Sobre una mesa redonda y bajita, en un rincón del despacho del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, hay tres libros iguales desparramados que tienen la cara de Frankenstein en su portada. “Ensayo sobre el prejuicio”, es el nombre. Lo escribió él, como parte de un gusto que se da cuando no elabora sentencias. “Frankenstein, o el rechazo a lo diferente”, dice un subtítulo. Imposible no ligarlo con algunas escenas de estos tiempos. “El bullying”, pone él como ejemplo. Pero bien podrían entrar en la lista la estigmatización de los extranjeros, de los pobres, de las personas con discapacidad. Y es el terreno donde el supremo empieza a cuidarse de lo que dice porque todo puede ser el día de mañana un caso judicial en la Corte. La preocupación que prioriza ahora, sugiere, es modificar la cultura cortesana donde un expediente puede quedar capturado en algún despacho y demorar años en ser resuelto. Es posible, anuncia, que el tribunal comience a hacer una agenda pública donde anticipe, con fechas, la resolución de casos de interés público. De acá a fin de año todo indica que esa lista incluiría: una nueva sentencia que revierta el 2x1 a favor de los represores, otra sobre la ley que obliga a jueces y juezas a pagar impuesto a las ganancias y, quizá, una sobre reajuste de jubilaciones, que tendría impacto para miles (ver recuadro). 

Como todas las oficinas de la Corte, la de Rosatti parece un cómodo living con sillones. Apenas se ve algún cuadro de San Martín y las Islas Malvinas. El supremo habla (con cuidados términos institucionales) del desaire de la Corte ante la invitación del Gobierno a un almuerzo, al que sólo fueron el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz y la vice, Elena Highton de Nolasco. Alude al uso político de expedientes en la justicia como un problema histórico a “erradicar”. Dice que el juez o jueza que se sienta presionado “debe denunciarlo o renunciar”. Son días en que se perciben tensiones dentro del más alto tribunal, que parece dividido entre las autoridades y el resto, una posible “mayoría peronista”, que Rosatti niega que sea tal. 

–¿Por qué decidieron cortarle el mandato como presidente a Ricardo Lorenzetti? 

–Esa fue una segunda decisión. La primera fue la elección de autoridades. Cuando resultó elegido Rosenkrantz, se discutió si era conveniente que iniciara antes la transición. Todos estuvimos de acuerdo en que empezara antes el mandato. Como se venía fin de año, pensamos en la importancia de utilizar el tiempo que quedaba. Para algunas cuestiones era relevante que quien asumiera tuviera tres años de mandato por delante. Por ejemplo, pensamos en el diálogo con el Congreso por el presupuesto, para el Poder Judicial. Rosenkrantz ejerce la función de representación hacia afuera. 

–¿Por qué un grupo de ustedes decidió no ir al almuerzo convocado por el Gobierno? 

–Fue la decisión que se tomó en un acuerdo, dos semanas atrás. Se decidió que la Corte estaba representada por el presidente y la vice. 

–¿Les parecía bien sentarse a comer con el Gobierno? 

–Nos pareció que ante una invitación formal estaba bien que la Corte estuviera representada por el presidente y vice. Analizamos antecedentes. Había gente que se acordaba de otras invitaciones hace muchos años. Lo que nunca hubo fue una invitación a los cinco integrantes, o a toda la Corte, salvo en el inicio de las sesiones ordinarias, o en el acto de Afonsín hace poco, pero era un acto abierto. En este caso era una invitación que llegó del Ministerio de Justicia y decía que iba a estar el ministro, el Presidente y creo que el jefe de Gabinete. 

–¿Hay una “mayoría peronista” en la Corte? 

