Recurrentemente vemos como vuelven a instalarse iniciativas que buscan ampliar la cobertura del Sistema de Justicia Juvenil, orientadas principalmente a dotar al sistema con un mayor poder punitivo y alcance. Las demandas a su vez se apoyan en el supuesto que una mayor intervención penal con adolescentes traería cambios positivos en sus trayectorias de vida, al mismo tiempo que permitirán mejorar las condiciones de seguridad de la población en general. La ausencia de evidencia que sustente este tipo de planteos es llamativa, pero estas ideas son abrazadas por distintos sectores de la sociedad que se entusiasman con los supuestos beneficios que estos cambios deberían lograr a través del endurecimiento de penas, el encierro o la baja de la edad de punibilidad. Por lo general, estas propuestas promueven un encuadre del problema reduciéndolo al estricto análisis del hecho delictivo y su sanción, desvinculado de cualquier análisis del contexto social en el que se producen y limitando las voces habilitadas en el debate. Unicef presentó recientemente el estudio “Las Voces de las y los Adolescentes privados de libertad en Argentina” que busca generar nuevos datos para el debate. El trabajo recopila las voces, tan poco escuchadas, de las y los jóvenes que se encuentran cumpliendo una sanción penal en centros cerrados del país. Participaron más de 500 adolescentes en 22 centros de 7 provincias, que hablan de sus expectativas sobre la educación y la formación laboral que reciben en las instituciones, la violencia, sus familias, el proceso judicial que transitan, sus sueños y sus proyectos para el futuro. El estudio muestra, a través de estos testimonios de primera mano, una situación que muchos sospechamos, pero que es necesario documentar y hacer visible. Al mirar sus trayectorias de vida, encontramos las repetidas y persistentes ausencias del Estado para garantizar el acceso a derechos básicos de los jóvenes, que debería actuar además, como una potente estrategia de prevención del conflicto penal. El 28 por ciento de los chicos detenidos vivió en situación de calle, el 14 residió en una institución sin cuidados parentales por haberse tomado una medida excepcional de protección y el 78 dejó de asistir a la escuela alguna vez antes de ingresar al centro cerrado, en muchos casos debido a la necesidad de realizar trabajos a temprana edad y en condiciones de desprotección. “¿Que hubieras necesitado para no abandonar la escuela? Que me ayuden”, es la simple y directa respuesta que brinda Agustín (17) durante una de las entrevistas. Todas estas situaciones debieron ser abordadas por el Estado para brindar respuestas oportunas que permitan la restitución de los derechos que fueron vulnerados. Pero no solo no generaron esas respuestas, sino que además fueron utilizadas para justificar respuestas represivas, con un 40 por ciento de casos que indicaron haber sufrido maltrato institucional por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad, o para determinar el endurecimiento de sanciones penales basadas en las propias carencias de las condiciones de vida de los jóvenes encuestados. Uno de cada 4 adolescentes tiene hijos, pero no se trabaja en fortalecer sus capacidades parentales, así como describen pocos e inefectivos abordajes de consumos problemáticos durante la sanción, sin apoyos para continuar tratamientos de salud o conseguir oportunidades educativas o laborales al egreso.

A través del estudio vemos como el encierro deteriora sistemáticamente la situación de los adolescentes, imposibilitando una respuesta adecuada para trabajar en los aspectos que deben guiar cualquier medida penal que realmente persiga los fines de responsabilización, integración social así como brindar apoyos para lograr cambios significativos en sus proyectos y condiciones de vida.

Estos testimonios, junto a los datos recopilados, deben ser parte de un debate más amplio y respetuoso de derechos y garantías, que permita comprender los efectos que podrían tener las distintas propuestas de reformas que cíclicamente se plantean para el sistema de justicia juvenil en la Argentina. Si esto no ocurre, posiblemente terminaremos empeorando aún más lo que se pretende mejorar.

* Especialista en Protección de Derechos. Unicef Argentina.