Mientras la causa de los aportantes truchos a la última campaña electoral de Cambiemos avanza a pasos muy lentos en el Poder Judicial, luego de dos reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto el oficialismo y una parte del PJ consensuaron el proyecto que modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que podría ser tratado en el recinto antes de fin de mes.

Entre otros puntos, el proyecto acordado "blanquea" el aporte de las empresas en las campañas electorales, que en la práctica se realizaba de manera irregular mediante aportes a título personal de sus directivos o a través de aportantes truchos.

Según reconoció la propia Cámara Nacional Electoral la semana pasada, ese cambio favorecerá a los partidos de centroderecha o derecha, mientras que el financiamento exclusivamente estatal beneficiaba la equidad y, en consecuencia, a los partidos de izquierda.

Para favorecer el control, se eliminan los aportes en efectivo y se crea el "Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”, que estará disponible en la web de la CNE. También se crea un "Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión".

El dato más llamativo es que el nuevo proyecto habilita el aporte de personas jurídicas como las empresas pero prohíbe el de otras personas jurídicas como los sindicatos, opción criticada hoy mismo por el fiscal electoral Jorge Di Lello.

Además, se reduce a la mitad el tiempo de publicidad audiovisual gratuita establecido en la reforma electoral de 2009, que perjudicará a los partidos pequeños  y de centro izquierda.

El acuerdo alcanzado entre Cambiemos y un sector del PJ permite vaticinar que su aprobación será sencilla en el pleno del Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados todavía existen diferencias dentro del propio oficialismo, lo que podría dificultar su sanción el año próximo.

   El proyecto acordado, finalmente, establece "un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales".

En la misma audiencia se había reclamado que las sanciones recayeran sobre los candidatos (y no tanto sobre los partidos) y que se incluyera algún tipo de regulación sobre la publicidad en redes sociales.