En medio de una creciente tensión política por la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de transferir a los municipios la tarifa social energética y un porcentaje de los subsidios al transporte, que generó un fuerte rechazo entre los intendentes y los legisladores de la oposición, ayer el Senado bonaerense habilitó el tratamiento formal de los proyectos de Presupuesto y de ley impositiva para el 2019. La semana próxima comenzarán las reuniones entre legisladores y ministros del Poder Ejecutivo.

“Vemos que es un Presupuesto que en vez de solucionar los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, los complejiza. Es centralista y avasalla a los municipios, al punto de dejarlos sin autonomía”, le dijo a la agencia Nova el intendente de Laprida, Alfredo Fisher. Los otros 65 intendentes opositores ya expresaron además su rechazo a la determinación del Gobierno bonaerense de trasladar el ajuste hacia sus territorios. La idea oficial es que las comunas absorban un piso de 10.500 millones sobre un total de 25.000 millones de pesos del recorte que el Gobierno nacional impuso a Vidal por el traspaso de transporte y tarifas eléctricas. “El año 2019 se presenta como un año desafiante en términos fiscales, ya que se traspasarán a la provincia responsabilidades que se encontraban en cabeza del Estado nacional, como las tarifas sociales de Edenor y Edesur, y los subsidios al transporte automotor de pasajeros”, explicaron desde la gestión al enviar su mensaje a la Legislatura. En esta línea, mientras en la Plaza San Martín de La Plata se desarrollaba un acampe convocado por gremios y organizaciones sociales, los funcionarios enumeraron los cambios que se llevaron adelante en el vínculo entre Nación y las provincias, con la eliminación del Fondo Federal Solidario, ajustando los montos destinados a obras y las transferencias corrientes.

“El traspaso de gastos a la provincia de Buenos Aires es de una importante magnitud, semejante al déficit previsto para 2019”, argumentó el Ejecutivo bonaerense al explicar su decisión de transferir parte del ajuste a las comunas. Además, consideró que resulta natural que los gobiernos municipales afronten el costo de la tarifa social de la energía eléctrica en virtud de la distribución geográfica de los beneficiarios. Esto implica un costo de 8.000 millones de pesos a dividir entre los municipios, según datos preliminares no expresados en el presupuesto consignados por NA. También se transferirán los costos de la Ceamse, por otros 2.534 millones de pesos.

El pasado miércoles el PJ bonaerense convocó a un encuentro con intendentes, legisladores y dirigentes gremiales para discutir el Presupuesto. Allí advirtieron que en la ley contempla un aumento del 100 por ciento para el pago de deuda sube 100 por ciento, mientras prevé ajustes que llevarán a los municipios a graves problemas en la tarifa eléctrica y el transporte. “El Presupuesto 2019 que María Eugenia Vidal envió a la Legislatura provincial tiene un solo objetivo: que el presidente Mauricio Macri pueda cumplir el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Y para lograr ese objetivo, la gobernadora decidió sacrificar a los bonaerenses en el altar de la deuda y de los impuestos”, destacó la jefa del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana-FpV, Teresa García, quien participó de la cumbre económica opositora. “La única partida presupuestaria que va en aumento respecto del año pasado es el ítem ‘Pago de Deuda’, que ya ocupa el tercer lugar en el ranking de gastos de la Provincia. Seguridad, Salud y Educación, así como el resto de las partidas, van todas a la baja, además de seguir perdiendo frente a la inflación”, sentenció.