El juez federal Sebastián Casanello consideró que no hay evidencias para procesar a Cristina Fernández de Kirchner en el expediente sobre lavado de dinero que tiene como principal imputado a Lázaro Báez. La Casa Rosada, utilizando parte de su grupo de tareas judicial –la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)– insistía en que el dinero de Báez era de CFK o que el constructor era testaferro de la ex mandataria, pero todas las pruebas indican que las cuentas con dinero que Báez sacó al exterior así como las sociedades constituidas en el extranjero y la propia Austral Construcciones figuran a nombre de Báez o sus allegados, con los cuatro hijos del constructor como últimos beneficiarios. También el testamento de Báez es categórico: ordena la constitución de un fideicomiso con su esposa e hijos como beneficiarios, poniendo condiciones de que los bienes no se dividan hasta transcurridos diez años de su muerte. O sea que los bienes son suyos, no de otra persona. Pese a las evidencias, el juez ordenó que se siga investigando. 

A lo largo de 33 páginas, Casanello expuso todas las hipótesis que fueron presentadas por el fiscal, Guillermo Marijuán, la UIF y la OA. La Cámara Federal –Martín Irurzun y Mariano Llorens– había adquirido un protagonismo sin antecedentes al obligar al juez a indagar a Cristina, pese a que no tenía un hecho concreto para atribuirle. CFK no hizo una transferencia, no figura en una cuenta, no está nombrada en ninguna operación e incluso hay una declaración categórica del arrepentido Leonardo Fariña refiriendo que Báez le dijo que todo el dinero era suyo y que, si hubo negocios con Néstor Kirchner, todo se terminó a su muerte. “‘Néstor era mi amigo desde siempre –le dijo Báez a Fariña–. Ella no”. 

Los acusadores insistieron con algunos argumentos llamativos. Por ejemplo, que Báez y Néstor Kirchner tuvieron negocios conjuntos –terrenos, construcción de algunas unidades de vivienda, alquiler de hoteles–, que se sacaron fotos juntos, y que eso era prueba de que el dinero del constructor seguramente era también de la ex mandataria. En ese marco, sostuvieron que como Báez sacó 60 millones de dólares a cuentas en Suiza; que constituyó muchas sociedades en Panamá, Bahamas y Seychelles, dedujeron que también CFK fue parte de esas operaciones que el juez califica como operaciones de lavado de dinero. 

De forma detallada, Casanello demuestra que todas las sociedades están constituidas por el entorno de Báez, principalmente Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco, y tienen como únicos beneficiarios a los cuatro hijos de Báez.  

La OA argumentó que el testamento podría ser un indicio de que el dinero de Báez no era de él. Casanello demuestra que el texto establece que con todos los bienes del constructor, en caso de muerte, se forme un fideicomiso, con su esposa y sus cuatro hijos como únicos dueños, e impidiendo que la fortuna se divida, al menos en los primeros diez años posteriores a su muerte. El testamento ordena que si se quiere vender algún bien, debe ser mediante el acuerdo de su esposa e hijos, lo cual demuestra que la fortuna está cerrada en su familia y que no es testaferro de nadie. 

Casanello dicta la falta de mérito a Cristina, con lo que dice que no hay elementos para procesarla, aunque tampoco le dicta el sobreseimiento. Y en esa línea ordena una cantidad de medidas de prueba, la mayoría sobre sociedades existentes en el exterior. Hay una sociedad que se llama Aldyne, en Las Vegas, que es propietaria de otras 124 sociedades. El juez infiere que ahí hay sociedades armadas para ocultar bienes, no sólo de Báez, sino de muchos otros. Le pide a la UIF que insista con los intentos de colaboración para esclarecer a quién pertenece todo ese entramado. Una buena parte de las sociedades fueron descubiertas por los fondos buitres, que trabajaron denodadamente para buscar bienes que pudieran ser de los Kirchner y de esa manera presionar en el durísimo conflicto que tuvo escenario en Nueva York. 

Una parte del dinero salió de la Argentina hacia Suiza a través de las financieras Provalor y SGI. A esta última, los grandes medios le decían La Rosadita, como una forma de vincular la financiera con el gobierno kirchnerista. Sin embargo, Angelo Calcaterra y buena parte de los empresarios macristas operaron a través de SGI. En la resolución de ayer, Casanello le dice a la UIF que, según la declaración como arrepentido de Fariña, se utilizaron varias “cuevas” para fugar dinero, por lo tanto la UIF debería concentrarse en investigar a esas “cuevas” y quienes operaron en ellas. Será una verdadera caja de Pandora. 

Es posible que la Cámara Federal termine procesando a Cristina en este expediente. El problema es que hasta ahora ni el fiscal ni la OA ni la UIF pudieron aportar una sola evidencia, un documento, una sociedad, una cuenta, que vincule a CFK con esos fondos que movió Báez.

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