La Cámara Penal dispuso que el juicio contra nueve imputados por la desaparición de la sanlorencina Paula Perassi, comience antes de marzo de 2019. “Si no dicen dónde está Paula, pediré que se pudran en la cárcel”, dijo ayer Alberto Perassi al salir de una nueva audiencia. Fiscalía y querella confirmaron que el debate finalmente se realizará en la ciudad de San Lorenzo. El camarista Carlos Carbone habló de “desidia”, ya que pasaron siete años desde el inicio de la causa. Por eso instó a que las partes y la Oficina de Gestión Judicial sanlorencina arbitren los medios y recursos que sean necesarios para no dilatar más el debate oral y público, ni la respuesta debida a los familiares.

En una semana, Gabriel Strumia –amante de la mujer, que estaba embarazada de seis semanas, y principal acusado de su desaparición- hizo dos intentos de salir en libertad. Primero, la semana pasada, con un recurso de hábeas corpus que fue rechazado por la jueza Georgina Depetris, quien confirmó su detención. Ayer probó con un recurso de apelación a la orden de prórroga de la prisión preventiva, que se dio en primera instancia. Su defensa señaló que lleva más de tres años en prisión preventiva, sin juzgamiento. Hablaron de una “tortura” para el imputado y su familia. Si bien la ley indica que ése es el plazo máximo establecido, la Fiscalía y la querella pidieron que se tenga en cuenta la gravedad de la causa, en la que Paula sigue desaparecida, y hablaron de un caso que podría compararse con uno de lesa humanidad.

El fiscal Donato Trotta aseguró que la defensa busca la libertad con los mismos argumentos de siempre, que fueron rechazados una y otra vez. Al hablar de la importancia de la causa, con cuatro civiles y cinco policías sindicados, recordó el recorrido que tuvo. El expediente tropezó, además, con el traspaso de causas al nuevo sistema penal, lo que significó más demoras. “Queremos el juicio ya”, aseguró.

El abogado querellante José Ferrara agregó que después del juicio a la banda de Los Monos, la de Perassi es la segunda causa penal más importante en la provincia, que también tiene a jefes policiales involucrados en un delito que sigue cometiéndose.

Frente a ello, el camarista les dio la razón a las partes respecto de la falta de una fecha cierta para dar inicio al debate, mientras se siguen venciendo plazos para presentaciones y detenciones. Habló de una situación “patética” y lamentó que el nuevo sistema penal se haya “vendido a la sociedad como más justo”. Al mismo tiempo consideró contradictorio que los legisladores reglamenten leyes, pero que luego no haya recursos para cumplirlas. “Esto es el ejemplo de lo que no debe pasar”, dijo.

Al resolver, extendió la prisión preventiva de Strumia en seis meses e instó a las partes y a la Oficina de Gestión Judicial de San Lorenzo a que se ponga fecha de juicio, no más allá de marzo de 2019.

Al salir de la sala, Alberto no pudo contener las lágrimas. “Tortura, dijeron, que él está sufriendo una tortura. Entonces qué queda para nosotros, que no sabemos dónde está nuestra hija. Hasta acá yo dije que no quería meter preso a nadie, sino que busco que aparezca el cuerpo de mi hija; pero si sigue este pacto de silencio, voy a pedir que se pudran en la cárcel”, sentenció.

"Aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad agravada" son los delitos más graves con los que pretenden llegar a juicio Fiscalía y querellantes. Entre los acusados también aparece la esposa de Strumia, Roxana Michl; su empleado Antonio Díaz y Mirta Rusñisky, señalada como quien practicó el aborto clandestino sin consentimiento practicado a Paula. Entre los policías imputados esperan el juicio Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María Galtelli; y los jefes Jorge Krenz y Adolfo Daniel Puyol.

Paula Perassi tenía 34 años el 18 de septiembre de 2011, cuando salió de su casa alrededor de las 20. Dijo que iría a buscar la tarea a uno de sus hijos y nunca regresó.