La destrucción del estado de derecho

¿Pueden imaginar una “democracia” con un consejo compuesto por delegados del Ejecutivo, el cual ha destituido a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura (que administra el Sistema de Justicia), al Consejo Electoral, al fiscal general de la Nación, al defensor del Pueblo (ombudsman), y a todos los seis superintendentes?

Lamentablemente, ésa es la situación actual de Ecuador. Abusando de la democracia participativa, y engañando a la gente con la complicidad de la prensa corrupta, el 4 de febrero de este año convocaron a un inconstitucional referéndum. 

Nuestra Constitución exige en varios de sus artículos que el referéndum tenga informe de la Corte Constitucional, pero, dada la abierta inconstitucionalidad de varias preguntas, el gobierno sabía que este informe era negativo y convocó a elecciones directamente. Por primera vez en su historia, Ecuador tuvo un referéndum sin control constitucional.

Con la aprobación de la mañosa y confusa pregunta 3, se apoderaron del llamado Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros eran elegidos por concursos nacionales, y que, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, es el responsable de seleccionar por concurso nacional a cerca de 150 autoridades de control. El inconstitucional referéndum le dio al Consejo de Participación transitorio la “potestad” de evaluar y, de ser el caso, destituir a estas autoridades de control. La destitución de autoridades es facultad constitucional exclusiva de la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional, que ni siquiera es elegida por el Consejo de Participación, no puede ser destituida por nadie.

En estos momentos Ecuador no tiene Corte Constitucional, y ese mismo Consejo de Participación Ciudadana, manejado por el Ejecutivo, declaró dos meses de vacancia constitucional, que fenecen esta semana y seguramente será extendido. Durante todo este lapso, los ecuatorianos no tenemos quién garantice nuestros derechos constitucionales.

Las autoridades ilegalmente destituidas debían ser reemplazadas por sus alternos, como ordenan la Constitución y la ley, pero, de forma absolutamente arbitraria, el mismo Consejo de Participación nombró a sus reemplazos. Ni siquiera el inconstitucional referéndum daba al Consejo de Participación la capacidad de designar directamente autoridades.

En estos momentos, Ecuador es la “República Transitoria”. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, un Consejo de la Judicatura temporal, Consejo Electoral temporal, fiscal encargado, un ombudsman encargado, un procurador (abogado del Estado) encargado, y todos los superintendentes encargados, prácticamente todos abiertos enemigos de mi Gobierno, designados sin ley y directamente por el Consejo de Participación.

La estructura del estado ecuatoriano establece cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, y Control Social y Participación Ciudadana. Tres de estas cinco funciones están en manos de encargados, designados con el control del Ejecutivo.

Las autoridades temporales se posesionaron ante el Consejo de Participación transitorio, rompiendo el art. 120 de la Constitución, que establece que se deben posesionar ante la Asamblea Nacional. Ojalá se entienda lo que es estar acusado por un fiscal “encargado”, designado y posesionado por un Consejo de Participación “transitorio”, cuyo presidente –un abierto enemigo político y personal– me insulta todos los días y dice que debo estar preso. 

El presidente del Consejo de Participación Transitorio explícitamente declaró que si las decisiones del Consejo contradecían la Constitución, prevalecerían las primeras, por ser equivalentes, de acuerdo a él, a un mandato constituyente. En realidad, se lleva a cabo un proceso desconstituyente, sin la autorización ni conciencia del sujeto constituyente: el pueblo ecuatoriano.

Lo único constitucional de la pregunta 3 del referéndum fue que los consejeros del Consejo de Participación se eligieran por voto popular y no por concurso nacional de méritos. El Gobierno sabe que perderá esa elección, y es consciente de todos los abusos cometidos, por lo que ha propuesto –junto a las próximas elecciones locales de marzo de 2019– otro referéndum para que el pueblo apruebe todas las arbitrariedades cometidas, y para… ¡eliminar el Consejo de Participación Ciudadana!

