Tal como le pidieron los abogados de Cambiemos, el juez federal (subrogante) con competencia electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, insistió en sostener que debe ser su juzgado el que lleve adelante la causa sobre aportantes truchos a las campañas del partido gobernante en 2015 y 2017 y no la justicia penal, donde otro juez, Ernesto Kreplak, investiga posible asociación ilícita y lavado de dinero. Su resolución pide, además, que sea la Cámara Electoral la que resuelva el conflicto de competencia. De hecho, subestima y prácticamente descarta que se hayan cometido delitos y dice que el expediente se enmarca en la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, que solo prevé multas y sanciones. Todo este tironeo ocurre cuando en el expediente penal ya se comprobó que al menos 1147 personas pobres, beneficiarias de planes sociales y monotributistas sociales, figuran haciendo aportes de campaña que niegan, y también comenzó a declarar otro grupo de ciudadanos de clase media, que aparece con donaciones a través del sistema bancario –en cajeros de dos sucursales del Banco Nación, una en Recoleta y otra a metros de la Casa Rosada– que tampoco reconocen.

En la causa que tramita Kreplak fueron denunciados desde la gobernadora María Eugenia Vidal, como responsable del PRO en la provincia de Buenos Aires, los encargados económicos de la campaña bonaerense, hasta la ex contadora del gobierno provincial y tesorera del partido María Fernanda Inza. Esta última es la única que hasta ahora se presentó en el expediente y de hecho reclamó que el caso solo sea tratado como una infracción a las normas electorales. La causa que instruye Kreplak tiene como querellantes a un grupo de personas cuyos nombres aparecieron en las listas de aportantes a la campaña de Cambiemos en 2017, a algunos de los cuales incluso les inventaron una afiliación al PRO. Pero también está bajo la lupa la campaña presidencial de 2015, donde aparecieron candidatos a cargos de consejeros, concejales y hasta intendentes aportando dinero que dicen que no donaron. Los denunciantes iniciales, como La Alameda, que hizo su primera presentación en el fuero federal porteño, señalaron la hipótesis de lavado de dinero, también la senadora Teresa García y la diputada Florencia Saintout plantearon la posible existencia de una asociación ilícita.

¿Qué dice la resolución de Ziulu que se conoció ayer? “Es fácil concluir que la actividad desplegada por los denunciantes, sin perjuicio de las hipótesis delictivas que puedan haber desplegado en su presentación, se enmarca, claramente, en el procedimiento previsto en la ley 26215 (financiamiento) y a cargo de la competencia electoral”. Agrega que el juez penal no tiene ninguna obligación de ceñirse a lo que diga quien denuncia.  Luis Alén, uno de los abogados de las personas cuya identidad fue usurpada para justificar dinero de origen desconocido, dijo a este diario: “Es claro que aquí hay una maniobra de Cambiemos para matar la investigación y Ziulu se presta a ese fin, al negar que haya delitos penales. Sin embargo, Kreplak probó que los aportantes no habían aportado y que se les utilizó la identidad. Mis asistidos tienen otro delito del que se quejan, ya que los afiliaron falsamente al PRO, poniendo sus datos en fichas de afiliación, y eso es claramente un delito. Pero el juez Ziulu no dice nada de eso, ni le interesa saber de dónde salió el dinero, y si hubo lavado”.

La Cámara Electoral tendrá que definir, en primer lugar, si le corresponde intervenir en este caso a pesar de que ya lo hizo la Cámara Federal de La Plata. Luego, si acepta avanzar, tendrá que decir si pueden seguir tramitando dos expedientes en paralelo: uno electoral y otro penal, o si Ziulu y los abogados de Cambiemos tienen razón y es él quien debe concentrar todo. Uno de los argumentos a favor de esa salida es que él también tiene competencia penal. Pero en su resolución queda claro que por lo pronto descartaría avanzar en esa línea, lo que ayudaría a licuar las responsabilidades más graves, que podrían acarrear penas para los responsables. Un caso con algunos puntos en común que pasó para la Cámara Electoral es el de la campaña 2007 del Frente para la Victoria: ahí había una investigación penal que tenía entre sus principales implicados a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Salud, y otro expediente electoral. La jueza María Servini de Cubría decía que como la causa penal peregrinaba por distintos juzgados y no se definía, ella no podía avanzar. Lo concreto es que no avanzaba nada. Con ocho años de delay fue procesado Capaccioli por lavado, cuando el juez Ariel Lijo dio por constatado que hubo dinero que se destinó a esa campaña que provenía del tráfico de efedrina. En el ínterin, el tribunal de alzada le decía a la jueza que avanzara, pero nada cambiaba.

Otra decisión previa, funcional a la competencia electoral y a diluir las responsabilidades penales, pero que se produjo en Comodoro Py, la tomó el camarista Martín Irurzun, cuando decidió mandar el expediente a cargo de Sebastián Casanello –originado con la denuncia de La Alameda– al juzgado de Ziulu. Casanello se quedó con un tramo de la pesquisa sobre aportes truchos en la Ciudad de Buenos Aires.

El juez Kreplak tiene un enfoque muy distinto al de su colega Ziulu, porque algunas de las medidas que adoptó apuntan a conocer el origen del dinero camuflado con aportantes truchos, además de los responsables. La semana pasada le tomó declaración al periodista Hugo Alconada Mon, quien ratificó lo que escribió en su libro La raíz de todos los males: que cuando estaba en campaña Mauricio Macri les pedía a los empresarios el 1 por ciento de su patrimonio, y que fuera en negro. También aportó nombres de empresas. 

El juez también detectó maniobras de bancarización de aportes truchos: los días 4 y 5 de octubre del año pasado aparecen depósitos en cajeros de dos sucursales del Banco Nación (una en Recoleta y otra en Plaza de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno) con donaciones de montos que rondan los 20 mil pesos. Sólo en la sucursal de Avenida Alvear, ingresó 1 millón de pesos de estos supuestos aportes que se les atribuyen a distintas personas de clase media (comerciantes, monotributistas y algún empresario). La semana pasada declararon cinco de ellos: tres dijeron que nunca aportaron nada. Uno suponía que sacaron sus datos porque alguna vez se anotó para participar de los timbreos, pero negó vínculos con Cambiemos. Otros dos admitieron aportes en una cena de recaudación, pero dijeron que lo entregaron en efectivo, no depositaron nada. Uno dijo que no lo declaró en la AFIP porque no le dieron recibo. El otro dijo recordar que sí, por lo que se pidió la documentación al ente recaudador.