El proyecto de Presupuesto 2019 que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, enviará a la Legislatura provincial establece una suba del 38 por ciento del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural. En paralelo al tarifazo, la iniciativa prevé un fuerte ajuste que es rechazado por sindicatos y organizaciones sociales.
Los legisladores bonaerenses esperan que, según la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo, Vidal envíe hoy su presupuesto. Organizaciones sociales y sindicales armaron esta mañana un acampe frente a la Legislatura para manifestar su rechazo a los recortes que la gobernadora quiere realizar el año próximo, en línea con lo que establece la Casa Rosada.
El Presupuesto 2019 de Vidal viene con ajuste y también con suba de impuestos. En medio de la crisis económica, los bonaerenses deberán hacer frente a un aumento del 38 por ciento del impuesto inmobiliario. En la Gobernación confían en la aprobación de la iniciativa. A los votos propios suman los del Frente Renovador y también los de algunos peronistas.
Además del fuerte incremento en el impuesto inmobiliario, el proyecto del Ejecutivo bonaerense incluye la creación de un gravamen al juego y contempla gastos por 929.000 millones de pesos, con un déficit de 40.000 millones de pesos
Obras públicas, desarrollo social, salud, seguridad y educación son las cinco áreas en las que se destinarían los principales recursos del Estado en 2019. El endeudamiento previsto para el año próximo en mercados de crédito es de 68.500 millones, lo que equivale a la actual deuda que tiene el distrito.
Los ingresos totales a las arcas bonaerenses en 2019 serían de 889.000 millones pesos, lo que redunda en un déficit del orden de los 40.000 millones pesos, en momentos en los que la provincia insiste en recibir unos 19.000 millones de pesos adicionales de parte de la Nación por el Fondo del Conurbano en concepto de actualización por inflación.
El gobierno de Vidal también propone la baja en Ingresos Brutos para algunos sectores. Para la producción primaria la reducción sería de 1,5 a 0,75 por ciento; para la construcción, de 3 a 2,5 por ciento; servicios profesionales, de 5 a 4,5 por ciento; transporte, de 3 a 2 por ciento; comunicaciones, de 5 a 4 por ciento; servicios inmobiliarios de 6 a 5 por ciento; electricidad, gas y agua, 4 a 3,75 por ciento.