En otras palabras, en las mismas elecciones donde deberían por primera vez elegirse por voto popular los miembros definitivos del Consejo de Participación Ciudadana, se va a proponer eliminar dicho Consejo, una vez que ya han cambiado a todas las autoridades de control. El perfecto coup d’État.

La destitución del vicepresidente

Nuestros adversarios perdieron las elecciones pero ganaron el poder, ya que fuimos traicionados. Se votó por la continuación de la Revolución Ciudadana, pero se aplica el programa del candidato perdedor, con el cual el Gobierno pactó. El propio referéndum era la propuesta central del candidato opositor derrotado en las urnas. Esto no sería posible sin el apoyo descarado de las grandes corporaciones mediáticas.

Para realizar este coup d’État, era necesario deshacerse del vicepresidente Jorge Glas. Esto lo lograron involucrándolo en el caso de corrupción llamado Odebrecht, el cual ocurrió en doce países. Odebrecht, empresa brasileña, era probablemente la constructora más grande de América latina, pero creó todo un departamento para dar comisiones y sobornos a funcionarios públicos corruptos. 

El 2 de octubre de 2017, al vicepresidente le impusieron una ilegal prisión preventiva. Después de 90 días, el presidente de la República directamente declaró abandonado el cargo y designó el reemplazo del vicepresidente, sin esperar ningún dictamen de la Corte Constitucional, como ordena la Constitución.

El vicepresidente fue involucrado en este delito exclusivamente en base al falso testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht; fue condenado por un delito distinto de aquél por el cual le levantaron la inmunidad; y lo sentenciaron con un código derogado, para así poder aumentar la pena, y evitar que salga libre y retome la Vicepresidencia de la República. Todo esto es impensable en un estado de derecho.

Mientras tanto, los corruptos confesos de Odebrecht ni siquiera fueron acusados por la Fiscalía del Ecuador, evidenciándose el pacto de dejarlos en la impunidad a cambio de involucrar al vicepresidente en el ilícito.

En marzo, fue destituido el presidente de la Asamblea Nacional, ex aliado del Régimen, quien denunció explícitamente el pacto que se habría hecho con Odebrecht. Como en cualquier país del mundo, debió reemplazarlo la vicepresidenta de la Asamblea, pero, nuevamente rompiendo la Constitución, el Gobierno operó políticamente para nombrar a otra persona.

Es decir, además de no poseer Corte Constitucional y tener a todas las autoridades de control ilegalmente designadas, Ecuador se encuentra con vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea Nacional nombrados inconstitucionalmente.

Hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar un centavo mal habido por parte del vicepresidente, lo cual es reconocido incluso por la prensa opositora a la Revolución Ciudadana, uno de cuyos más conspicuos representantes acaba de admitir que el vicepresidente se encuentra preso sin pruebas, pero por “la fuerza de las circunstancias”, léase, el linchamiento mediático.

El 21 de octubre pasado, el vicepresidente Jorge Glas fue trasladado de una cárcel de mínima seguridad a una cárcel común, como represalia del Gobierno porque Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación y otro perseguido político, rompió su medida cautelar y buscó asilo en un país amigo. Esto nos recuerda bien las tácticas nazis: si se escapaba un prisionero, había que matar a cinco, como venganza y medida disuasiva. Como en los mejores tiempos del fascismo, se toma represalias contra la familia y compañeros de los supuestos infractores.

Pese a que las medidas cautelares sólo las pueden disponer los jueces, el Gobierno también anunció la prohibición de salida del país de todos los miembros de mi Gobierno supuestamente “investigados”, evidenciando el total control de la Justicia, y atentando directamente contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Como cereza del pastel, el fiscal encargado también sacó un comunicado diciendo que en los próximos días acusará a autores y cómplices de delitos perpetrados contra el Estado, y que solicitará las medidas cautelares correspondientes para evitar la “fuga” de quienes podrían estar involucrados en estos hechos “delictivos”.

