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El ministro de Defensa, Oscar Aguad, decidió anular una resolución que había pasado a retiro a 25 militares durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Aguad hizo propia la versión de estos ex militares: sostuvo que no habían sido ascendidos por ser familiares de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. “Una muestra del populismo”, tronó el ministro de Defensa de Mauricio Macri. No obstante, la resolución que firmó para anular la anterior no dice nada de eso: los pasa a retiro y les computa los ocho años transcurridos como si hubieran estado en actividad, por lo que les dará una “indemnización” extra. La ex ministra de Defensa Nilda Garré le salió al cruce: “La decisión de no ascenderlos no fue por ‘ser hijos de’, sino porque ellos no manifestaron conductas democráticas”. Uno de los que ahora Aguad decidió indemnizar es el
teniente coronel Roberto Augusto Vega, que en su momento reivindicó en un acto ante soldados la lucha “contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiar la bandera por un trapo rojo”.
El 29 de noviembre de 2010, Garré pasó a retiro a 25 militares, lo que generó un revuelo en los círculos castrenses y tuvo su correlato en editoriales del diario La Nación. Varios de los militares iniciaron causas por supuesta discriminación ideológica y denunciaron que se los apartaba por tener vínculos sanguíneos con genocidas. Garré respondió en su momento que no los había dado de baja por sus vínculos sanguíneos, sino por su accionar en democracia. En protesta, renunciaron en ese momento varios camaradas de armas, entre ellos el teniente coronel Alejandro Díaz Bessone, hijo de Ramón Genaro Díaz Bessone. Garré aclaró que no dudaba de su vocación democrática y que por eso no había sido removido.
Aguad indemniza
El viernes pasado, Aguad decidió anular la resolución de Garré y pagarles una indemnización a esos 25 militares, que corresponde a los últimos ocho años que estuvieron en retiro. Se calculará como si hubieran estado en actividad, pese a que un militar no podría estar más de tres años con el mismo rango. Ante la consulta de este diario, en el Ministerio de Defensa dijeron no poder precisar el monto total que le costará al Estado esta decisión.
Las razones de esta medida de Aguad son muy distintas en las declaraciones que hizo a distintos medios y en la resolución que firmó. “Es una reivindicación ante una injusticia, como fue dejar fuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, dijo Aguad al diario La Nación. “Algunos de esos militares, del Ejército y la Armada, serán ascendidos a coroneles y generales, pero no vuelven a la actividad, quedan retirados”, aseguró a Infobae. El funcionario macrista no explicó cómo “serán ascendidos” si los pasa a retiro y si, además, esta es una atribución del Senado, que deberá resolver sobre el tema.
La resolución que suscribió Aguad no dice nada de esto. Señala que la norma firmada por Garré fue “un acto administrativo que ostentó todos los elementos necesarios para su validez pero que no explicitó las razones por las cuales el personal por ella alcanzado debía ser calificado como se calificó”. En base a esto decidió anularla por “ilegitimidad consecuente de falta de la ausencia de motivación” y por considerarla “un acto irregular, ilegítimo y afectado de nulidad absoluta”. Aguad decidió en la resolución pasar a retiro a estos militares, pero les concedió este “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad, lo que sigue como consecuencia directa e inmediata del restablecimiento del ordenamiento jurídico que por esta vía se dispone”. Sería una suerte de indemnización.
Luego de pasarlos a retiro, Aguad instruye a los jefes de las tres Fuerzas Armadas “a continuar los trámites de ascenso retroactivo de aquel personal comprendido en la presente que hubiera sido clasificado como ‘propuesto para el ascenso’”. No obstante, el Ejecutivo propone los ascensos y el Senado los aprueba. No queda claro cómo les darán un ascenso retroactivo.
“Un disparate”
“Lo que hizo Aguad es un disparate desde todo punto de vista. La decisión de no ascenderlos no fue por ‘ser hijos de’, sino porque ellos no manifestaron conductas democráticas”, afirmó Garré en diálogo con PáginaI12. “Uno no es responsable por lo que hicieron sus padres. Si es responsables por las ideas que tiene y las conductas que ejerce”, indicó.
“Eran personas que, a nuestro juicio, no acreditaban una vocación democrática y que defendieran el Estado de Derecho y los derechos humanos”, insistió la ex ministra de Defensa.
–¿La resolución no tenía fundamentos, como señala Aguad?
–No hay que fundar la resolución. La posibilidad de ascender o no es una facultad que tiene el comandante en jefe de las Fuerza Armadas, que es el Presidente. Se hace por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. En la carrera militar, uno no tiene el derecho absoluto de llegar al último grado del escalafón. Solo un grupo llega a completar la totalidad de la carrera. El Presidente, que es el comandante en jefe, tiene la responsabilidad de recomendarle a otro poder del Estado, como es el Senado, a los oficiales para ser ascendidos.
–¿Cuáles fueron las conductas que motivaron que se los pasara a retiro?
–En algunos casos, fueron personas que hicieron expresamente declaraciones de apoyo a la dictadura. O que no se diferenciaron de lo actuado en esa época. Recordemos que iban a ser promovidos para conducir las fuerzas. Es muy serio a quién se manda a conducirlas. La presidenta no podía proponer ascensos al Senado sin estar segura de su vocación democrática.
Los militares
Los involucrados en esta indemnización que resolvió el Gobierno de Macri pertenecen a las tres fuerzas. Entre ellos, está el teniente coronel Roberto Augusto Vega, quien en 2005 recibió una sanción por un discurso que dio en la ceremonia de juramento de la bandera ante los soldados que estaban recibiendo instrucción. Les dijo: “¡Mírenla bien! Porque es la misma bandera por la que varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”. Se refería a un enfrentamiento de mayo de 1975 con el ERP del Comando Táctico de Famaillá, donde comenzó a funcionar el primer campo de concentración durante el Operativo Independencia en Tucumán.
Otros involucrados del Ejército son Roberto Ruzzante, quien habría mostrado su solidaridad con el represor Alejandro Duret; y también el teniente coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por delitos de lesa humanidad.
De la Fuerza Aérea, en la resolución de Aguad figura solamente el vicecomodoro médico Omar Eduardo Hermida. Algunos de los ex marinos que incluyó pertenecieron al círculo del ex jefe de la Armada Jorge Godoy, condenado por el espionaje ilegal en Trelew, y –según fuentes con conocimiento del sector militar– estarían hoy trabajando para Cambiemos. Entre los involucrados de la Armada están James Ronald Whamond –quien es sobrino del difundo Francis Whamond, integrante del grupo de tareas de la ESMA–, Jorge Sciurano –cuyo padre fue ministro de Gobierno de Santa Fe en la dictadura– y Juan José Lucena –hijo de un imputado por la desaparición de personas en Catamarca–. Todos alegaron que fueron estos lazos los que los llevaron a no ser considerados para el ascenso. Aguad ayer les dio la razón.