–No. Por un lado está la elección de autoridades que es una decisión que se toma cada tres años, cuyo resultado responde a la valoración que cada uno haga de la situación. Esa decisión terminó cuatro votos a uno. En mi caso sabía que había dos postulantes porque ambos me lo dijeron, y ambos sabían en el momento del acuerdo que conversamos el tema, por quién yo me iba inclinar. Los votos de los fallos tienen otra lógica. Uno falla en un caso previsional, laboral, penal, según la ley. Eso no puede cambiar cada vez que cambia el Presidente. Uno no puede decir “ahora la prisión preventiva la entiendo diferente porque cambió el Presidente”. Yo no he cambiado el sentido de mis votos. Yendo a la “mayoría peronista”, todos tenemos un pasado. Yo estoy orgulloso del mío y de mi pertenencia, que cesó al ingresar a la Corte, porque uno se tiene que desafiliar. Todos tenemos una forma de pensar y algunos adherimos a algo. Algunos más explícitamente que otros. En mi caso, he tenido cargos públicos políticos siempre dentro de la democracia y siempre dentro del mismo partido. Cuando se analizó mi pliego y tuve la audiencia pública en el Senado, en las exposiciones finales de los presidentes de bloque, donde recuerdo la de Angel Rozas y Miguel Pichetto, ellos tuvieron palabras elogiosas respecto al pasado político de un candidato a la Corte, asumiendo que esto implicaba un compromiso. El Senado, que me dio el acuerdo con 60 votos, entendió esto como un valor. 

–¿Existe una “politización” del Poder Judicial en sus decisiones? 

–Hay un fenómeno bastante global que es que frente a cierta defección de los poderes representativos para resolver determinados problemas hay una judicialización creciente y un traslado de responsabilidad hacia los poderes judiciales. Se judicializan temas que antes eran considerados políticos no judiciables. Se proyecta este tema hacia un tribunal de justicia, y después se está pendiente. Y si dice blanco o negro, resulta que está politizado. Me parece que la línea entre lo político judiciable y no judiciable se está corriendo y no sólo pasa en Argentina. Es una cara del problema. Luego están las llamadas injerencias de los poderes ejecutivos sobre los judiciales. Ahí soy un poco más escéptico. Los jueces tenemos herramientas suficientes para resistir todo tipo de presión. Si uno considera que está siendo presionado debe denunciarlo y si no debe renunciar a su cargo. Lo que no corresponde es cobrar el sueldo a fin de mes y no sacar una sentencia o sacarla varios años después, y decir ‘no lo hice porque estaba presionado’. Nosotros tenemos estabilidad, tenemos un sueldo decoroso, tenemos las herramientas suficientes, la constitución y la ley que nos ampara.  

–Pero no hace falta que se presione en forma directa a un juez... ¿No ve el uso político de expedientes? 

–Es algo que estuvo siempre y que hay que erradicar. No se puede explicar que con la misma prueba un juez saque una conclusión diez años después que la que tenía diez años antes. Para eso está en Consejo de la Magistratura. 

–¿Hoy hay sectores políticos que alegan que la justicia se usa para perseguirlos y que esto se instrumenta, por ejemplo, con el abuso de la prisión preventiva? 

–Esto va a llegar a la Corte y veremos cada expediente. 

–¿Por qué tiene tan mala imagen  el Poder Judicial? 

–Porque es lento. Para la percepción general, falta una ejemplaridad moral. Lo ve no modernizado en la tecnología. Ahora es más visible porque se mide. Me preocupa. Pero hay muchas herramientas para combatirlo. Por ejemplo, en materia penal, el juicio acusatorio. Debe ser implementado porque va a acelerar y democratizar el proceso. Yo soy defensor del juicio por jurados. Lo defendí como ministro de Justicia. Es una forma de administrar ciudadanía y generar un compromiso. La transparencia es otro factor. La exhibición de las declaraciones juradas de bienes, el patrimonio. 

–La Corte no da el ejemplo. El único que la exhibe es usted... 

–Se exhiben, lo que hay es una demanda para que sean más detalladas. Cada uno interpreta si corresponde sólo a pedido de un tribunal. Yo he tenido una interpretación más amplia. Es algo que hay que cambiar. 

–¿Es confiable la ciudadanía resolviendo un caso? 

–Por supuesto que sí. Lo digo en base a varios factores. Primero, hay que cumplir con la Constitución. Estamos en el marco de decisiones sobre si una persona es culpable o inocente. Hay terrícolas como los ingleses, nortaemaricanos, panameños, que lo aplican. Hay argentinos como los bonaerenes y rionegrinos que también. Yo no comprendo que el pueblo no esté preparado. Si los constitucionales de 1853, con el nivel de analfabetismo que había en esa época, entendían que el pueblo podía juzgar, como no voy a creer ahora que el pueblo pueda juzgar. Dicen que van a estar influenciados por la opinión pública ¿y quién dice que el juez no lo está? El juez sale de la sociedad. El jurado también. Sería una herramienta muy importante. De auténtica democratización.