La temporada de verano se caracteriza por dos hechos principales. Hay una superpoblación de policías en la costa bonaerense, hasta en balnearios pequeños como Nueva Atlantis, y faltan turistas que gasten en casi todos lados. Al Gobierno no parece preocuparle la continuidad del clima recesivo. No hay voces oficiales que estén anticipando el final de la crisis y el inicio de una etapa pujante de crecimiento. Ni siquiera hay ministro de Economía para ello. Es un cargo que ya no existe. Ahora se llama ministro de Hacienda, cuyo titular es Nicolás Dujovne, un economista que está a la derecha del FMI. Trabajó en el equipo económico de Roque Fernández (de la ultraortodoxa universidad CEMA), en los últimos años del menemismo, y fue asesor permanente del sistema financiero. Es un hombre de las finanzas, no de la producción ni del mercado interno. De hecho, las señales que fue transmitiendo desde su demorada asunción, tras el final de las vacaciones del Presidente, son de profundización del rumbo económico. Más apertura comercial, más desregulación de mercados, más liberalización financiera, más integración con los organismos internacionales, más flexibilización laboral. La consecuencia de esa decisión política son los pocos turistas que gastan en Argentina y la fuga de capacidad de compra hacia Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Miami, con miles de ciudadanos que disfrutan del acceso al dólar vía endeudamiento estatal, la otra cara de la autopista importadora. El Presidente anticipa que quitará feriados por decreto y confirma el final de Fútbol para Todos; el ministro de Energía ratifica aumentos de la electricidad para febrero y el gas para abril, tras un alza del 8 por ciento en los combustibles; el Banco Central no baja la tasa de interés porque no encuentra nadie que lo respalde en su pronóstico de que la inflación caerá de 41 por ciento en 2016 a 17 por ciento este año; los supermercados están remarcando en grandes tandas de productos del 5 al 20 por ciento. La cosecha record se perdió por la inundación y la sequía, y especialmente agravó la situación de economías regionales castigadas como la tambera. Brasil con suerte crecerá 0,5 por ciento en 2017, según las expectativas de mercado en ese país. Se presiona a gremios para que acepten condiciones laborales y salariales a la baja, como a los petroleros, o a través de acciones empresarias, como la del Grupo Clarín con el cierre de la imprenta AGR. No hay señales que tiren para arriba el consumo y la inversión productiva. El mensaje es que 2017 será como 2016, pero más duro. En ese contexto económico complicado, donde el Gobierno busca consolidar un nuevo patrón de distribución regresiva del ingreso, se entiende la superpoblación de policías en el año electoral, así como la movida para instalar los debates sobre la baja de la edad de imputabilidad y los controles a inmigrantes. En lugar de fábricas y de las inversiones que no llegan, el Gobierno despliega policías como estrategia de campaña.

  El Presidente, por su parte, no se da por enterado de que el Indec fijó el crecimiento económico de 2015 en 2,6 por ciento. Mauricio Macri sigue repitiendo como un autómata que la economía no creció los últimos cinco años, pese a que el organismo estadístico a cargo de Jorge Todesca ya corrigió dos veces su estimación de avance del PIB durante el último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner y lo ubicó en 2,6 por ciento. También aclaró que en 2013 el crecimiento fue de 2,3 por ciento. Macri demuestra con esa afirmación que no tiene claros los números o que miente a consciencia. Si esa es su percepción de lo que pasó, poco crédito puede darse a sus proyecciones sobre lo que ocurrirá con la economía en los próximos meses. Lo mismo ocurre con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien el 24 de abril del año pasado decía que no había una crisis de empleo y que los despidos eran “casos particulares”. Cuando hizo esa afirmación se llevaban perdidos 30 mil puestos de trabajo. Cinco meses más tarde, a fines de septiembre, ya eran 127 mil, según publicó también el Indec esta semana. No haber visto la crisis laboral les costó a 100 mil trabajadores quedar en la calle. Otra interpretación que se escucha en ámbitos sindicales es que los despidos son parte de la política de gobierno, tras lo cual vendrá –como está llegando– la flexibilización laboral.

