Cuatro detenidos murieron en la madrugada del jueves durante un incendio en las celdas de la comisaría 3º de Esteban Echeverría, que alojaba presos en condiciones de hacinamiento a pesar de que la justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos. La misma resolución exigía al Ministerio de Seguridad de la Provincia que desalojara de manera urgente aquel sector y trasladara a las personas allí detenidas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) calificó el episodio como “una masacre” y responsabilizó al gobierno de María Eugenia Vidal por el estado de las comisarías y cárceles. Además de los fallecidos, hubo diez arrestados que debieron ser internados en hospitales de la zona por quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono, algunos de ellos con heridas de gravedad. El hecho tiene características similares a lo ocurrido en marzo del año pasado en Pergamino, donde la comisaría 1ª se convirtió en tumba de siete jóvenes que murieron quemados por los colchones quemados.
La comisaría 3ª de Esteban Echeverría, ubicada sobre Camino de Cintura 6080, tenía una orden de clausura del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora, con sede en Monte Grande. Al momento en que se desencadenaron los hechos, había 26 personas detenidas en un espacio que se encontraba en pésimas condiciones edilicias y en el que, según la misma policía, sólo se podía alojar a diez personas.
El propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos, y el 3 de marzo pasado el juzgado notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia gobernadora la clausura y la orden de no recluir personas en la dependencia policial.
En este contexto, según la versión policial, un agente sorprendió en la madrugada a dos presos que estaban intentando forzar los barrotes de una reja y alertó a sus superiores. A la seccional llegaron diez móviles en apoyo y montaron un operativo para evitar cualquier fuga.
Los mismos voceros aseguraron que las autoridades intentaron dialogar con los internos, quienes colocaron colchones contra la puerta de ingreso de los calabozos y los prendieron fuego. Al mismo tiempo se habría originado una pelea entre los detenidos, entre aquellos a favor de generar el fuego y aquellos que se oponían.
Cuatro de los presos terminaron muertos: Jeremías Rodríguez Aaron, Eduardo Rogelio Ocampo (59), Jorge Luis Ramírez (30), y Juan Bautista Lavarda (59) quien llegó a ser trasladado al Hospital Santa Marina de Monte Grande, donde falleció. Con relación a los fallecidos, la CPM señaló que eran personas procesadas que aún no habían sido condenadas por la justicia.
Roberto Cipriano, abogado y secretario de la CPM, dijo a PáginaI12 que “la información que tenemos es que no hubo ningún intento de fuga o motín sino una protesta por las condiciones de detención. Era un lugar clausurado, que cuando alojaba tenía un cupo de diez personas. Y había 26, hacinadas y sin acceso a los servicios” explicó. “La policía construye el intento de fuga de los detenidos, y es lo mismo que dijeron en Pergamino. Todo apunta a responsabilizar a los detenidos, cuando son personas que están detenidas en la ilegalidad porque estaban en un lugar prohibido”, advirtió.
“La falta de respeto y la desobediencia a una orden judicial muestran que todo el discurso oficial sobre la defensa de los valores republicano son una falacia, porque no les importa nada las ordenes de la justicia”, agregó el letrado, quien señaló que la CPM presentó un escrito en la fiscalía para que la investigación no quede en manos de la policía bonaerense. Y aclaró que los peritajes quedaron a cargo de Gendarmería.
La causa, caratulada provisoriamente como “averiguación causales de muerte”, recayó en el fiscal de turno de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría, quien ordenó el traslado de todos los presos que resultaron ilesos a otras dependencias.
En este sentido, los traslados no garantizan mejora sustancial de las condiciones. De acuerdo con un informe presentado este año por la CPM, en el distrito bonaerense hay 252 comisarías inhabilitadas, es decir, el 55 por ciento del total. De ellas, 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Además, se encuentran sobrepobladas en un 246 por ciento: con espacio para 1.000 personas, alojan a 3.500.
Todo esto, señaló la CPM, en un marco donde la principal política de seguridad es el encarcelamiento en el que “la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14 por ciento en el último año y acumula un 93 por ciento desde diciembre de 2015”. Y apuntaron que durante la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, “ya hubo 11 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías”.
Cabe recordar que tras el incendio de la comisaría de Pergamino, en el que murieron 7 de los 19 detenidos, la versión policial responsabilizó de lo ocurrido a los internos: a una pelea entre ellos que derivó en un motín, en una comisaría que también estaba en condiciones precarias y sobrepoblada. Esa causa tiene a cinco policías y un comisario, que estuvo prófugo un año, procesados por abandono de personas seguido de muerte. Los seis fueron exonerados de la policía por el estado provincial.
