Tucumán da otro paso en contra de los derechos de las mujeres. Después de declarar a la provincia “provida”, el término que adoptaron quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo, los diputados provinciales ahora avanzan con una nueva iniciativa. Presentaron un proyecto de ley para eliminar una de las causales del aborto no punible e impedir la práctica en los casos de violación. De ser aprobada, la norma también impediría que la mujer reciba información sobre sus derechos con respecto al aborto no punible y fomentaría la denuncia de los médicos en caso de "sospechas de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.

El proyecto, que fue presentado por 29 legisladores, propone la “no discriminación al niño por nacer” y establece “absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. En clara oposición a las causales establecidas por el Código Penal y ratificadas por el fallo F.A.L, dicho artículo vendría a evitar la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una de las causales del aborto no punible: los casos de violación.

Como si la restricción de ese derecho fuera poco, el proyecto que fue presentado el 1º de noviembre bajo el título “Protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer” considera, en su artículo 7, una forma de “violencia contra la mujer, toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”. 

En los casos de violación, el proyecto agrega la posibilidad de considerar “declaración falsa” el relato de la mujer y le otorga facultad a los médicos, y al resto del personal sanitario interviniente, para hacer la denuncia ante la fiscalía de turno y pedir la intervención del Defensor de Menores. El único requisito es la “sospecha de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.

“Técnicamente la provincia no puede modificar el Código Penal, no tiene valor jurídico para modificar los estándares de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo”, afirmó Soledad Deza, abogada tucumana especialista en derechos de las mujeres e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres por Mujeres. Justamente por eso, para Deza, el proyecto es “mucho más perverso” ya que supone una estrategia para construir sentido en contra del aborto legal y obstaculizar la práctica en los casos ya permitidos por ley.

Además de contradecir el Código Penal, la abogada advierte que la norma promueve también “la alteración del orden democrático” en cuanto a la confidencialidad y secreto profesional en la relación médico-paciente, otro delito penal. Además, la ley de Derechos del Pacientes, la 26.529, establece la obligatoriedad a brindar información de las prácticas sanitarias, en este caso la de la posibilidad de un aborto no punible en caso de violación.

“Es un mensaje político para debilitar la construcción de derechos y de ciudadanía. En la práctica va ser mucho más difícil acceder a lo efectores de salud. Es un mensaje cómplice a los efectores que históricamente han sido violentos con las mujeres y han violado sus derechos”, advirtió Deza y remarcó la gravedad de alentar a los médicos y profesionales de la salud a denunciar a las mujeres.

Desde Católicas por el Derechos a Decidir y Mujeres por Mujeres evalúan judicializar el proyecto por su inconstitucionalidad y hasta denunciar por “sedición” a los legisladores autores de la norma. “Estamos analizando varias alternativas. Vamos a judicializar el proyecto y apelamos al respeto de nuestros legisladores por el orden constitucional. La sedición es un delito penal que supone el desconocimiento de los derechos constitucionales y del orden democrático”, remarcó Deza.

Con 29 avales a su favor, lo más probable es que el proyecto se convierta en ley ya que la Legislatura de Tucumán cuenta con 47 miembros. En la misma Cámara, el próximo 28 de febrero perderá estado parlamentario el proyecto que busca adherir a la ley de Educación Sexual Integral. Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.