  Frente a tales errores de diagnóstico, sectores industriales alertan que 2017 arrancó igual de mal que 2016 y descreen de la reactivación que prometen –ya sin fecha precisa– las autoridades.  El 10 de enero hubo una reunión de cinco sectores productivos “sensibles”, por su vulnerabilidad frente a las importaciones, en un auditorio de Costa Salguero, en el marco de la feria anual de la cámara del calzado. Estuvieron los presidentes o principales representantes de las industrias metalúrgica, textil, de marroquinería y juguetes. Trazaron un cuadro de situación en cada rubro y expusieron estimaciones sobre lo que puede suceder este año. “Nadie está pensando en volver a pagar horas extras, sumar un turno o producir más. Es un año que pinta muy difícil”, describe uno de ellos, quien anticipa que se analizan acciones conjuntas para alertar a la población sobre los riesgos que entraña la política económica para la industria nacional y para el empleo. Desde la Cgera, a su vez, se coordinan encuentros con sindicatos industriales y centrales obreras para avanzar en la misma dirección. Ya hubo reuniones en los partidos de Tres de Febrero y Morón y se preparan otras en La Matanza y San Martín, en el conurbano bonaerense. Son acciones defensivas frente a un Gobierno que no les garantiza su continuidad y mucho menos su expansión.

  Por el contrario, la nueva estrella del equipo económico, Javier González Fraga, quien promete acatar las órdenes del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien antes se deglutió a su amigo y socio de toda la vida, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, se despachó con un discurso explosivo en contra de los estímulos al consumo. “Hay que pagar salarios que sean sustentables en el tiempo, ya que cuando se regala dinero por algún mecanismo de gasto público financiado por inflación, es todo irreal”. Es decir, para el nuevo titular del Banco Nación hay que pagar salarios baratos o “competitivos” y dejar de “regalar dinero”, en referencia al gasto público en general y, presumiblemente por declaraciones previas, a los subsidios a la energía, el agua y el transporte. Más de fondo sostiene que ese gasto y ese consumo que eran alimentados por la redistribución progresiva del ingreso (financiado, por ejemplo, por las retenciones a las exportaciones) es “irreal”, porque genera inflación y la inflación lo carcome todo. La conclusión es que hay que dejar de gastar en consumos inflacionarios y enfocarse en la inversión. El problema de González Fraga es que asumió un año tarde. Ese discurso podía ser eventualmente apropiado para los agentes económicos en diciembre de 2015, cuando la quita de estímulos al consumo todavía no se había producido. A esta altura, cuando se ve a las claras los resultados recesivos de esa política, González Fraga promete como solución lo que ya falló. No sirvió aumentar las tarifas, ni ubicar los salarios por debajo de la inflación, ni los despidos en el sector público que se multiplicaron en el privado, ni la apertura importadora, ni la desregulación financiera, entre otras decisiones de Cambiemos, para hacer crecer la economía. En 2017 tampoco ocurrirá, y menos si el Gobierno sigue advirtiendo a quienes tienen que producir que primero inviertan, esperen diez minutos, como dijo González Fraga, y pasen a cosechar. Hasta el FMI y la calificadora Moody’s, aliados del Gobierno, pusieron reparos a esa estrategia. Difícil que aparezca la inversión si no hay expectativas de recuperación del consumo.

  Los precios en los supermercados no alientan las compras en enero. Esta semana llegaron listas a grandes cadenas con aumentos generalizados del 5 al 20 por ciento en lácteos, gaseosas, vino, espumantes, café, galletitas, budines, fideos, enlatados, hamburguesas, artículos de tocador y de limpieza, entre otros, a lo que se agregan otros incrementos en el mes como en combustibles y expensas. La inflación, pese al discurso oficial, sigue siendo uno de los motivos de disgusto incluso entre votantes de Mauricio Macri, quienes, en cambio, lo siguen respaldando a capa y espada en su rol de líder de una fuerza política con la que se sienten identificados como oposición al kirchnerismo. Los movimientos en el terreno de la seguridad que empezó a desplegar el Presidente van en línea de reforzar esa afinidad ideológica, buscando una salida para dejar en segundo plano las debilidades de la economía. La pregunta que se develará en octubre, cuando lleguen las elecciones, es si esa estrategia alcanzará para que el oficialismo obtenga una ratificación electoral o si será castigado en las urnas. Una eventual derrota, con una economía dañada, enfrentaría a Cambiemos a un escenario con reminiscencias del 2001 que tuvo que soportar la primera Alianza.