El ajuste del gasto público y el incremento de las cargas tributarias son las claves del presupuesto 2019 para alcanzar la meta de déficit cero exigida por el FMI. El presupuesto plantea despidos de empleados públicos, salarios por debajo de la inflación, reducción de las obras públicas y aumentos de tarifas, entre otras medidas. Pero mientras el ajuste del gasto público golpea a las mayorías, un sector económico local e internacional incrementa la apropiación de recursos del Estado.
Paradójicamente, quienes reciben crecientes fondos del erario público no son los empresarios “amigos” del gobierno, sindicalistas “mafiosos”, jubilados sin aportes completos, madres que tienen hijos para cobrar la asignación o desocupados que reciben un plan; tal cómo suelen plantear el sentido común liberal propagado desde medios y consultoras. Quienes maman de la teta del Estado son los sectores que tradicionalmente promueven políticas liberales bajo un discurso meritocrático, donde la iniciativa privada es la clave del éxito individual y social.
El presupuesto 2019 indica que los recursos del Estado destinados a pagar intereses de la deuda ocuparan el 17,9 por ciento de los gastos del Estado, 10 puntos porcentuales más de lo que ocupaba en el presupuesto de 2015. En simultáneo y por fuera del presupuesto nacional, el Banco Central subsidia al sector financiero vía tasas de Leliq con tasas por encima del 100 por ciento anual (al considerarse la capitalización semanal). El stock de Leliq ya alcanza los 617.600 millones de pesos e implica un subsidio del BC al sistema financiero por 1700 millones de pesos diarios. De mantenerse las actuales tasas de política monetaria, el monto anual del subsidio al sistema financiero vía Leliq equivale a casi el 20% del total de gastos proyectados para el Estado en el presupuesto 2019.
De esa manera, entre los pagos de intereses de la deuda pública y de los títulos del BCRA, el Estado podrá transferir recursos al sector financiero 1.366.000 millones de pesos, equivalentes a casi el 38 por ciento de los gastos públicos del presupuesto 2019 o a 7,4 puntos porcentuales del PIB proyectado para el año próximo. Ese gigantesco plan descansar para banqueros y rentistas financieros equivale a 34 barcos regasificadores anclados 10 años en Bahía Blanca, a 34.000 kilómetros de rutas o 4,36 veces el costo anual de la política de asignación universal. Una cifra que, por su propia magnitud, pone al descubierto la falsedad del discurso que demoniza el gasto estatal, mientras incrementa desvergonzadamente las transferencias que obtiene del mismo.
A esta altura, la dicotomía Estado versus mercado no es más que una afirmación “para el consumo de los tontos e ignorantes”, tal como señalara Juan Perón. El programa neoliberal en Argentina avanza en la expansión de los gastos del Estado que se apropia el sector financiero, mientras ahoga la iniciativa privada empresarial con políticas que achican el mercado interno. El debate no es entonces entre intervencionismo o liberalismo, sino al servicio de qué sectores sociales se orienta el Estado.
@AndresAsiain
