La agencia FitchRatings bajó la calificación de estable a negativa la evaluación de la deuda en dólares de largo plazo de Argentina, que ya estaba en un nivel B. Los economistas de esa firma dedicada a analizar el grado de solvencia de emisores de bonos, ya sean públicos o privados, consideran que la economía argentina es mucha más débil que la previamente estimada, además abren dudas acerca de la promesa del gobierno de Macri de alcanzar un equilibrio fiscal permanente. Estiman que la recesión dificultará el objetivo oficial del Déficit Cero y que ha empezado a influir la elevada incertidumbre electoral. Esa descripción es bastante crítica, pero lo es más cuando indican que existen “perspectivas inciertas” de acceso a financiamiento en el mercado voluntario de crédito “a medida que se agoten los recursos del FMI”. Esto implica que Fitch está adelantando a grandes fondos de inversión internacional, bancos globales y grandes operadores del mercado que Argentina puede declarar un nuevo default en 2020, cuando se agotará el dinero provisto por el Fondo Monetario Internacional.

Fitch junto a Standard & Poor’s y a Moody’s se dedican a poner notas a títulos de deuda de países y compañías. En la crisis de 2008 fueron muy criticadas porque no enviaron señales de prevención a los inversores del colapso que se venía y, por el contrario, desestimaron las luces de alerta que enviaba el mercado de crédito hipotecario lanzado a una espectacular burbuja especulativa. La pérdida de reputación por ese impresionante fallido las obligó a elaborar manuales de procedimiento y análisis rigurosos para no repetir esa experiencia traumática. Es en ese contexto que, pese a que un gobierno de derecha y pro mercado se ha lanzado a uno de los ajustes fiscales más profundo de la historia de los acuerdos con el Fondo, según la definición realizada por los técnicos de ese organismo internacional, Fitch se cura en salud al advertir de un probable default de la deuda argentina en 2020. No lo dijo con esas palabras, sino que utilizó el giro “riesgo para la sostenibilidad de la deuda soberana”. 

El cálculo que realizaron los economistas de esa empresa calificadora de riesgo es que las necesidades de financiamiento del año próximo sumarán 39 mil millones de dólares, que serán cubiertos con 23 mil millones de los desembolsos programados del FMI, con créditos de otros organismos financieros internacionales y con la refinanciación de la deuda en manos del sector público. Con ese esquema, la economía argentina no necesitaría salir a buscar financiamiento en el mercado de capitales en 2019, pero Fitch advierte que “el acceso al mercado externo volverá a ser importante a partir de 2020, a medida que se vayan terminando los desembolsos del FMI”. El análisis es más crítico para 2021, cuando ya no haya giros de dólares del Fondo, lo que lleva a la agencia a señalar que “es probable que el sentimiento del mercado sea sensible a un panorama económico y político incierto”. 

Esas advertencias fueron puestas en cifras que muestran el grado de solvencia de una economía endeudada, números que no son muy auspiciosos para la economía argentina. Fitch proyecta que la deuda pasará a ser equivalente al 93 por ciento del Producto Interno Bruto en este año, cuando era de 57 por ciento en 2017, y apenas disminuirá al 89 por ciento en 2019. Ese brusco salto en ese indicador de solvencia se produjo por dos factores que actuaron en simultáneo: la fuerte devaluación y la caída del PIB. Como gran parte de la deuda emitida por el gobierno de Macri fue en dólares, la depreciación de la moneda doméstica aumentó el grado de vulnerabilidad. Los economistas de Fitch subrayaron que la caída del PIB en términos reales, las altas tasas de interés reales sobre la nueva deuda y los déficits fiscales persistentes “aunque menores” -aclaran-, son los principales riesgos para “la sostenibilidad de la deuda”.

La calificación “B” de Argentina, según Fitch, refleja la alta inflación y la volatilidad económica que han persistido a pesar de los esfuerzos por ajustar las políticas en los últimos años, una débil posición de liquidez externa y una pesada y altamente dolarizada carga de deuda soberana. A la vez, indica que esas debilidades se equilibran por el alto ingreso per cápita, una economía grande y diversificada y mejores calificaciones de gobernabilidad. Para concluir que “aunque estas fortalezas estructurales han proporcionado un apoyo limitado al perfil crediticio del soberano, como lo demuestra su débil historial de pago de la deuda”.