Los precandidatos a gobernador de la oposición ya trazaron la hoja de ruta por la que irán: la seguridad será el principal eje de campaña de Omar Perotti, María Eugenia Bielsa y José Corral, al que se sumarán después otros más. Es el punto débil del socialismo y, como cuando un boxeador acusa una herida, allí se le pega. En Santa Fe sigue siendo un reclamo alto de la población, y la irrupción de un decidido ministro del área como Maximiliano Pullaro no pudo diluir esa mirada crítica que cada día se engorda con más y más crímenes. Ahora, el gobierno quiere premiar al que dé pistas firmes sobre circuitos clandestinos de armas, además de pagarle a los que pongan vetustos revólveres y escopetas torcidas en manos del Estado. Parece más una acción para investigadores profesionales que un convite al ciudadano común que jamás podría establecer por dónde pasan los circuitos delictivos a no ser, claro, que pertenezca a uno de ellos.
El gobierno santafesino ya probó todo. Denunciar campañas de estigmatización, echar la culpa de todo a los jueces y fiscales, mostrar grandes despliegues en operativos y salir a enfrentar cada una de las críticas para mostrarse fuerte en la materia. Pero las cosas siguen igual porque lo que pocas veces enfrenta es el problema que tiene con su propia policía.
Dos hechos recientes son más que elocuentes: el asesinato del joven Cristian Enrique, secuestrado hace 20 días en Cabín 9, puede ser adjudicado tanto a un feroz grupo de secuestradores como un sector de la policía. Los familiares de Cristian aseguran que lo raptaron hombres con uniformes de la PDI.
Y el otro es el caso de un policía detenido desde el año pasado en Santa Fe que ahora es sospechoso de avisar a un camión narco que venía con sustancias desde Paraguay sobre la pesquisa que había a su alrededor. Se trata de Adrián “El Tripa” Celer, que ya había tenido participación en el desvío de otro camión con más de 1500 kilos de marihuana, donde varios altos jefes policiales terminaron implicados.
Pero es curioso a esta altura que la gente en general cuando protesta por la inseguridad, nunca responsabiliza a la policía. Es tan fuerte el arraigo de la idea que esto se soluciona con más policías y más violentos que las administraciones se sienten tentadas a dar rienda suelta a estas recetas de demagogia punitiva a la que es tan afecta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Como la seguridad es una materia en la que nunca hay resultados, o si los hay duran muy poco tiempo e implicaría tareas de muy largo plazo; la tentación es ostentar todo el tiempo sobre pequeñas cosas y agrandarlas lo más posible. Por eso se inventan “guerritas” todo el tiempo. Los resultados reales para la sociedad son desastrosos, pero nadie parece tener tiempo para abordar el tema en toda su complejidad: Ni la política, ni la ciudadanía.
Perotti y Bielsa no toman el tema sólo como un instrumento de campaña. Están convencidos y unidos –quizás como en ninguna otra temática- en la convicción de que los sucesivos gobiernos socialistas han tenido grave responsabilidad en la penetración y desarrollo del narcotráfico. “Por inacción o connivencia”, como repite Perotti cuando se refiere al tema. “Desde que fui intendente (de Rafaela) vengo teniendo discusiones fuertes con el socialismo en su política de seguridad. El avance que ha tenido en la provincia el narcotráfico y el delito es inaceptable. Hay que ordenar la provincia, sin orden no se pueden disfrutar las libertades”, dice el senador nacional a quien quiera oírlo. Y en la materia, hay muchos dispuestos a escuchar.
“Es un recorte malintencionado de la realidad tendiente a deslindar responsabilidades respecto de un flagelo complejo y multicausal que sin dudas golpea a nuestra provincia, pero también al país todo”, escribió el ex secretario de Comunicación Social del gobierno de Antonio Bonfatti, Mariano Panichelli para hacerle frente a las filosas declaraciones de Perotti a las que tildó de “irresponsables”.
Bonfatti sabe que este es el escenario donde deberá enfrentarse con sus adversarios. Por eso decidió escribir esa carta pública a cinco años del atentado que sufrió en su propia casa. El razonamiento es lógico: ¿Cómo sería cómplice por acción y omisión un funcionario que fue víctima también del accionar narco? No es tan sencillo. El ex gobernador lo que intenta desmontar es la sensación de que él mismo retiró las denuncias o aportó pocas pruebas sobre el atentado sufrido. “Yo estaba en mi casa con mi familia cuando balearon mi domicilio, ¿cómo voy a saber de dónde vinieron las balas, quién fue, de qué manera tiraron, cuántos eran?” se defiende el actual presidente de la Cámara de Diputados provincial.
Esta semana fue el intendente de Santa Fe, José Corral, el que se animó a dar un golpe sobre la herida. Propuso que la deuda histórica que Nación tiene con Santa Fe, sea saldada con mayor presencia de efectivos federales en el territorio y hasta calculó cuántos deberían ser y el costo del mantenimiento de esas tropas extra.
Miguel Lifschitz reaccionó indignado al entender que por un lado la propuesta incluía pagarle con algo que ya le pertenece (“la seguridad federal es un derecho de todas las provincias”, dijo) y por el otro entendió claramente que Corral avanzaba algunos pasos en la crítica hacia la seguridad que otorga la propia provincia de Santa Fe.
A esta altura es obvio que muy pocas cuestiones reales saldrán de este debate que amenaza con ser central para la campaña electoral que irá acelerando en las próximas semanas.
El presupuesto en materia de seguridad provincial no ha parado de crecer y los resultados no acompañan para nada este crecimiento. En medio de la actual crisis económica y con la caída de los recursos, es obvio que será cada vez más difícil apartar recursos en la cantidad suficiente como para, en serio, tratar de cambiarle la vida a la gente. Hoy por hoy en Santa Fe el Plan Abre sigue siendo una de la pocas políticas públicas que mejora en serio y directamente la vida de la gente en los barrios de manera palpable y concreta. Si en las distintas localidades, por la crisis y los recortes nacionales, el Fondo de Obras Menores se utilizará para pagar sueldos, es claro que muchas obras necesarias quedarán postergadas. Así la política sigue sumando frustraciones para la mayoría de la gente que asiste perpleja a un momento ruinoso y con un futuro totalmente distópico.
