El 54 por ciento de los convenios colectivos de trabajo vigentes en la actualidad fueron firmados entre 2003 y 2014 y prácticamente la totalidad de los acuerdos colectivos sufrieron modificaciones no salariales en estos años. Esa información forma parte de las bases de datos del Ministerio de Trabajo, pero el Presidente, Mauricio Macri, parece desconocerla o busca tergiversarla. “Hay que analizar y discutir todos los convenios laborales para poder generar empleo. Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Al aferrarnos a esos convenios lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos”, dijo Macri en varias oportunidades. Tal como sucedió en los 90, el tema de fondo no es la modernización ni la posibilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías sino la intención de modificar la distribución del ingreso de forma regresiva. La Alianza de gobierno plantea que ese debilitamiento de las condiciones de trabajo para el asalariado motivará la inversión. No hay que bucear en experiencias de  otros países para saber que son falsas promesas.

Gabriela Pontoni y David Trajtemberg terminaron recientemente un trabajo fundamental para comprender la dinámica de la negociación colectiva por fuera de lo salarial desde 1975. Ese documento está todavía en proceso de evaluación por parte de las autoridades de la Revista de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología de la Universidad de la República, Uruguay, y este diario tuvo acceso a sus lineamientos principales. De los 506 convenios colectivos que están activos, 273 fueron firmados en el período 2003-2014, 73 se celebraron en la etapa 1991-2002, 49 entre 1988 y 1990 y 111 en 1974-1975. Pero no sólo la mayor parte de los convenios vigentes son casi actuales en cuanto a su fecha de homologación sino que los convenios más antiguos sufrieron a lo largo de los años diversas modificaciones no salariales asociadas a las nuevas modalidades de producción.

Entre los 111 convenios sectoriales negociados en 1975 se encuentran los de Comercio, Construcción, Metalúrgicos y Sanidad, de gran nivel de cobertura. “En estos casos se han renovado diversos contenidos salariales y no salariales, mediante acuerdos, aprovechando el contexto de negociaciones anuales desplegadas luego de 2003”, dicen Pontoni y Trajtemberg. “El convenio de los obreros metalúrgicos incorporó nuevas categorías profesionales adaptadas al uso de las nuevas tecnologías en la producción. En el convenio de Comercio, a pedido del sindicato se instituyó la conformación de una mesa de negociación para tratar los temas de trabajo en días domingos, trabajadores tercerizados, tiempo parcial y jornada reducida, entre otros ítems”, citan como ejemplo. En síntesis, no existe un problema generalizado de falta de modernización de los convenios colectivos de trabajo.

Convenios Colectivos

El piso de las condiciones de trabajo del asalariado está fijado por la Ley de Contrato de Trabajo. Los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) mejoran ese mínimo. El 95 por ciento de los asalariados del sector privado está amparado en los CCT sectoriales, el resto se remite a los convenios celebrados por empresa. Una de las claves en el sistema de protección de los derechos de los trabajadores está en la cláusula de ultraactividad, que establece que a pesar del vencimiento de un convenio, éste sigue rigiendo si no es reemplazado por otro. En la práctica, esto implica una suerte de piso para los sindicatos a la hora de renegociar los CCT. Esa cláusula permite que un CCT de 1975 siga vigente. Si la ultraactividad no existiera, los CCT tendrían que negociarse sí o sí en contextos económicos y políticos desfavorables, lo que redundaría en un recorte de derechos de los trabajadores.

“El Gobierno plantea algo realista, porque si no se modifican las leyes laborales el 50 por ciento de los trabajadores quedará en negro o en empresas que no cumplen con los aportes a la seguridad social. La rebaja de aportes patronales para aquellos empresarios que efectivicen a sus empleados es una buena forma de promover el blanqueo de trabajadores. La reforma laboral es necesaria y cualquiera que gobernara el país la iba a tener que encarar. Es la única forma de crear más fuentes de trabajo”. Esta declaración es de Domingo Cavallo y fue publicada en PáginaI12 el 18 de enero del 2000. “No hay que considerar que modernización equivale a una flexibilización que perjudique conquistas de los trabajadores. Pero hay que facilitar el crecimiento del empleo. No sirve armar una protección tan grande del trabajador que haga que finalmente no sea rentable la explotación económica. Eso a la larga condiciona el crecimiento. Hay que plantear con toda claridad cuáles son la necesidades del empleador”. Este textual fue publicado en este diario el 20 de enero del 2017. El autor es Javier González Fraga, flamante presidente del Banco Nación.

Las coincidencias no terminan ahí. “Hace 25 años que hay convenios colectivos que norman la actividad. Algo pasó en el mundo, algo pasó en la economía en estos 25 años. No es posible seguir manteniendo esa norma –en relación a la ultraactividad–. Hay un vacío entre la norma y la realidad”, dijo Alberto Flamarique, ministro de Trabajo, en aquella edición del año 2000 de este diario. La Ley de 25.250 de Reforma Laboral, de mayo del 2000, eliminó la ultraactividad, pero la Ley 25.877 sancionada el 2 de marzo de 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner derogó la 25.250, más conocida como Ley Banelco, por el escándalo de las coimas en el Senado.

Ante la notable semejanza entre el discurso del Gobierno y la retórica de los 90, conviene repasar lo que ocurrió en aquel período. Despidos más fáciles o más baratos, contratos atípicos, reducción de cotizaciones sociales, reducción de costos de accidentes laborales, flexibilidad de la jornada de trabajo, de salarios y de la funcionalidad fueron algunas de las reformas laborales implementadas en la Argentina en los 90, según detalla el documento “Regulación del mercado de trabajo y protección social en países de América Latina” publicado por la Cepal en noviembre de 2016. “La desregulación de las normas laborales como una vía para aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo contribuyó a la precarización de los empleos y con ello afectó el potencial de incremento de la productividad asociado a ocupaciones estables y en condiciones de trabajo decente”, dice la Cepal. Es una historia conocida.