Entre los aportes de Keynes a la teoría económica se encuentra una reflexión que se llama “la paradoja del ahorro”, que enunció de la manera siguiente: si en una situación de recesión las empresas, las familias y el Estado tratan de aumentar la frugalidad, por precaución porque temen que su situación económica se degrade en el futuro, entonces la demanda global disminuirá, lo que acentuará la contracción del Producto. Frente a la caída de la demanda, la oferta se adaptará a la nueva situación y disminuirá a su vez, de tal suerte que el ahorro global será idéntico al nivel anterior, pero con una producción y un consumo inferior.
En 2009, cuando arreciaba la Gran Recesión, dos economistas del FMI, Evan C. Tanner y Yasser Abdih, trataron, de una manera un tanto burda, de refutar a Keynes afirmando que frente al incremento de fondos disponibles –el ahorro de las familias– las empresas lo invertirían, lo cual quería decir que no había ninguna paradoja. Se olvidaban que las empresas no invierten porque hay fondos disponibles, que siempre existen (para eso están los bancos), sino que lo hacen cuando se despejan sus incertidumbres y anticipan un incremento de la demanda que les permitirá vender lo que se aprestan a producir.
En esta paradoja, la acción del Estado es la única que no está sometida a la incertidumbre, puesto que el gobierno decide del nivel del gasto en función de su programa político. Keynes se refería a la frugalidad del gasto público activo, es decir a la tentación de aplicar una política de austeridad como la de Macri.
En efecto, habitualmente una parte del gasto del Estado se compone de los salarios de los maestros, de los policías, de los bomberos, de las enfermeras, en las jubilaciones, en las ayudas sociales, el gasto en salud que incluye el pago de médicos y enfermeras, la inversión pública. Este forma parte del ingreso de los argentinos, utilizado para cubrir sus necesidades comprando bienes y servicios provistos por las empresas, sean estas públicas o privadas, y forma parte del circuito económico.
La otra parte del gasto del Estado son los reembolsos de la deuda pública en manos de inversores extranjeros y el servicio de la deuda; vale decir los intereses pagados a los bancos extranjeros de tal suerte que una parte de los impuestos que pagan los ciudadanos son remitidos al exterior y no reintegra el circuito económico interno. De hecho, esta parte constituye una disminución neta de la demanda global, a la que se refería Keynes.
El llamado “déficit primario”, es la diferencia entre los impuestos recaudados o la deuda pública y los gastos realizados en el país, y tiene un impacto positivo en la economía ya que incrementa la demanda agregada. Esto explica entonces que la idea del “déficit primario cero” traerá una disminución de la demanda agregada y es, por lo tanto, una idea desacertada, ya que agiganta la recesión.
Por otro lado, la disminución del gasto público tiene también un impacto negativo vía el multiplicador. Hasta hace unos años, cuando estalló la crisis griega, se suponía que el impacto de la austeridad en el gasto público provocaba solamente una caída de la demanda y que el efecto multiplicador, negativo, era poco significativo. Pero los nuevos cálculos que realizó el FMI luego del fiasco en Grecia y la magnitud de la crisis, mostraron que no era así. El impacto de la disminución del gasto público activo depende del valor del multiplicador. Si el multiplicador es 0,5, como se creía o lo indicaba la propaganda de los medios, esto significa que una disminución de 10 pesos del gasto público producirá una disminución de 50 centavos del PIB. Pero los cálculos indican que en las economías como la Argentina el multiplicador es mayor a 1 y más bien igual a 2 (en los dos primeros años), y esto es así porque la tasa de ahorro es baja (17 por ciento en 2017, según el Indec). Esto significa que para una disminución del gasto público de 10 pesos, la caída del PIB es de 20 pesos. Se deduce entonces que si Macri decide llevar el déficit primario a cero, la disminución del gasto público será de 1,5 o 1,8 por ciento del PIB que, según los datos del Ministerio de Hacienda, será el déficit de 2018. Esto llevaría a una recesión del orden del 3 por ciento del PIB, lo cual es enorme.
En periodos de recesión la disminución del gasto público no constituye una buena política económica.
* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París. Autor de El peronismo de Perón a Kirchner, Ed. de L’Harmattan, París 2014. Editado en castellano por Ed. de la Universidad de Lanús, 2015.
