pasar por el Congreso, el CELS sostiene que Cambiemos "restringirá derechos humanos sin ningún control parlamentario y establecerá una política migratoria contraria a los compromisos internacionales asumidos".
"Además, lo hará por una vía contraria a la Constitución, ya que regulará sobre materia prohibida para legislar por DNU y sin los requisitos exigidos. Como ya ha ocurrido, esto evidencia un claro déficit democrático", agrega el comunicado.
El organismo subrayó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le reclamó al gobierno de Macri el 9 de diciembre del año pasado que "no se adoptara ninguna medida que significase un retroceso respecto del marco normativo vigente" y destacó "la falta de un diálogo fluido y regular con las asociaciones de migrantes".
"La adopción de este DNU sin ningún espacio de discusión es una muestra de extrema gravedad de esta falta de diálogo. La ley de migraciones 25.871 fue producto del consenso alcanzado a partir de un amplio debate iniciado en el año 1999 por diferentes actores, en ámbitos sociales, académicos y legislativos, que permitió la revocación del decreto ley de migraciones, denominada 'Ley Videla'", señaló el comunicado del CELS.
La organización recordó además que "la ley vigente ya establece los mecanismos para expulsar a aquellos que tuvieran procesamiento firme por delitos graves (como narcotráfico)", por lo que aseguró que "la reforma de la ley no se dirige a quienes cometan delitos graves sino a ampliar y endurecer el control de quienes cometen delitos menores o ilegalismos (como la venta callejera)".
"Por estos motivos el impacto de esta medida será menor para la prevención del delito y será significativo en la restricción de los derechos de las personas migrantes de escasos recursos. Se trata por lo tanto de una política clara de exclusión social", concluyó el CELS.