Persecución e impedimento de participación política

En enero de 2018, de forma absolutamente ilegal y con directa injerencia del Gobierno, nos quitaron el partido que fundé, el más exitoso y grande de la historia ecuatoriana: Alianza País.

Hemos intentado tres veces registrar un nuevo movimiento político que represente a la Revolución Ciudadana, pero nos lo han ilegalmente impedido. Atentando a nuestros derechos políticos y humanos, y a la misma democracia, la principal fuerza política del país, la Revolución Ciudadana –que en las últimas elecciones obtuvo cerca del 40 por ciento del voto ciudadano–, se encuentra sin organización política reconocida e impedida de participar en elecciones.

Por último, como ya se mencionó, se ha desatado toda una persecución judicial contra los miembros de mi Gobierno. Los principales instrumentos de esta persecución son el contralor “encargado” –el cual también se encuentra ilegalmente en el cargo y no tiene nombramiento alguno–, y el fiscal designado a dedo, con el título de “fiscal encargado”, cargo que no existe en la ley ecuatoriana.

Mi equipo de Gobierno tiene cerca de 300 auditorías de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Los informes ni siquiera citan los artículos legales donde se encuentren tipificados los supuestos delitos. Muchos de estos ex colaboradores están sin trabajo y han tenido que vender sus casas, vehículos, etc., para poder pagar sus abogados.

Si alguien cree que éstas son simples “opiniones”, puede pedir al Estado ecuatoriano cosas tan concretas como el nombramiento constitucional del contralor, fiscal o Consejo de la Judicatura. Sencillamente no existen.

En mi caso personal, tengo 14 procesos penales, por cosas tan ridículas como un supuesto sobreendeudamiento del país, lo cual, además de falso, no tiene nada de penal, sin mencionar que el presidente no maneja deuda. 

Me involucran por haber hecho un decreto estableciendo que, para cumplir el 40 por ciento de coeficiente máximo deuda/PIB, límite que nosotros mismos establecimos en el 2010, tenía que medirse la deuda pública de forma consolidada, de acuerdo con el manual del Fondo Monetario Internacional. Contraloría supuestamente no está de acuerdo con esto, y por eso pide iniciar una investigación penal contra un ex presidente.

Otro ejemplo es el involucramiento en la concesión de un campo petrolero llamado Singue, del cual ni siquiera había escuchado hablar. Mi implicación en el caso supuestamente se da porque una de las empresas mandó una carta a la Presidencia denunciando que había sido perjudicada. Jamás leí esa carta. Llegan diariamente cientos de comunicaciones a la Presidencia. La carta fue reenviada directamente al correspondiente ministerio, pero, incluso si hubiera leído la misma, nuevamente aquello no tiene nada de penal. ¡Imagínense el antecedente que están estableciendo! Cualquiera que busque involucrar al presidente en un supuesto delito, envía una carta a la Presidencia, y aquello ya es suficiente.

Finalmente, como nunca pudieron probar corrupción, ni lo podrán hacer, me involucraron en supuestos casos de represión: secuestro, asesinato e incluso una ejecución extrajudicial de un agente de policía muerto por fuego cruzado mientras me daba protección el 30 de septiembre de 2010, cuando se dio un golpe de Estado y era a mí al que querían asesinar.

Para eso levantan las más folclóricas teorías, como por ejemplo que había convertido a la Secretaría de Inteligencia en una policía política. En uno de los juicios contrataron supuestos expertos que compararon a mi Gobierno con las dictaduras del Cono Sur, donde, sólo en Argentina, hubo 30.000 muertos y desaparecidos. Pero resulta que todos los presuntos casos de represión son de antes del 2013, cuando era vicepresidente el actual presidente del Ecuador. ¿Cómo es posible que no conociera algo tan grave? Es evidente que mienten.

