“Habrá que analizar caso por caso y en el marco de la paritaria cómo se paga el bono. Si la paritaria recompone el salario, el bono tendría que ser a cuenta de eso, pero ese tema quedó en analizarse”, dijo ayer Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. Fue a la salida de la reunión entre el Gobierno, los líderes sindicales y los empresarios, con la amenaza de un nuevo paro general como mar de fondo. El Gobierno acordó con la CGT y las principales cámaras patronales la firma de un decreto que obliga a las empresas a pagar un bono de hasta 5 mil pesos en dos cuotas de 2500 pesos, la primera con el sueldo de este mes y la segunda en enero. Pero los empresarios insisten en que la medida deje la puerta “lo más abierta posible” para la discrecionalidad patronal. En esa línea, el Gobierno aclaró que el pago depende de la realidad sectorial. Además, se introducirían nuevas trabas burocráticas a los despidos, aunque el Gobierno nunca mostró una postura firme en contra de la pérdida de puestos de trabajo. “Cada sector deberá dialogar con sus gremios para establecer cuál es la situación, ya que el punto de partida es la heterogeneidad. Dependiendo de las regiones y los sectores, la realidad varía”, señaló ayer en un comunicado la UIA. El Gobierno adoptó la recomendación patronal.
El objetivo político del oficialismo, que estuvo encabezado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, es poner paños fríos al clima social, no sólo por la medida en ciernes de parte de la central obrera sino de cara a un fin de año que anota el peor resultado para los sectores populares desde 2002. Más allá de que la medida saldría a través de un bono, todavía hay grises que los empresarios buscan aprovechar para evitar el pago compulsivo. En promedio, los salarios perdieron 7,3 por ciento en el último año y 17,7 por ciento desde que asumió el gobierno de Cambiemos.
La falta de definiciones oficiales sobre los parámetros de la reunión con la CGT y las cámaras empresarias abre el juego para las especulaciones. Mientras los sindicalistas buscan cerrar el tema pronto para mostrar el bono como fruto de la amenaza del paro, los empresarios tratan de inclinar la cancha para que el pago sea lo más moldeable posible a la realidad de cada compañía. Las patronales perdieron “el primer chico”, ya que se estima que el bono saldrá por decreto oficial. Sin embargo, a diferencia de la primera versión que circuló por los medios, que planteaba que el bono compensador sería de 5 mil pesos en adelante, el Ministerio de Producción informó que el aumento será de “hasta” 5 mil pesos y que además la implementación no será compulsiva sino que dependerá de cada sector.
La laxitud en la implementación del bono está directamente en línea con la postura de la UIA. “Hay empresas que van a poder dar bonos o mejoras salariales y otras a las que no se les puede pedir eso. En este contexto, en las PyMEs los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelantos de vacaciones, bajar los horarios laborales. Eso es claramente para tratar de pasar este momento”, señaló ayer el presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Agregó que “es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40 por ciento, no todas las empresas pueden pagarlas, por eso hay que dar bonos”.
En una línea similar a Acevedo, el presidente del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, reconoció que “los salarios están retrasados, pero el otorgamiento de un bono de fin de año depende de cada sector”. En otras palabras, el empresariado cumple con la formalidad de dar cuenta de los estragos que hace la inflación sobre el poder adquisitivo del salario. Pero a la hora de mitigar ese deterioro, las respuestas son esquivas.
Por el lado de los despidos, el acuerdo para que las decisiones de achicamiento pasen por una instancia burocrática a cargo de Jorge Triaca tampoco implica una definición demasiado rotunda de defensa del empleo. Los propios empresarios recuerdan la situación de 2016, cuando se firmó un acuerdo tripartito que no impidió que las empresas aprovechen el contexto político pro-patronal para avanzar hacia los planes de “reestructuración”.
La UIA le pidió ayer al Gobierno la “agilidad y ampliación en el otorgamiento de los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) para las empresas que atraviesan coyunturas más delicadas”.
