En Tucumán se logró dar marcha atrás al proyecto que intentaba evitar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Lo peligroso de la iniciativa era que estaba firmada por más de la mitad (29) de los legisladores/as (49) y fue el texto con más firmas del 2018. El proyecto fue impulsado por Marcelo Caponio y se oponía al Protocolo para actuar ante casos de ILE del Ministerio de Salud de la Nación y al fallo FAL, del 2012. “Estamos avanzando para que el Estado salve las dos vidas”, declamó el legislador. Otra marca de la gravedad política tucumana es que el intento de imponer la maternidad forzada ante la violencia sexual fue avalado por la Presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer Graciela Medina y Sara Alejandra Assán (Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad). “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”, rezaba el artículo 4°. La propuesta iba en línea con el avance anti derechos que, el 2 de agosto, aprobó en Tucumán la declaración de provincia provida.
Sin embargo, la iniciativa generó un enorme rechazo social y el consenso sobre su inviabilidad jurídica ya que en la Argentina el aborto es legal por causales. El lunes 12 de noviembre hubo una reunión de la Comisión de Familia y se ordenó archivar ese proyecto y, además, otro similar del radical Raúl Albarracin. Las organizaciones feministas festejaron en la Legislatura la marcha atrás del proyecto más peligroso de restricción de derechos sexuales y reproductivos presentado en el país. La misma legisladora que había avanzado con la iniciativa, Graciela Medina (del bloque oficialista Tucumán Crece - PJ, con Juan Manzur a la cabeza) retrocedió con la revictimización de las mujeres violadas.
