El grupo de estudios Proyecto Económico, que encabeza la diputada nacional Fernanda Vallejos, cuestionó el proyecto oficial de ley de semillas advirtiendo que “le garantiza 3000 millones de dólares al año a Monsanto y transfiere 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores”. Cita, además, un trabajo de Federación Agraria Argentina que plantea que “la propuesta del oficialismo encarece los costos de los productores locales en 600 millones de dólares por año, durante al menos cinco años”.
El oficialismo dio la semana pasada el primer paso para avanzar en la aprobación de una nueva ley de semillas y creaciones fitogenéticas, que aumentará el control y el cobro de regalías por la utilización de semillas patentadas, y buscará tratar la iniciativa, exigida en todo el mundo por la multinacionales semilleras, este miércoles en el recinto. La Multisectorial Contra la Ley Bayer-Monsanto, integrada por un centenar de organizaciones campesinas, sociales y académicas, advirtió que la norma avanza contra el “derecho de uso propio” de los agricultores y criminaliza el intercambio de semillas nativas. Además, denunció que fue “negociada fuera de la Cámara de Diputados por los semilleros y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural”.La iniciativa propone derogar la ley 20.247 para avanzar en la “unificación de todos los derechos y patentes” de obtentores y multiplicadores de semillas e intensificar el rol de policía de del Instituto Nacional de Semillas (Inase).
El informe crítico de Proyecto Económico señala que “uno de los grandes damnificados será el Estado y los contribuyentes argentinos, pues el proyecto de Cambiemos permite deducir del impuesto a las ganancias el equivalente a 1,5 veces “los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Sostiene el informe que ello significa que, “en la práctica, el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 mil millones de pesos anuales, en un escenario de mínima”. Dinero con el cual se podrían pagar, calcula, más de un millón y medio de jubilaciones mínimas. “Además, resulta harto factible que el sobrecosto por las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo cual, en definitiva, la medida terminará afectando a los consumidores”, agrega el informe.
El proyecto les quita potestades a los productores locales para comprar, cosechar y volver a sembrar determinadas variedades vegetales. La propuesta de Cambiemos determina que “solamente queden eximidos de abonar el uso propio (sembrar sus propias semillas, obtenidas de su propia cosecha anterior, sin obligación de pago de derechos de propiedad intelectual), aquellos productores encuadrados como “microempresas”: que tengan una facturación bruta inferior a 3,8 millones de pesos anuales (poco más de 300 mil mensuales). “Por lo tanto, con el nuevo proyecto pagarían patentes casi todos los productores del país.”
“El alcance de la propuesta gubernamental excede con creces al negocio de la soja”, dice el documento del equipo de trabajo que lidera Fernanda Vallejos, “afectando a todas las variedades vegetales que se siembren en el territorio argentino. Desde la yerba mate, el tomate, a las uvas frescas. La iniciativa impactará negativamente en todos los cultivos del país”.
Más adelante agrega que “la propuesta que el Gobierno consensuó con otros actores privados desconoce el impacto que esta medida tendrá en el costo final que pagan los consumidores por los alimentos. Los grandes damnificados serán aquellos que integran el último eslabón de la cadena, los consumidores, quienes deberán pagar un precio más alto porque el sobrecosto originado por este cambio en la ley de Semillas que tendrá un efecto cascada, con un impacto importante en los bolsillos de los consumidores de productos vegetales”. Y subraya que “llama la atención que a pesar de que, justamente, los efectos negativos de la medida repercutirán esencialmente sobre los contribuyentes/consumidores, el tratamiento de esta iniciativa se haya mantenido encorsetado entre cuatro paredes en lugar de abrir la discusión y el debate a la población en general”.
La Multisectorial, por su parte, indicó que “desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales” de la iniciativa, que obtuvo dictamen de mayoría, y denunciaron a las multinacionales Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.
