Aguarda en la Legislatura provincial un mensaje del Ejecutivo que busca obtener consenso para poner en venta la manzana que hoy ocupa la Unidad Penal Nº 3 en Rosario. Por lo tanto, el destino de ese lugar encendió el alerta en algunos sectores de la oposición que se niegan a avalar un negocio inmobiliario para actores privados, a costa de tierras públicas que podrían solucionar parte del déficit habitacional.
El gobierno envió en agosto pasado el planteo para “desafectar del dominio público provincial” la manzana donde se erige la cárcel conocida como La Redonda, comprendida entre las calles Zeballos, Suipacha, Montevideo y Riccheri, y “proceder a la venta del inmueble”, unos 12.600 metros cuadrados provistos de todos los servicios urbanos y a dos cuadras del Parque Independencia, según observó la diputada de Participación e Igualdad Silvia Augsburger.
La legisladora se hizo eco de la advertencia que lanzó este viernes la Mesa Regional de Barrios Populares. “Manifestamos nuestra preocupación por el destino de este predio, que podría ser usado para dar respuesta a la enorme problemática del hábitat y la vivienda que hay en la ciudad de Rosario”, señalaron en un comunicado.
En el proyecto oficial que aún aguarda turno de debate en comisiones, se plantea que el Poder Ejecutivo acordará con la municipalidad un Plan Especial de usos, alturas y factor de ocupación del suelo para ese predio, luego de que la prisión sea mudada por completo al presidio que la Provincia está concluyendo en la zona oeste.
“Frente a esto la Mesa Regional de Barrios Populares expresa su rotundo rechazo a este proyecto, frente a la necesidad cada vez más creciente de dar respuesta a necesidades de suelo, vivienda y equipamientos comunitarios que nos garanticen a todes les ciudadanes el acceso al derecho a vivir en ciudades más integradas, más justas y más solidarias”, dice el comunicado.
“Se hace imperiosa la necesidad –agregaron- de dejar de ver al suelo como una mercancía y que desde el Estado se formulen políticas de acceso al suelo, la vivienda y los servicios que incluyan a los sectores populares e incorporen la participación en la toma de decisiones. El problema de nuestras ciudades no es únicamente un problema de mala planificación sino el actual orden elitista y excluyente imperante. Frente a la escasez de tierras públicas para poder garantizar los derechos de les ciudadanes –remarcaron desde la mesa de entidades barriales– consideramos que el destinos del predio mencionado debe ser gestionado democráticamente y en lugar de su venta debe utilizarse para saldar el déficit de viviendas populares y equipamiento comunitario que existe en la ciudad”, señalaron.
