La causa de las jóvenes que denunciaron penalmente por presunto abuso sexual a un profesor de teatro de la UBA, se puso en movimiento hace unas semanas, después de que la tomara una nueva fiscalía. Las víctimas están disconformes con el poco movimiento que tenía la investigación y evalúan constituirse en querellantes. “Vemos en el accionar de la justicia una lentitud que no es coherente con los niveles de urgencia que demandan estas situaciones”, dijeron.

“Si nosotras no hubiéramos tenido la repercusión mediática que tuvimos en primera instancia, Leonardo (Bugliani) aún seguiría impune, libre de seguir ejerciendo los sistemas de abuso, corrupción y manipulación que ejerció con nosotras. Es el castigo social y la alerta sobre lo que un miembro de la comunidad con renombre, con acceso a cargos y espacios públicos y por sobre todo con poder estaba realizando que permite que si un joven, menor de edad como lo éramos nosotrxs, se cruza con un tipo como él, pueda tener la información necesaria para alejarse. Si no fuera por eso, hace dos semanas todavía estábamos esperando que la justicia se tome en serio nuestro caso”, dijeron a PáginaI12.

La causa lleva casi un año. El domingo 24 de diciembre de 2017 este diario reveló que Leonardo Bugliani, un profesor que daba un taller en el Centro Cultural Sabato de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, había sido denunciado penalmente por presunto abuso sexual a siete ex alumnas. Bugliani, según la acusación, habría captado a las chicas a través de un espacio llamado Ágora Teatral, que funcionaba en ese Centro, para luego llevarlas a su casa, donde habría cometido los abusos. Algunas eran menores de edad al momento de comenzar el taller, que se presentaba como espacio de teatro y –según la denuncia– terminaba en orgías y abusos sexuales, después de un largo proceso de manipulación y sometimiento. Ellas tenían 17 años y estaban en quinto año cuando lo conocieron; él tenía 44. Era “violada todas las semanas porque había una cuestión espiritual de por medio”, había contado una de ellas, luego de un largo proceso individual y grupal en el que pudo tomar conciencia de lo que les había pasado. “De repente todo era sexo. Llanto. No entender nada. Volver a mi casa y tener un bloqueo mental. No pensar. Él cada vez pedía más y yo estaba superdeprimida”, relataba otra. 

Uno de los motivos de las demoras es que Martín Niklison de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9, que estaba a cargo de la investigación, se jubiló. La nueva fiscal, subrogante, es Mónica Cuñarro, de la Fiscalía en lo Nacional y Correccional N°16, que volvió a tomar declaración a las denunciantes para ampliar la denuncia y esta semana pidió al Cuerpo Médico Forense que realicen a las jóvenes las pericias psiquiátricas y psicológicas de rutina.

Sin embargo, las jóvenes denuncian que hubo otras demoras, como la de la pericia tecnológica a materiales informáticos sustraídos de la casa de Bugliani en un allanamiento. “La policía tardó seis meses en enviar el informe y una vez que lo enviaron decidieron que fotos nuestras en la casa de él y archivos de carácter pornográfico en los que no se puede definir la edad de las personas implicadas no eran información importante o relevante para una causa, un desastre. Esperamos que a partir de ahora el caso comience a moverse con fluidez y que los actores participantes se lo tomen con la seriedad que tiene”, dijeron. Esa pericia estuvo a cargo de la División de Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad, que el 30 de mayo informó que no encontró información relevante para la investigación. En estos momentos se está pidiendo una nueva pericia a la Policía Federal. 

El abogado de Bugliani es Fernando Soto, director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, con quien compartirían pertenencia a la masonería y vínculos políticos. A fines del año pasado Bugliani contaba con tres perfiles de Facebook en los que ostentaba relaciones con personalidades de la política o con poder, como Federico Pinedo, Julio Bárbaro y alguien de las fuerzas de seguridad. Actualmente, pareciera haber permanecido solo uno, cuyo último post es del 24 de diciembre de 2017, fecha en que se conoció la denuncia. Bugliani, además, asesoraba al diputado porteño Marcelo Guouman (Suma +), quien lo despidió cuando trascendió la denuncia.

Las víctimas evalúan constituirse en querellantes. Quieren que su “voz sea escuchada a lo largo de todo el proceso legal” y se sienten “responsables de aportar nuestro granito de arena en toda esta marea feminista y que estas cosas dejen de ser un tabú, que se hablen y que se cambien”.