La muerte de otro chico en el ex Instituto de Rehabilitación al Adolescente (IRAR) reanimó el reclamo contra las políticas de régimen penal juvenil en la provincia. La familia de Juan Manuel Sosa, que tenía 16 años, aseguró tener “muchas dudas” respecto al tratamiento que recibía el chico dentro del lugar de encierro. En los momentos previos a ser encontrado colgando de una sábana en una celda de aislamiento --donde apenas se pueden dar dos pasos-- Sosa reclamó “acercamiento y contacto familiar”. Es que todos sus allegados viven fuera de la ciudad y su madre no tenía dinero ni medios para llegar a Rosario. Un juez de Venado Tuerto fue quien decidió que fuera alojado a 160 kilómetros de sus allegados y hace dos meses rechazó un pedido de traslado. Tras el hecho, la Asesoría de Menores de los Tribunales presentó un recurso de hábeas corpus correctivo y colectivo ante la jueza María del Carmen Musa, por la seguridad de todos los adolescentes alojados en el establecimiento de Saavedra y Cullen. El caso se suma a tres de los últimos años. Mientras tanto, en el Senado espera tratamiento el proyecto de un nuevo Régimen Procesal Juvenil para cumplir estándares internacionales del sistema acusatorio de menores.

El viernes pasado, al cumplirse una semana del suceso que ocurrió dentro de una celda de aislamiento, en el sector de ingreso donde Sosa fue llevado con otros dos chicos por una supuesta pelea; se realizó la autopsia al cuerpo del adolescente. En principio, el estudio confirma una “muerte por asfixia mecánica producida por ahorcamiento”. Otro dato devastador fue la presencia de signos “de déficit alimentario”. También le encontraron marcas de autolesiones. Juan Manuel reclamaba atención. Ahora, restan los análisis toxicológicos para aclarar la versión sobre una supuesta ingesta de psicofármacos. De ser así, la familia quiere saber cómo le llegaron y si eran parte del tratamiento.

Cuando este diario se comunicó con la familia del chico, todavía estaban esperando el cuerpo para poder velarlo en Venado Tuerto. También esperaban las explicaciones de las autoridades. “Todo el mundo dice cosas, pero él era un ser humano, por más errores que haya cometido”, dijo una familiar cercana. Los registros dan cuenta de que el pibe tenía causas por hechos de robo: causas “menores” sin juzgamiento completo. “Nadie se preocupó por nada; pero ahora estamos tratando de contener a su madre y a sus hermanos, que están muy mal. Hacía tiempo que la mamá no iba a verlo, porque ella consiguió los pasajes pero no tenía plata para moverse en Rosario. Hablaban por teléfono, pero no es lo mismo. Lo único que queremos es que le den a la madre las explicaciones que le tienen que dar. No entendemos por qué si estaba en un centro de rehabilitación había tantas pastillas. Todo el mundo sabe lo que pasa en la cárcel, pero se hacen los ciegos y nadie dice nada. Hoy queremos hacer el duelo. Nadie saca este dolor. De acá se llevaron un chico vivo y ahora devuelven un cuerpo sin vida”, expresó la mujer.

Juan Manuel estaba detenido en el Irar desde junio pasado. La Asesoría de Menores visita el lugar cada 15 días, pero no se les informó de una situación particular con respecto a Sosa.

Al parecer, la tarde del 24 de octubre hubo una pelea de tres contra uno, en el sector 4, entre quienes estaba Juan Manuel. Esa noche los llevaron al sector de ingreso donde hay celdas ínfimas y con puertas en las que apenas hay una mirilla. Cuando lo encontraron --según indicaron fuentes tribunalicias--, a la mañana siguiente, “no había un médico en el lugar, incumpliendo lo establecido en uno de los últimos hábeas corpus”, que ordenó la presencia de un profesional las 24 horas. Por eso, fueron profesionales del Sies quienes lo asistieron y reanimaron. Luego, lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde sobrevivió apenas dos días. Allí, se le dijo a la madre que tenía un “paquete de pastillas”. La escueta información oficial fue que a Juan Manuel lo “encontraron” colgado dentro de una celda y se negó la ingesta.

En tanto, se indicó que la detención del chico en Rosario fue una decisión del juez de Venado, Javier Pardo, “sin previo contradictorio”, pese a que hay lugares aptos más cerca de la localidad; y que hubo un pedido del asesor de menores de la zona para que fuera retirado del Irar, en agosto, pero el magistrado no hizo lugar.

El suceso hizo ruido. Los asesores de Menores Daniel Papalardo, Claudia Boloniel y María Gabriela Román presentaron un recurso de hábeas corpus, con el eje en una “probable negligencia, imprudencia y no cumplimiento de estándares internacionales en materia de alojamiento de jóvenes menores de 18 años, en lugares de encierro”. Incluso, fuentes judiciales aseguraron que después de la autopsia, esa probabilidad “se consolida”. Además, el recurso busca que se examine la situación de cada uno de los internos para que, hasta que se establezcan las cuestiones investigadas por el fiscal Walter Jurado, los adolescentes tengan la seguridad necesaria en su derecho a la integridad personal física y psíquica. Las mismas fuentes indicaron que la semana pasada, el Irar tenía más chicos de los que permite su capacidad.

Antecedentes. En el Irar, que ahora lleva el nombre de Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, hubo al menos cuatro casos similares en los últimos años. Néstor Salto murió en abril de 2007, tras prenderse fuego en un calabozo; Jonatan Retamoso tenía 16 años y una pequeña hija cuando el viernes 16 de diciembre de 2011 le dijeron a su madre que lo habían encontrado muerto en una de las celdas; Fabián Lucero, de 17 años, estaba por tercera en el Irar cuando lo encontraron con una sábana al cuello, en octubre de 2012, había anunciado que si lo volvían a encerrar allí, se mataría.