En relación a las opiniones vertidas en diversas entrevistas del recientemente nombrado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde manifestó los principales ejes de su programa económico, nos resulta importante sentar una posición al respecto. Como agrupamiento de economistas preocupados por los intereses de las mayorías populares de nuestro país no podemos evitar tomar postura ante ciertas declaraciones que reproducen el trillado sentido común al que intenta apelar históricamente el neoliberalismo, aunque son las mismas recetas que se aplicaron fatídicamente durante la década de los ‘90 en Argentina. En concreto, nuestra respuesta avanza en función a los siguientes puntos:
Rechazamos el apelativo del nuevo ministro de Economía a un supuesto carácter “distorsivo” de algunos impuestos. Esta retórica, que no resiste contrastación empírica, sólo busca justificar una mutación de nuestro sistema tributario que afecte de manera regresiva la distribución del ingreso. La clasificación de “distorsivos” del actual ministro refiere a un concepto de la teoría tributaria de raigambre liberal, que marca que todo impuesto que por su aplicación modifique las decisiones económicas de los agentes “distorsiona” la actividad productiva y la afecta negativamente.
Se concluye así que cualquier intervención por parte del Estado en la economía modifica el resultado del mercado y beneficia de manera “artificial” a ciertos agentes en detrimento de aquellos sobre los que recae el impuesto. El problema de esta teoría que denota que el mercado es el mejor mecanismo para asignar los recursos productivos, con un Estado que todo lo que toca lo distorsiona, anula la posibilidad de redistribuir recursos a partir de la aplicación de políticas con criterios de justicia social.
A su vez, es dable señalar que, en la disputa de los distintos modelos de país, cada arreglo tributario dispuesto no es neutral en materia distributiva, ni busca serlo. Por acción u omisión, las decisiones de priorizar determinado tipo de impuestos en lugar de otros, de aumentar la carga o disminuirla, de incluir a ciertos actores o sectores en la base de tributación y excluir a otros, siempre tiene implicancias sobre la distribución del ingreso.
Otro aspecto que especialmente objetamos es el diagnóstico neoliberal acerca de la inconveniencia de los altos “impuestos al trabajo”. Detrás de este argumento se esconden políticas de flexibilización y pérdida de derechos para los trabajadores.
La experiencia de la década de los noventa es la evidencia más cercana del fracaso rotundo de las políticas de reducción de impuestos laborales, a la hora de fomentar la creación de empleo. En este sentido, preocupa la primera experiencia practicada con los petroleros de Vaca Muerta, donde detrás de la falacia de la búsqueda de la “productividad” se esconde la pérdida de los derechos laborales conquistados en los últimos años a partir de un régimen de contratación totalmente flexible para los empleadores e inestable para los trabajadores.
Si bien los efectos de estas modificaciones contractuales, y el grado de alcance de las mismas todavía son inciertos, no existen dudas que la convalidación de esta medida en un sector donde el Estado Nacional tiene alta injerencia va a tener una repercusión directa sobre los esquemas de contratación de trabajadores en otros sectores de la economía.
Ahora bien, un abanico de problemáticas se abre cuando se piensa en una posible difusión de esta lógica contractual liberal. Por ejemplo, se destaca desde la imposibilidad de establecer criterios de productividad uniformes, hasta las repercusiones que pueda llegar a tener para el empleo estatal, donde la consecución del bien público es el parámetro para evaluar un buen desempeño, pero eso lejos está de poder adecuarse a un dispositivo contractual productivista.
Sobradas muestras existen de que los incentivos para fomentar el empleo no pasan por eliminar toda obligación fiscal y restricción al rango de acción del sector privado. En cambio, gravitan en torno al sostenimiento de un mercado interno pujante que garantice que nuestra economía crezca, donde año tras año más argentinos y argentinas se incorporen al consumo, a diferencia de lo que ocurrió en 2016.
Por último, manifestar nuestra oposición enfática a la intención del nuevo ministro de Economía de abrir indiscriminadamente las importaciones con el propósito de disciplinar precios internos. Lo que denota su matriz ideológica es el típico razonamiento monetarista que piensa la inflación como un fenómeno estrictamente monetario, provocada por la existencia de gobiernos “populistas” que dilapidan recursos, gastando por encima de sus posibilidades.
La prescripción para retomar la senda de la desinflación y el crecimiento económico, bajo ese paradigma, es el ajuste y el fomento a la competencia. Esta hipótesis tiene que ver con que, según Dujovne, “el Banco Central es independiente y nosotros tenemos que dar una política coherente con sus objetivos”. Las textuales trasparentan la verdadera línea doctrinaria del nuevo ministro, donde las acciones de la política económica están casi gobernadas por las metas en materia monetaria y, por ende, el nuevo Ministerio de Hacienda puede llegar a ser casi una escribanía del BCRA.
Desde nuestro colectivo, remarcamos que tratar de atribuir la existencia de inflación a la emisión monetaria no sólo es absurdo desde lo teórico, sino también erróneo desde lo empírico. En particular, para economías como la Argentina, prevalecen los problemas de desequilibrio de la estructura productiva (materializada en inflación cambiaria), además de la existencia de procesos de conflicto distributivo y de puja por la apropiación del excedente económico. Pero el Ministro Dujovne dio un paso más y reveló su visión sobre los aspectos procedimentales a la hora de atacar el problema de la inflación por la vía de incrementar la competencia. Según sus propios términos “si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria”.
Claro está que el apelativo a la competencia es un eufemismo que el Ministro utiliza para no confesar que el ingreso de más productos importados está pensado por la actual gestión como una estrategia de disciplinamiento a industriales y comerciantes locales. Lo que esta lógica de “fomento de la competencia” no pondera son los costos indirectos implicados, a saber: la destrucción de nuestro entramado productivo por el ingreso indiscriminado de productos desde el exterior y la destrucción de puestos de trabajo por comprarle al resto del mundo lo que podríamos producir localmente. Nuevamente, detrás de esta lógica se encuentra una negación de las verdaderas causales de la inflación en la argentina: el conflicto distributivo por ver quiénes ganan y quiénes pierden con este nuevo modelo económico
* Colectivo de economistas de Economía Política para la Argentina (www.eppa.com.ar).
