“El 38 por ciento es un número elevado, pero el impacto en la boleta no. Es lo que aumentan las propiedades en el año. Para tres de cada cuatro viviendas, el aumento promedio es de 28 pesos por mes y el ajuste máximo, de 99 pesos mensuales”. Así lo argumentó ayer el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, al referirse al aumento del impuesto inmobiliario definido en el proyecto de Presupuesto 2019. El ajuste se suma al revalúo de las propiedades de principios de año y alcanza tanto a viviendas rurales como urbanas. Antes que se exprese cualquier asociación de defensa de los castigados bolsillos del consumidor, la Sociedad Rural manifestó rápidamente su rechazo a la iniciativa. “El campo está en alerta porque no resiste más impuestos”, afirmó el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, a pesar de la fuerte ganancia cambiaria que obtuvo el sector con la devaluación.
Con el fin de compensar los recursos que resigna la Provincia por la eliminación del Fondo Sojero y la reducción de las alícuotas por Ingresos Brutos, la administración de María Eugenia Vidal proyecta un aumento del 38 por ciento del Inmobiliario rural y urbano. “Por supuesto que entendemos que hay situaciones en la Argentina y, lamentablemente, las cosas se desactualizan, entre ello los impuestos. Pero con un tipo de cambio atrasado, las economías regionales no pueden funcionar y todavía hay productores con dificultades”, fueron los dichos de Pelegrina, aunque el salto de 100 por ciento en el precio del dólar le significó al sector una ganancia extraordinaria.
Lacunza aseguró, en referencia al sector agropecuario, que “durante 2019, por segundo año consecutivo, vamos a bajar impuestos a la actividad, a la inversión, a los Ingresos Brutos”. “Es devolver recursos a los contribuyentes”, respondió el ministro bonaerense. Finalmente, prometió que la presión tributaria “va a bajar a partir de este mes, al nivel de la mitad de los dos anteriores”.
