Mariela Coletta, una de las siete auditoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impide que se audite el servicio de subte de la Ciudad, y explicó que la Auditoría “viene controlando cada vez menos”.

El trabajo de la Auditoría, explicó Coletta, es “analizar las distintas áreas de gobierno en espejo a los ministerios con el objetivo de elaborar observaciones y recomendaciones para aportar a la gestión”.  En cuanto al subte, señaló que “desde su creación en 1999, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires todos los años realizó algún informe sobre el subte. Al ser tan grande, lo que se hace es analizar una línea o un área distinta cada año para ir barriendo de a poco y tener un panorama general. La Auditoría siempre fue consecuente con esto, a excepción de 2018 y 2019, dos años consecutivos en los que no vamos a tener absolutamente ninguna información”, sostuvo. 

Entre las principales irregularidades que detectó la Auditoría en años anteriores se destacan las “malas condiciones de accesibilidad para personas con capacidad reducida, el mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas, la falta de controles de las unidades y  riesgos eléctricos”.

Otra de las propuestas de la Auditoría General de la Ciudad para este año fue controlar la tarifa técnica del subte, pero, una vez más, el oficialismo se opuso. Desde su traspaso a la Ciudad, el boleto del subte pasó de 1,10 pesos en enero de 2012 a los 13,50  que costará a partir del próximo martes 20. Además, está previsto un aumento progresivo de 1 peso por mes hasta llegar a los 16,50 pesos en febrero de 2019.

Además, Coletta, que pertenece al espacio Evolución, del ahora oficialista Martín Louteau, hizo hincapié en la cantidad de quejas y reclamos de los pasajeros por las condiciones en que se viaja, y subrayó la necesidad de incorporar la voz de los usuarios en los informes.  “Estoy convencida de que la Auditoria tiene que tener instancias de participación ciudadana en donde los usuarios de los servicios públicos tengan algún tipo de intervención. Es uno de los proyectos que presenté pero se viene postergando su tratamiento”, contó a PáginaI12. 

Por último, se refirió al empresario Aldo Roggio, ex presidente del grupo empresario al que pertenece Metrovías, involucrado en la causa de “los cuadernos de la corrupción” y uno de los empresarios argentinos procesado en la megacausa Odebrecht. “Desde la Auditoría no hay un dictamen al respecto pero, estoy convencida de que cuando estamos ante empresas involucradas en causas de este tipo es cuando más tenemos que tener las puertas abiertas para controlar. Me parece que es algo que lleva transparencia a la ciudadanía y que en casos así la respuesta del Estado tiene que ser dejarse controlar y demostrar que no hay nada que esconder”, ncluyó.