Con el fin del ciclo lectivo cada vez más cerca, las familias del jardín maternal del hospital Ramos Mejía siguen a la deriva. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió cerrar la sala de lactarios 2019 y advirtió que en 2020 y 2021 hará lo mismo con las salas de 1 y 2 años. La política de ajuste intentó ser maquillada por el Gobierno porteño como una “falla del sistema” –cuando los padres intentaron anotar a sus hijos en la preinscripción online 2019 y no encontraron la sala dentro de la oferta educativa– pero luego tuvo que ser blanqueada como una “decisión política” por parte de la actual gestión. “Es una desarticulación del nivel inicial, volver 30 años hacia atrás. Es una política de recorte y de desinterés, cuidado para algunos y educación para otros. Porque esto solo pasa en el sur de la ciudad, no en el norte”, dijo al respecto Monona Gutiérrez, referente de nivel inicial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). Por el cierre del jardín y contra la Unicaba, el gremio anunció un paro docente para el 22 de este mes.
“Entre el 1 y el 12 de octubre se abrió la preinscripción online. Cuando los padres ingresaron, no había ninguna oferta de vacantes en la sala de lactarios. Hicimos reclamos en el Ministerio pero nos decían que era un error del sistema”, relató Valeria Scaffa, docente del jardín y delegada de la UTE. “Recién el 10 de octubre convocaron desde el Ministerio al equipo de supervisión del distrito escolar y al equipo de conducción de nuestra escuela para anunciar que no se va a abrir el lactario por una decisión política”, continuó.
Las autoridades les comunicaron, además, que la intención era cerrar también las salas de 1 y 2 años. “Ese día nos informaron sobre el proyecto de construcción de un nuevo edificio en la intersección de Belgrano y Jujuy, pero solo para chicos de 3, 4 y 5 años”, contó Scaffa. “Ellos hablan de un traslado, pero esto es un cierre, porque los chicos entre 45 días y 2 años no están contemplados en el edificio nuevo, se quedan sin nada”, explicó.
“En una reunión posterior –continuó la docente– dijeron que esto es parte de una política de traslado de edificios viejos que ya no son adecuados para desarrollar tareas educativas. El problema es que solo están mencionando a una parte del jardín. Nos dijeron que tienen más demanda en salas de 3, 4 y 5 cuando no es lo que sucede en nuestro distrito. Acá solo hay dos maternales más y hay largas listas de espera porque no hay capacidad suficiente”. El jardín está compuesto, en su mayoría, por hijos de trabajadores del hospital Ramos Mejía. “Es uno de los que mayor franja horaria ofrece, de 7 a 19.30. Antes estábamos de 6 a 21, pero este año nos recortaron el horario, complicando a muchas familias”, contó la docente.
En otros maternales de la ciudad, además, el número de vacantes ofrecidas es mucho menor que otros años. “El gobierno da como solución los centros de primera infancia. O les dice a los padres que se vayan a un privado, que se fijen si pueden pagar algún otro jardincito”, contó.
“Los CPI llegaron en un momento para cubrir una necesidad de vacantes: lo que pedimos es que ahora pasen a la órbita del nivel inicial. Porque los CPI no son escuelas, son como las viejas guarderías: no tienen plan educativo, son políticas de cuidado. Las maestras no son docentes y ganan la mitad”, explicó Monona Gutiérrez, referente de Nivel Inicial de la UTE. Y concluyó: “Nosotros estamos en contra de la desigualdad educativa: al pobre le dan políticas de cuidado y a los que están un poco mejor educación.
Informe: Azul Tejada.