El caso que más ha avanzado es el llamado caso Balda, por el que he sido de la forma más absurda llamado a juicio, y en el cual tenía incluso una orden de arresto, ya que me impusieron ir cada 15 día a presentarme en un juzgado en Quito, lo cual fue imposible de cumplir, porque todos conocen que resido hace más de un año en Bélgica.

Me involucra en el caso el falso testimonio del autor intelectual confeso del supuesto secuestro, un policía al cual ni siquiera conozco, pero que, de acuerdo con su versión, se reunió conmigo tres veces, y habló por teléfono otras tres veces más.

Ya tuvieron que reconocer que mintió al decir que se había reunido conmigo y que no tienen prueba alguna de las supuestas llamadas. Incluso ya logramos demostrar que en una de las llamadas en realidad estaba volando de Guayaquil a Quito. En la situación actual del Ecuador, donde ya no existe la presunción de inocencia, no se tiene que probar la culpabilidad de alguien, sino que, después de cualquier falso testimonio, ese alguien tiene que probar su inocencia.

La prensa ha posicionado que Balda, la supuesta víctima, era asambleísta, lo cual es falso. En realidad, es un tipo de un largo historial delictivo, que se encontraba prófugo de la justicia en Colombia, dedicado a la piratería informática, y fue retenido 35 minutos por sus socios en estas ilegales actividades. Poco tiempo después del supuesto secuestro, fue deportado por el Gobierno colombiano, ya que, además, su estadía en Colombia era irregular.

Por este supuesto secuestro, en el año 2013 Balda presentó una denuncia en Ecuador, donde entre los muchos acusados, ni siquiera me menciona.

Además, en el 2015 presentó por los mismos hechos una denuncia en Colombia, contra miembros de mi Gobierno y contra mí, denuncia que fue archivada por la Fiscalía colombiana por falta de fundamentos.

Pese a eso, seis años después, en abril del 2018, se reabre el caso en Ecuador, dándole la prensa una cobertura espectacular, y posicionándolo como un “crimen de Estado” contra un “asambleísta”.

Ya desde octubre de 2017, Lenín Moreno, actual presidente del Ecuador, había anunciado que no perdía las esperanzas de verme preso, y el mismo Balda en el mes de noviembre enviaba mensajes en redes sociales diciendo que pronto habría una alerta roja de Interpol contra mí. Claramente, todo estaba planificado.

Uno de los principales asesores presidenciales paladinamente reconoció que viajó a España, lugar donde se encuentra un ex secretario de Inteligencia involucrado en el supuesto ilícito, para decirle que se entregue y me acuse, en cuyo caso lo iban ayudar, o, caso contrario, le iban a “llover las denuncias penales”.

De todo lo afirmado existen pruebas documentales y audiovisuales.

El lawfare regional

El lawfare o judicialización de la política es una estrategia regional. Es lo que están igualmente haciendo contra Lula da Silva y Cristina Fernández. Sus principales instrumentos son la prensa y una justicia cooptada.

El caso del juez Moro es de antología. Dicta prisión para Lula en un caso de corrupción por demás dudoso, y de esta forma le impide participar en las elecciones presidenciales de Brasil, pese a que era el candidato favorito en las encuestas, abriendo así las puertas para el triunfo del fascista Jair Bolsonaro.

Moro será el ministro de Justicia del nuevo Gobierno. Más claro, ni el agua.

Lo que también indigna es la doble moral. Lo único que existe en la agenda internacional sobre Latinoamérica es Venezuela. Si nuestros partidos de izquierda hubieran hecho un golpe de Estado como el de Brasil, o un proceso desconstituyente como en Ecuador, o si nuestros gobiernos hubieran perseguido a adversarios políticos como están haciendo con Lula, Cristina, Jorge Glas o conmigo, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional.

Hay demasiada hipocresía. En toda Latinoamérica, pero particularmente en Ecuador, se está destruyendo no sólo la democracia, sino también los mismos pilares de la civilización: la justicia, los derechos humanos, y la verdad.