Las medidas tomadas por el nuevo gobierno español son un muy buen ejemplo de que, voluntad política de por medio, existen alternativas a las medidas de ajuste económico. En sólo cuatro meses el gobierno del PSOE, en coalición con el partido Podemos, ha demostrado que existe otra forma de gestionar. 

Dentro de las propuestas para el Presupuesto 2019, en España se incluye una fuerte reducción de las tarifas energéticas. Según informaron a la prensa, el objetivo es reducir la “sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista las empresas generadoras” alegando que ya recuperaron “sobradamente” sus costos de inversión inicial (Ámbito 12-10-18). También evalúan una “reforma profunda” del bono social que incluye una ampliación de los límites de consumo con este beneficio, que ya llega al 40 por ciento para los más vulnerables. Además, se propone la prohibición de cortar el suministro eléctrico en los hogares con tarifa social donde habiten menores o personas con discapacidad. En definitiva, pareciera que se intenta hacer respetar la verdadera definición de servicio público: “Los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios públicos en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas”, sostiene la OIT. 

Pero las medidas del Presupuesto español abarcan también mejoras en otras áreas de la sociedad. Se plantea un importante aumento del salario mínimo, actualización de las pensiones, escolaridad pública de 0 a 3 años, más inversión en ciencia e investigación, entre otras.

Lo interesante es que algunos representantes de la oposición manifiestan que con estas iniciativas habrá más déficit fiscal, un tema por demás conocido en Argentina. Mientras tanto, la ministra de Hacienda ibérica aseguró que los nuevos ingresos por subidas de impuestos y crecimiento económico compensarán con creces el aumento del gasto. Una visión que parecen no compartir los actuales funcionarios argentinos ni los del FMI. Todo lo contrario, plantean reducir el déficit fiscal para poder ingresar en la “senda del crecimiento económico”, una relación causa–efecto inviable. 

Otro ejemplo apreciable, alternativo a modelos de ajuste fiscal y reducción del rol del Estado, es el del Partido Laborista del Reino Unido, liderado por Jeremy Corbyn. En contraposición a la idea de empresa capitalista como única alternativa de gestión, se plantea “construir una economía para la mayoría” en la que la propiedad y el control de los servicios públicos y principales servicios estén en manos de la gente que los usa y trabaja en ellos. Identifica, en este sentido, tres formas de gestión: la empresa cooperativa, la empresa municipal y la empresa nacional. Sostiene que todas ellas, a diferencia de las empresas de capital privado, se caracterizan por gozar de mayor democracia, mayor pluralismo y un significativo potencial derivado del trabajo conjunto en los tres niveles. Específicamente, el laborismo inglés propone la reestatización de Ferrocarriles, Agua, Energía y Correo Real. 

Para nuestro país, el corolario de estas experiencias internacionales es tener presente la idea de que realmente existen otros caminos. Claro que se requiere de voluntad política y de una firme oposición a los grupos económicos renuentes a ceder grandes privilegios. Algo que no está en el rumbo de la gestión del actual gobierno macrista. Todo lo contrario, utilizando las propias palabras del Presidente, el “norte” de sus políticas aparece completamente condicionado por las “sugerencias” del FMI. Para mencionar sólo alguna, proponen utilizar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para afrontar el pago de jubilaciones. En vez de apuntar a un sistema previsional más sustentable, se lo estaría descapitalizando. Todo se justifica en aras de alcanzar los objetivos de superávit fiscal primario (para afrontar la abultada cuenta de intereses de la deuda, reduciendo el gasto público) y de una supuesta equidad que sólo existe en los planteos fondomonetaristas. Una historia cuyas negativas consecuencias ya conocemos.

* Presidente Partido Solidario.