Otros dos detenidos fallecieron por las heridas que sufrieron durante el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría, que en la noche del jueves había provocado la muerte de otras 4 personas. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que los agentes de la Bonaerense se burlaron de los 27 detenidos que protestaban, incendiando papeles y mantas, por el hacinamiento en que vivían, y que cerraron la llave de paso de agua para que los presos no pudieron extinguir el fuego. “Van a morir como las ratas que son”, les anticiparon los bonaerenses, según la denuncia del CPM. Otros ocho presos permanecen internados por quemaduras e intoxicación. La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aún no se pronunciaron sobre la masacre.
Los jóvenes que fallecieron esta mañana son Elías Soto, de 20 años, y Miguel Ángel Sánchez, de 31, quien estaba detenido hace más de diez días por tenencia simple de estupefacientes, un delito menor y excarcelable. Los dos, al igual que el resto de los detenidos, habían superado el límite legal de 48 horas para estar demorados en una comisaría. Todos llevaban más de diez días detenidos allí y más de la mitad superaba los 4 meses, en flagrante violación al fallo de la Corte Suprema de 2005.
Las primeras cuatro muertes ocurrieron en las celdas de la propia comisaría, ubicada en Camino de Cintura 6080, en el humilde barrio de Transradio, sobre la cual pesaba una orden de clausura, impartida por el juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora, y que había sido notificada el 3 de marzo pasado a los ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, a la Corte Provincial y a la propia gobernadora Vidal.
Ni la gobernadora ni sus funcionarios se pronunciaron acerca de la masacre, que recuerda a la ocurrida en marzo del año pasado en la localidad de Pergamino, donde 7 jóvenes murieron en las mismas condiciones. Mientras en las redes sociales los funcionarios reivindicaban las políticas oficiales de lucha contra el narcotráfico, la CPM denunció que Miguel Ángel Sánchez estaba detenido por tener un porro, "un delito menor y excarcelable”.
El CPM, que representa a las víctimas y a sus familiares, precisó que la protesta del jueves se inició cuando un grupo de los 27 detenidos incendió papeles y mantas para reclamar colchones, ya que debían turnarse para dormir en el piso, sobre frazadas. La propia policía reconoció que solo tenía espacio para alojar a 10 detenidos.
“Pasaron poco más de 24 horas desde la masacre y los hechos que siguen sucediendo apuntan a un único responsable: el Estado”, sentenció el organismo provincial, que insistió en desmentir las versiones oficiales: “No hubo motín ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial”.
La denuncia del CPM detalla que los agentes de la Bonaerense que custodiaban a los presos cerraron la llave de paso de agua de las celdas para impedir que los detenidos pudiesen apagar el fuego y que, pese a los gritos de ayuda, demoraron la asistencia entre burlas y amenazas.
La causa, caratulada provisoriamente como “averiguación causales de muerte”, recayó en el fiscal de turno de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Esteban Echeverría, que ordenó el traslado de lo sobrevivientes a otras dependencias.
“Estas muertes horrorosas producidas bajo la custodia del Estado no son hechos excepcionales ni producto de accidentes o catástrofes”, subrayó la CPM, que en varias oportunidades ha denunciado las condiciones de hacinamiento en comisaría y cárceles, y cómo la cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14 por ciento en el último año y acumula un 93 por ciento desde diciembre de 2015.
