Se cumplieron nueve años de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, nos interesa realizar un balance sobre algunas cuestiones centrales de dicha política: su alcance, el impacto en indicadores sociales, el rol que se le otorga a la mujer y, por último, el poder adquisitivo de dicha prestación.

En Argentina, el sistema de protección social ha estado históricamente vinculado con el mundo del trabajo y, particularmente, con el empleo formal a través de esquemas contributivos. La AUH creada en el 2009 modifica la ley de Asignaciones Familiares e incorpora el subsistema no contributivo dentro del régimen general de dicha ley, encuadrando ambas prestaciones en el mismo marco legal. Ello implica su plena definición como parte de la seguridad y no de la asistencia social. 

Desde el Centro de Estudios Atenea venimos alertando que desde la llegada de Cambiemos se ha producido una reconfiguración del mercado de trabajo. Las condiciones de los trabajadores empeoran debido a que crecen modalidades de contratación cada vez más precarias, como los monotributistas y los monotributistas sociales. Entre el período diciembre 2015-junio 2018 se sumaron más de 200.000 trabajadores bajo estas modalidades. En tanto es un dato a destacar que, para el año 2016, la gestión de Cambiemos incorporó el beneficio de la AUH para los monotributistas.

Lejos de criticar la mayor universalización de la prestación, resaltamos que durante el kirchnerismo crecían las asignaciones familiares debido al aumento del empleo formal; en cambio, durante la gestión macrista el crecimiento de trabajadores con empleo precario produce un aumento de la prestación de la AUH en detrimento del salario familiar.

La AUH se implementa como parte del reconocimiento de los ciudadanos como titulares de derechos. Para el cobro se necesita de la certificación de los controles de salud y de educación. Desde diversos sectores académicos se critica el esquema de condicionalidades planteando que un derecho no puede estar condicionado y, por sobre todo, que las suspensiones de forma automática ante el incumplimiento no produce el efecto deseado de dicha política que es el acceso otros derechos, como son la salud y la educación.

Sin embargo, parece haber un consenso respecto a las mejoras en los indicadores sociales. Un informe liderado por Unicef (2017) aborda los impactos de la AUH. Sobre la escolarización resaltan un cambio importante en las tasas de asistencia entre los períodos previo y posterior a la implementación de dicha política, principalmente en los jóvenes de 15 a 17 años. También, destacan la mayor probabilidad de obtener remedios gratuitamente en aquellos hogares que perciben la prestación.

Ahora bien, gran parte de las receptoras no tiene inconvenientes en presentar las acreditaciones, pero según Anses cada año 300 mil o 400 mil titulares dejan de presentarlas. El gobierno actual ha optado por extender los plazos de certificación y, en los medios de comunicación, aparece la idea de quitarlas.

Lo que sucede, y especialistas en la materia lo indican, es que en vez de hablar de condicionalidades el Estado debería poner eje en las corresponsabilidades. Se debe garantizar el acceso a la salud y a la educación, como acompañar a aquellas familias que incumplen sus compromisos a través de los equipos de asistencia social.

Respecto al presupuesto 2019 se deja entrever la decisión por parte de Cambiemos de no reforzar la accesibilidad en materia de salud y de educación; por el contrario, se proclama un presupuesto de ajuste en ambas áreas. Según datos de Atenea, la reducción para el área de Salud y Desarrollo Social es de un 56,9 por ciento, mientras que para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología es de un 2,3 por ciento.

Otro cambio a tener en cuenta son las modificaciones en la estructura del Estado. El Anses pasa a depender del Ministerio de Desarrollo Social, siguiendo a Mazzolla, esto nos alerta sobre la idea de fortalecer el sentido de asistencia y no de derecho a la seguridad social. 

Si tenemos en cuenta que el 98 por ciento (2.118.195) de las receptoras de la AUH son mujeres y que para la AUE es el 100 por ciento (42.076) el análisis sobre la cuestión de género pasa a ser fundamental.

Las responsabilidades de que las condicionalidades se cumplan recaen en las mujeres. Así se refuerza la idea de las mujeres como cuidadora “naturales” del hogar. Si bien la AUH las empodera en términos económicos, la titularidad del programa las hace afrontar el cumplimiento de las condicionalidades lo cual les genera serios inconvenientes para insertarse en el mercado laboral. Sumado a esto, desde el Estado no se generan medidas orientadas al fortalecimiento de los servicios de infraestructura del cuidado.

Se entiende al problema como individual y femenino y se encuentra la solución en la permanencia de las mujeres en el hogar. Lejos se está de reconocer la problemática como una corresponsabilidad social entre mujeres y varones, Estado, mercado y sociedad.

Por último, un dato alarmante si consideramos que dicha política está dirigida a los sectores más vulnerables de nuestro país, es que el poder adquisitivo de la AUH desde diciembre de 2015 a julio de 2018 cayó 12 por ciento puntos, según Atenea. 

El gobierno no lleva a cabo una política económica tendiente a recuperar el sector productivo y a crear empleo por tanto asume la decisión de que políticas, como la AUH, estén corriendo tras la emergencia. Hemos remarcado algunos puntos nodales que deben tener en cuenta los gestionadores de política social si quieren mejorar la performance de la AUH.

* Politóloga. Maestrando en Ciencia Política - Instituto de Altos Estudios Sociales. Coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo   Nacional “Atenea”.