Luego de tres días de juntar firmas, Cambiemos y un sector del peronismo lograron avanzar en una reforma clave para el sistema político. El oficialismo junto a varios integrantes de la bancada que lidera Miguel Pichetto emitieron dictamen de comisión para reformar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. No es un tema menor: se trata de la legislación que regula la relación, siempre controvertida, entre dinero y política. Aunque tiene aspectos positivos como impulsar la bancarización y la trazabilidad de los fondos de campaña, la modificación también tiene un fuerte sesgo que beneficia a los partidos grandes y, en especial, a los orientados del centro hacia la derecha. Entre otras cuestiones, habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales, algo que hasta ahora estaba formalmente prohibido pero que era fácilmente burlado mediante aportantes truchos o encubierto a través de donaciones a título personal. También se reduce del 10 a 5 por ciento el tiempo de publicidad gratuita en medios audiovisuales, lo que impacta de lleno en los partidos pequeños o de izquierda, con menos recursos para darle visibilidad a sus propuestas y candidatos. Además, el blanqueo del aporte de las personas jurídicas tiene una llamativa excepción: prohíbe a las asociaciones sindicales financiar campañas.

Después de dos audiencias en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, el macrismo y varios integrantes del interbloque Argentina Federal consensuaron un borrador de dictamen, que comenzó a circular por los despachos el miércoles. Ya habían expuesto las autoridades judiciales en materia electoral como Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, integrantes de la Cámara Nacional Electoral (CNE), y el fiscal electoral Jorge Di Lello. También habían opinado referentes de diversas ONGs como Transparencia Internacional, Poder Ciudadano, Cippec, la Fundación RAP, el Instituto para la Democracia y Elecciones (Idemoe). Se presentaron algunos académicos como Nicolás Tereschuk, coordinador del área de gobierno del Centro de Estudios Metropolitanos y la doctora en Sociología, Liliana De Riz, entre otros.

Algunos hicieron alusión directa al escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos en 2017, otros evitaron hacer mención al caso. Sin embargo, todos los expositores coincidieron en que es necesario implementar una nueva regulación que apunte hacia una mayor transparencia y fortalecer los controles. El oficialismo había decidido impulsar una reforma a mitad de año, cuando estalló el caso que involucró a la gobernadora María Eugenia Vidal y se llevó puesta a la contadora general bonaerense y tesorera del PRO, María Fernanda Inza. Intentó hacerlo por Diputados, pero la iniciativa se empantanó por una disputa interna entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. 

Según la legislación actual, se encuentra separado el financiamiento del “desenvolvimiento institucional” de los partidos y del de las campañas electorales en sí. El aporte de personas jurídicas está permitido en el primer caso pero no en las campañas. Según coincidieron tanto jueces, fiscales y especialistas, esa prohibición es el origen de una buena parte de las irregularidades en el financiamiento. Además, los miembros de la CNE admitieron que no tienen capacidad, con 7 auditores, para llevar adelante un control real sobre la rendición de cuentas que hacen las agrupaciones. 

Tal como publicó PáginaI12, el propio presidente de la CNE reconoció que habilitar el financiamiento empresario no es neutral. “Cuando hay aporte público tiende a la equidad. Eso favorece a todos los partidos o a los partidos de izquierda. Cuando el aporte es privado, generalmente suele decirse que favorece a los partidos de centro o de derecha porque generalmente el aporte privado va hacia ellos”, afirmó Dalla Vía. En ese contexto, y si bien Corcuera señaló que desde el punto de vista axiológico las empresas no deberían tener “voluntad política”, admitió que los aportes se producen igual. Esa es la justificación con la que Cambiemos propuso esta modificación que “blanquea” el aporte de las empresas.  

Por otro lado, se prohíbe las donaciones en efectivo tanto para personas físicas como jurídicas. Sólo se podrán realizar mediante “transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito o plataformas o aplicativos digitales, siempre que estos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”. 

Tanto el fiscal Di Lello como el politólogo Tereschuk, entre otros, advirtieron sobre la prohibición del aporte sindical. Di Lello incluso remarcó la legitimidad que tiene una agrupación gremial, en tanto defensora de los intereses de sus trabajadores afiliados, para ejercer su voluntad política. Hay múltiples experiencias en otros países, tal vez el caso más destacado sea el del Partido Laborista inglés. 

La principal voz disonante entre los senadores fue la de la rionegrina Magdalena Odarda, quien rechazó el aporte de las empresas y propuso que el financiamiento sea exclusivamente público. “Las empresas no van a hacer un aporte a los candidatos por buena voluntad o caridad. ¿Quiénes resulten electos por una campaña financiada, por ejemplo, por la Barrick Gold, van a bregar por el interés público o por el de esa empresa?”, intervino la senadora del partido Río y remató: “es una privatización de la política”.

Las empresas tendrán un tope de aportes del 5 por ciento de los gastos permitidos para esa campaña.

Durante las audiencias varios especialistas hicieron foco en los castigos. Indicaron que una forma de hacerlos más efectivos es responsabilizar al candidato (y no a las autoridades partidarias) en caso de que irregularidades. Sin embargo, el dictamen de mayoría no se hizo eco de ese planteo. Sí se incorpora la figura de “clientelismo” que tendrá penas de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación de seis meses hasta 10 años. 

La propuesta crea bajo la órbita de la CNE un Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas y otro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión. Ambos deberán estar disponibles en la página web del tribunal. Otro punto que dota a la Cámara de mayores recursos es la ampliación del Cuerpo de Auditores, que pasará a 15 miembros y tendrá mayores recursos. 

Una vez logrado el dictamen, el proyecto podría ser tratado en las sesiones del 21 o el 28 de noviembre, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias. La Cámara de Diputados no llegará a tratarlo este año, por lo que el macrismo esperaba lograr su sanción al inicio del año próximo. Para eso deberá convencer a sus socios de la UCR y la Coalición Cívica. 

El proyecto acordado cuenta con las firmas de cinco peronistas: Mera, Guastavino, Urtubey, Uñac y Espínola. El oficialismo aportó trece rúbricas: Bullrich, Naidenoff, Braillard Poccard, Pinedo, Brizuela y Doria, Castillo, Martínez, Poggi, Verasay, Martínez, Rozas, Elías de Pérez y Giacoppo. A ellos se sumaron dos senadores de partidos provinciales, la misionera Quintana y la santiagueña Iturrez de Capellini y la Cristina Fiore, en disidencia parcial. Ningún kirchnerista acompañó el proyecto.