Familiares de la docente y bibliotecaria María de los Angeles Paris reclaman una respuesta judicial, a un año y medio de la muerte de la mujer dentro de la comisaría 10ª. Aseguran que “la responsabilidad policial es incuestionable” y afirman que se trató de un caso de torturas. Tras haber realizado todas las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Karina Bartocci y los querellantes, hay controversias sobre las calificaciones legales que podrían achacarse a los agentes, por lo que debe intervenir el fiscal regional Patricio Serjal, quien hace tres meses se comprometió a dar una respuesta sobre la investigación y a recibir a la familia, pero no lo hizo. “Pareciera que estamos frente a un Estado que cuando ya no puede encubrir con pruebas falsas y deficientes lo hace con dilaciones y excusas arbitrarias a través del Poder Judicial”, señaló Julia Giordano, abogada querellante por la APDH, organismo que junto a la Cátedra de Criminología de la UNR y Amsafé patrocinan y acompañan a la familia. “La imputación no llega porque no tenemos ayuda del Estado. A mi hermana la mataron a golpes”, protestó Guillermo Paris, hermano de la víctima de 45 años, quien desde el principio batalla sin pausa por el esclarecimiento del trágico final de la víctima.

La noche del 3 de mayo de 2017, Paris fue a la seccional 10ª, de Darragueira 1158. Los datos que reunió la querella dan cuenta de que “en circunstancias que no se pueden establecer, fue tomada por el cuello y las piernas con violencia por dos agentes que la privaron ilegalmente de su libertad. Fue esposada con las manos por delante y depositada boca abajo en el suelo de un cuarto de la seccional, y golpeada, mientras, según los testigos, gritaba horrorizada”. Una hora y media más tarde, tras varias maniobras de reanimación, los médicos convocados allí declararon su fallecimiento. Empezaba a escribirse uno de los casos más recientes y graves de violencia institucional con la Policía de Santa Fe en el centro de la escena.

“En un primer momento hubo de todo, desde fraguar pruebas, hacer autopsias truchas, retrasar pedidos de acciones, cambio de fiscales. La cereza del postre –evaluó el hermano de la víctima– es que no quieren atendernos para tomar una decisión en cuanto a la imputación, porque tenemos diferentes miradas. Fiscalía habla de calificaciones que a nosotros no nos sirven, porque entendemos que se deja la puerta abierta a una condena mínima. Nosotros planteamos lo que realmente pasó: que a mi hermana la mataron a golpes de una manera violenta, injustificada, privándola de su libertad; pero ellos simplemente quieren decir que se les fue la mano. Hoy esa policía sigue con funciones normales y ya hace un tiempo largo de todo esto; mientras tanto, desde la Fiscalía lo único que hacen es pasarse la pelota. Esto está inconcluso y a ellos les sirve que se siga retrasando”, lanzó el hermano de la mujer que tenía una hija y que también participa de manera activa en la búsqueda de justicia por la memoria de su madre.

Guillermo Paris recordó que les “costó una barbaridad que se reconociera lo que pasó, porque no querían hablar de homicidio, de violencia, siempre se dijo que ella había tenido una crisis y que se murió sola, luego le desaparecieron prendas de ropa, tomaron fotos en las que no se ve nada, las cintas de filmación estaban corrompidas. Pensaron que no saldría nada a la luz, que nosotros nos quedaríamos con lo que nos contó la policía: que ella fue a hacer una denuncia, pero que se le saltó la térmica y terminó muriendo de un paro cardíaco. Se constató que todo eso es una falacia, una mentira. Lo vergonzoso es que hubo varios artífices para intentar hacernos creer que había pasado otra cosa”.

Esa noche, el fiscal Luis Schiappa Pietra fue quien llegó al lugar con los responsables del levantamiento del cadáver. “Omitieron secuestrar las prendas que vestía María de los Ángeles, los teléfonos del personal policial; e impidieron a la familia ver el cuerpo”, señalaron desde la querella. Sumado a ello, la autopsia del Instituto Médico Legal dictaminó una ‘muerte natural’”, indicaron sobre el estudio que aseguran que no se hizo bajo protocolos internacionales. Frente a ello, reclamaron una nueva autopsia a cargo de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de la Nación, que se realizó en octubre de 2017.

“En marzo de este año, las pruebas revelaron algo de lo sucedido en la comisaría. De la pericia sobre los celulares sabemos que los agentes intercambiaron mensajes ese día y los posteriores, en relación a los hechos. El informe final de la segunda autopsia permite reafimar dos cuestiones: que María de los Ángeles fue víctima de violencia por parte de los agentes policiales y que la primera autopsia no fue completa”, señala la querella. Ese informe habla de “contusiones en las muñecas, codos, tobillos, muslos, antebrazos, brazos y en la región lumbar media, que fueron producidas en vida; la inmovilización generada por los procedimientos de sujeción física guardan relación con el desenlace fatal”. También apunta a un “cuadro asfíctico”. Y concluye: “La causa de la muerte fue una arritmia cardíaca fatal, como consecuencia de un estado hiperadrenérgico (síndrome de confusión agudo /agitación psicomotriz /delirio excitado) generados por un mecanismo de desequilibrios (...), coadyuvado por la hipoxia producida por la restricción física (asfixia posicional)”. Por eso, aseguran que “la responsabilidad policial es incuestionable”.

Sin embargo, luego de tres presentaciones de pronto despachos, el fiscal Serjal “no dio más respuestas que el silencio”, dijeron. “Seguimos teniendo reuniones con nuestros abogados y ya hicimos peticiones en organismos internacionales, para que llegado el caso se pueda pedir que se cumplan las acciones, pero hay que esperar a que haya una respuesta en la instancia judicial. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, el problema es que encontramos puertas cerradas y que acá se cubren las espaldas entre todos”, lamentó Guillermo Paris.

En tanto, familiares y querellantes también cuestionaron que no hubo avances en la investigación –que tiene el fiscal Fernando Dalmau- sobre el desempeño del forense Lucas Kuverling (del Instituto Médico Legal de Rosario) que hizo la primera autopsia.